El 70% de los concejales de Vox en la provincia de Badajoz dejan el partido por sus prácticas antidemocráticas
Los siete ediles aseguran haber sido objeto de investigaciones de detectives privados para desacreditarlos
Siete de los 10 concejales que obtuvo Vox en la provincia de Badajoz en las elecciones municipales de 2019 han anunciado su baja en el partido, denunciando prácticas antidemocráticas, como haber sido objeto de investigaciones de detectives privados para desacreditarlos. También denuncian prácticas “totalitarias” en el partido.
Entre los que abandonan el partido se encuentra el único concejal de Vox que forma parte de un equipo de gobierno de una capital de provincia en toda España: se trata de Alejandro Vélez, concejal delegado de Limpieza, Poblados y Parque Móvil del Ayuntamiento de Badajoz, que preside el popular Francisco Javier Fragoso Martínez.
Se da la circunstancia de que Alejandro Vélez fue expulsado del partido, pero un juzgado declaró nula su expulsión en febrero pasado, por lo que tuvo que readmitirlo. Desde entonces, según denuncia, se le ha hecho el vacío por parte de la dirección del partido ultra, que ni le facilita información ni le defiende de los ataques de que los ha sido víctima, por lo que al final ha decidido marcharse voluntariamente.
También se dan de baja los cinco concejales de Vox en Guadiana del Caudillo. En este municipio de 2.500 habitantes obtuvo Vox uno de sus mejores resultados de toda España en las elecciones municipales, el 41,1% de los votos, y solo un edil menos que el PSOE, que es el que gobierna.
La lista de bajas la completan la única concejal de Vox en la localidad de Lobón (2.700 habitantes) y su cabeza de lista por Badajoz en las pasadas elecciones autonómicas, Juan A. Morales. Los siete cargos públicos mantendrán sus puestos, pero pasarán a ser concejales no adscritos.
En el comunicado en el que anuncian su baja, los ya exmiembros de Vox lo califican de “partido antidemocrático, que somete a los afiliados a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por ley”.
Entre otras ilegalidades, denuncian haber sido “objeto de técnicas indecentes, como el intento de investigaciones personales, mediante la contratación de detectives privados con el objeto de hacer público algún aspecto de la vida privada del investigado y así anularlo políticamente”.
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