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Una juez obliga a Vox a readmitir a su único concejal en Badajoz

El partido le expulsó por negarse a despedir a un asesor municipal para colocar en su puesto a un candidato por Huesca

Miguel González
El concejal de Vox Alejandro Vélez, a la derecha, en una iniciativa contra el copago farmacéutico.
El concejal de Vox Alejandro Vélez, a la derecha, en una iniciativa contra el copago farmacéutico.Twitter

La Justicia ha condenado a Vox a readmitir a su único concejal en Badajoz, Alejandro Vélez, expulsado del partido por desobediencia. Vélez se había negado a despedir a su asesor en el Ayuntamiento para contratar en su lugar a otra persona designada por la dirección nacional del partido. Badajoz (150.000 habitantes) es la única capital de provincia de toda España en cuyo gobierno participa Vox, ya que Vélez es delegado de Limpieza en el equipo del alcalde Francisco Javier Fragoso, del PP.

La titular del juzgado de instancia número uno de Badajoz declara nula la expulsión del concejal y condena a Vox a pagar las costas porque el expediente disciplinario se prolongó más de los seis previstos como máximo en los estatutos del partido. Aunque la responsable jurídica de Vox, Marta Castro, alegó que el plazo es flexible, la juez considera que es “una garantía de los afiliados” y que “el cumplimiento de los requisitos formales debe ser muy riguroso, porque afecta a derechos fundamentales”; en este caso, el derecho de asociación.

El trasfondo es la orden que el 17 de enero de 2020 se dio desde la dirección nacional de Vox al concejal para que cesara a su asesor, contratado como personal de confianza con cargo al presupuesto municipal con un sueldo anual de 30.800 euros. El objetivo, según Vélez, era contratar en su lugar a otra persona sin relación con el Ayuntamiento: Daniel Ari, candidato de Vox al Congreso por Huesca en las últimas generales. El edil se negó y, cuatro días después, la dirección de Vox le instó a devolver el acta de concejal.

El partido ultra le acusaba de incumplir una circular del Área de Coordinación Intermunicipal de Vox de 25 de junio de 2019, un mes después de las elecciones municipales, que dice textualmente: “El nombramiento y contratación de cualquier personal o asesores a los que pudiéramos tener derecho como consecuencia de nuestros cargos electos serán decididos exclusivamente por el Departamento de RRHH [Recursos Humanos] del partido”. Se da la circunstancia de que los asesores son nombrados por el alcalde, a propuesta de los grupos, con el objetivo de que les presten apoyo en sus tareas en el Ayuntamiento.

El concejal denunció múltiples irregularidades en el expediente, como el hecho de que no se le comunicara la identidad del instructor, para poder recusarlo; o que las resoluciones del comité de garantías no estuvieran firmadas. Además, antes de resolverse el expediente, el vicesecretario provincial de Vox, Gabriel Viñegla, declaró públicamente que el concejal podía recurrir a los tribunales porque en la vía interna del partido lo tenía “todo agotado”.

La juez, que ya suspendió cautelarmente la expulsión del concejal, subraya que los estatutos de los partidos no solo vinculan a los afiliados, sino también a sus direcciones, “por lo que los actos contrarios a los mismos son nulos de pleno derecho”. La sentencia, fechada el día 9, puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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