La transformación del Valle de los Caídos y otros retos pendientes en memoria histórica

El traslado de los restos de Franco al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, en octubre de 2019, fue el primer paso para la resignificación del Valle de los Caídos, concebido por el dictador para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil. El día de la exhumación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de “infamia” que debía ser “reparada más pronto que tarde” el hecho de que el mausoleo albergara a muchas víctimas que habían sido enterradas allí sin el consentimiento de sus seres queridos. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto y 665.000 euros para devolver los restos a esas familias que los reclaman hace años. Para Manuel Lapeña, que ha cumplido los 97 esperando que se cumpla la sentencia que autorizó en 2016 a recuperar los huesos de su padre y su tío ya es tarde. Ha perdido la memoria. El proceso, según el forense Francisco Etxeberria, puede prolongarse durante meses y en él trabajarán equipos de entre 10 y 15 personas (antropólogos, forenses y personal de funeraria con formación en tanatología). Etxeberria explica que aprovecharán la intervención para adecentar el interior de las criptas, algunas de ellas muy dañadas por filtraciones de agua, y para garatizar su acceso —ahora están tapiadas—. Estas son algunas de las tareas pendientes en materia de memoria histórica.

El Valle de los Caídos

La tumba de José Antonio. El Gobierno también se comprometió a trasladar los restos de José Antonio Primo de Rivera, que ahora permanece enterrado en un lugar preminente de la basílica, frente a la antigua tumba de Franco. El multidisciplinar (derecho, historia, filosofía, antropología...) comité de expertos nombrado en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya argumentó que el fundador de Falange, encarcelado en la prisión republicana de Alicante y fusilado en noviembre de 1936, sí es una víctima, pero su ubicación preferente “quiebra el igual tratamiento debido a los restos de las personas allí enterradas”. Esto no convence a todos los colectivos memorialistas, que responsabilizan a los falangistas de buena parte de las matanzas del franquismo. El Ejecutivo ofrecerá a la familia la opción de llevarse los restos si así lo desea. En caso contrario, se reinhumarán en una de las criptas laterales.

El papel de los benedictinos. El complejo ha sido administrado por la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada por un decreto de 1957 para “rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional”. Un convenio de 1958 encomendó esa tarea a la comunidad benedictina, que recibe una subvención de unos 340.000 euros al año. Fuentes del Gobierno señalan que los benedictinos se han “ganado a pulso” su expulsión del Valle —el prior, que se opuso en todo momento al traslado de Franco, estuvo a punto de ser detenido—, y que su actitud hasta la fecha no es compatible con el nuevo significado que se quiere dar al monumento. Su expulsión depende de la aprobación de la nueva ley de memoria democrática, según las mismas fuentes.

El centro de interpretación “El Valle de los Caídos es único en el mundo, no basta con poner una placa con todos los nombres de las víctimas”, explicaba el antropólogo del CSIC Fracisco Ferrándiz, uno de los encargados de la resignificación del complejo, que exige un “proyecto integral”. En la construcción del monumento a las víctimas del holocausto de Berlín, por ejemplo, se invirtieron 15 años de debate social y político.

Una de las tareas fundamentales para cambiar su significado es explicar cómo se levantó y para qué. Este abril está previsto que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas inicie la excavación arqueológica en el poblado que albergó a los presos y obreros que participaron en su construcción. Durante todos estos años, ningún cartel ha explicado al visitante que más de 20.000 personas, entre ellas, presos políticos, trabajaron durante 19 años en la edificación.

Las nuevas tecnologías serán clave también en la resignificación del monumento para acercar la historia del Valle de los Caídos —que cambiará de nombre— especialmente a las nuevas generaciones, con una web explicativa y visitas virtuales.

Las fosas comunes

El pasado lunes se reunió por primera vez la llamada conferencia sectorial de memoria democrática, en la que están representados el Gobierno y las comunidades autónomas, para aprobar los criterios de reparto de los créditos para exhumaciones y consensuar decisiones en la materia.

Los presupuestos generales de 2021 prevén una partida de tres millones de euros para la búsqueda, identificación y dignificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Cada comunidad autónoma dispondrá de un fijo de 20.000 euros si tiene al menos una fosa que exhumar y 1,6 millones se repartirán en función del número de enterramientos clandestinos pendientes de intervenir. Las comunidades que más dinero recibirán para estas tareas son Andalucía (507.813 euros), Cataluña (335.938), Comunidad Valenciana (283.417) y Castilla y León (243.902).

Estos tres millones de euros forman parte del plan cuatrienal de apertura de fosas que prevé la exhumación en 557 enterramientos clandestinos repartidos por el territorio nacional. El año pasado, el Gobierno activó lo que llama el “plan de choque” para paliar la falta de recursos económicos – desde 2013 no había subvenciones estatales para estas tareas- , y que ha permitido poner en marcha 114 proyectos de apertura de fosas con un número estimado de 3.000 víctimas.

El Ejecutivo también cambia el sistema de ayudas. Durante los primeros gobiernos de Zapatero se otorgaban directamente a las asociaciones que representaban a los familiares de los desaparecidos, lo que la ONU criticó como una “privatización” de las exhumaciones que delegaba las tareas de búsqueda en las propias víctimas. Ahora el dinero se entrega a las administraciones para que contraten directamente a los equipos técnicos necesarios.

Ley de Memoria Democrática

El anteproyecto de ley de memoria democrática, que sustituirá a la ley de memoria histórica aprobada en 2007, está pendiente de los informes del Poder Judicial y el Consejo Fiscal para iniciar su trámite parlamentario. El texto introduce cambios de calado respecto a la norma anterior para incorporar algunas de las medidas reclamadas desde entonces por asociaciones de víctimas así como por relatores de Naciones Unidas.

Pedagogía. El anteproyecto prevé “actualizar los contenidos curriculares” para que la represión franquista se enseñe en ESO y bachillerato. En su informe sobre España de 2014, el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff lamentaba que “algunos libros de texto” continuaban refiriéndose a la Guerra Civil “en términos genéricos, perpetuando la idea de una responsabilidad simétrica”. Las competencias en Educación están transferidas a las autonomías y fuentes del Gobierno admiten que las gobernadas por el PP con el apoyo de Vox pueden poner dificultades.

Sanciones. La nueva norma incorporará sanciones por incumplimiento, de los 200 a los 150.000 euros, según el tipo de infracción (muy grave, grave o leve). Entre las muy graves figura, por ejemplo, trasladar restos de víctimas de la Guerra Civil sin la autorización necesaria, destruir fosas comunes, lugares de memoria y homenaje y los “actos de exaltación” del franquismo que conlleven un grave menosprecio a las víctimas. Además, la vicepresidenta Carmen Calvo informó de que se modificará la ley de asociaciones para actuar contra aquellas que realicen apología del franquismo o inciten al odio contra las víctimas.

Banco de ADN y fiscalía especial. En cuanto a las exhumaciones, además de los cambios ya mencionados, la nueva ley establece la creación de un banco de ADN para la identificación de restos, y una fiscalía de sala en el Tribunal Supremo para atender la búsqueda de desaparecidos y “hacer posible el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos”, en palabras de Fernando Martínez, secretario de Estado de memoria democrática. La ley de amnistía, esgrimida con anterioridad para vetar ese tipo de investigaciones, no es obstáculo, según el Gobierno.

Anulación de juicios. Entre las novedades del proyecto figura la anulación de los juicios franquistas. La ley de 2007 declaró ilegítimos aquellos tribunales pero no anuló las sentencias que habían impuesto. En aquel momento, fuentes del Gobierno lo justificaron en el temor a que los afectados reclamaran indemnizaciones. Fuentes del Ejecutivo actual aclaran que el procedimiento a partir de ahora será incorporar a las declaraciones de reparación personal a los represaliados —que antes otorgaba el Ministerio de Justicia y ahora la vicepresidencia— que la sentencia contra el titular de esa declaración es nula. Los tribunales franquistas, añaden, realizaron juicios sin garantías desde el inicio de la dictadura hasta el final, como el Tribunal de Orden Público. El Ejecutivo aclara que la nulidad de esas sentencias no da derecho a indemnización.

Auditoría del expolio. La nueva ley de memoria democrática prevé, asimismo, realizar una auditoría del expolio y de las empresas que se beneficiaron durante la dictadura de trabajos forzados