El bipartidismo rechaza una ley para regular ahora la Corona

PSOE y PP, que han gobernado estos 43 años de democracia y disponen de más de 200 escaños de los 350 del Parlamento, no están a favor de una ley de la Corona que regule la Casa del Rey y menos en medio de esta nueva crisis de la institución. La Moncloa, que concentra las relaciones con La Zarzuela, se contentaría como el PP con algunos ajustes en su modernización aunque los socialistas sí están abiertos a acotar más, como Ciudadanos, la inviolabilidad del monarca. Podemos ultima un proyecto que limitaría las cuentas y discursos del Rey.

“El Rey quiere una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI. Renovación, rendición de cuentas, ahí está trabajando Felipe VI. Vamos paso a paso. Ya irán conociendo cómo se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad”. Esa respuesta del presidente, Pedro Sánchez, en la última rueda de prensa de 2020 las pasadas Navidades, abrió paso a muchas especulaciones sobre la inminencia de algunas reformas en la Jefatura del Estado que rápidamente, sin embargo, La Moncloa aguó para frenar las expectativas sobre la confección incluso de una ley sobre la Corona. Una demanda desde hace tiempo de formaciones como Podemos o Más País.

PSOE, PP, Vox y, en gran medida, Ciudadanos no están por impulsar ahora una ley de la Corona porque consideran, sobre todo, que daría paso a un inoportuno debate sobre la viabilidad de la propia institución monárquica, en otro momento muy delicado para la Casa del Rey. El 25 de febrero EL PAÍS adelantó que el rey emérito ha emprendido un segundo proceso de regularización fiscal, con el que ya afloraría a las arcas públicas más de cinco millones de euros no declarados, y la semana pasada se conoció que las infantas Cristina y Elena se habían vacunado contra la covid durante una visita a su padre, residente desde el verano en los Emiratos Árabes, sin esperar su turno según los protocolos españoles.

Todo lo relacionado con la Monarquía es ahora tan complejo para algunos partidos que prefieren evitar el asunto y no tomar posición. O, como en el caso del PSOE, pasarse la responsabilidad hasta situarla solo en la posición que fije el presidente. Sánchez habló en diciembre de ir “paso a paso” con la Casa del Rey en profundizar en medidas de transparencia y en ese sector del Gobierno y el PSOE nadie se sale de ese guion.

La Moncloa y La Zarzuela

En La Zarzuela prefieren que ni se les pregunte. Y utilizan la misma metáfora: “La Casa va al paso de lo que decidan los partidos que legislan, aquí no se legisla, ni se ralentiza ni se bloquea nada”. Eso sí, se apunta que sus tiempos no son ni los políticos ni los mediáticos: “Cuando se trata de cambios en la primera institución del Estado hay que abordarlos con sosiego, calma y un análisis jurídico profundo y en el ámbito que le corresponde”.

Ese es otro debate. La redacción de una ley de la Corona, que ni PSOE, PP, Cs o Vox quieren, no se abordaría en una discusión abierta entre grupos parlamentarios siquiera como otra ley orgánica más. Todas las fuentes consultadas conceden que ese es un asunto más delicado, para pactar con discreción. Fuentes de esos partidos admiten que esas negociaciones no han comenzado.

El PSOE, en esta materia, no tiene ni tendrá de su lado a su socio de coalición. En Unidas Podemos siguen definiéndose como republicanos, a favor de un referéndum sobre la continuidad de la Monarquía, y ya adelantaron en verano, tras la marcha del rey emérito sin su conocimiento, que querrían afrontar una ley de la Corona. Ante la negativa de los demás partidos, Unidas Podemos se dispone a registrar su proyecto en este periodo de sesiones. El texto, según avanzó estas Navidades el presidente de su grupo parlamentario, Jaume Asens, y ratifican fuentes de la formación, está casi ultimado.

En el proyecto de ley de la Corona de Unidas Podemos, según ha conocido EL PAÍS en fuentes de su dirección, se contempla establecer qué puede hacer el Rey y qué no. Uno de sus objetivos es “acabar con la opacidad de la Monarquía”. Las mismas fuentes recalcan que no es admisible que los españoles se enteren de las cuentas corrientes que tiene el rey emérito por una investigación criminal. Ese proyecto de Unidas Podemos fijaría así la prohibición para el Rey, mientras cobre un sueldo público por su papel institucional, de hacer negocios como intermediario o ser comisionista aprovechando su condición de jefe del Estado. Podemos exigiría la regulación sobre las cuentas reales y prohibir que el Monarca pueda tener depósitos bancarios en el extranjero porque entienden que “el jefe del Estado debería dar ejemplo y tributar en su país”.

La formación que lidera Pablo Iglesias sostiene que la nueva ley de la Corona debería también regular el propio discurso del Rey, “para no repetir posicionamientos políticos como el del discurso del 3 de octubre de 2017”, cuando Felipe VI se dirigió a los españoles ante la situación de emergencia derivada de la celebración del referéndum ilegal en Cataluña. Unidas Podemos defiende que ese discurso “cruzó la línea” de lo que se entiende por hacer política, “alineándose con las posiciones más conversadoras y perdiendo su papel simbólico y de neutralidad”.

Esta posición nada ambigua de Unidas Podemos con respecto a sus pretensiones para acabar con la Monarquía es lo que escama más en este debate a PP y Ciudadanos. El diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro, experto en temas constitucionales, anticipa el rechazo del PP en línea con lo marcado por su líder, Pablo Casado: “No vemos la necesidad de una ley de la Corona y solo aceptaríamos retocar alguno de los 10 artículos del título II de la Constitución sobre la institución monárquica para fortalecerla, pero nos tememos que intentar ahora el desarrollo de algún precepto, como el de la inviolabilidad del Rey, solo generaría tensión”.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, el abogado del Estado Edmundo Bal, confirma que desconocen las intenciones del Gobierno. Y señala que para “salvaguardar y apuntalar el buen nombre de la Corona frente a los que la atacan interesadamente con insidias para socavar la Constitución de 1978” el Ejecutivo debería estudiar esas iniciativas con los que creen que el jefe del Estado jugó un “papel determinante”, precisamente, frente al desafío independentista en Cataluña. Cs, eso sí, se muestra “favorable a definir y aclarar la inviolabilidad del Rey, para que esta quedara restringida al ámbito de los actos cometidos en el ejercicio del cargo”, así como a incrementar la transparencia y aclarar y definir bien quiénes forman parte de la Casa Real “a efectos legales y protocolarios”.

Esa demanda de acotar la inviolabilidad del Rey y la Reina fue el sentido de dos proposiciones de ley registradas en septiembre por Más País y hace apenas dos semanas por ERC. Esa última iniciativa volvió a ser rechazada por 278 votos, los de PSOE, PP, Vox, Cs y UPN (el 80% de la Cámara). Solo votaron a favor los 74 diputados de Podemos, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y BNG. El PSOE volvió a argumentar que para una propuesta así hace falta un gran consenso.

PP y Vox lo ven innecesario. El popular Bermúdez de Castro defiende que “la prerrogativa real sobre hasta dónde abarca su inviolabilidad es absoluta y no puede modularse” e interpreta que así lo diseñaron los constituyentes al limitar tanto el poder del monarca “para preservar su neutralidad”.

La última auditoría de la Casa del Rey data de 2019

Algunos partidos han apuntado que uno de los avances que podría aplicarse a la Casa del Rey debería ser sobre su transparencia y la fiscalización más detallada de sus cuentas y presupuestos. El artículo 65 de la Constitución específica ahora: “El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa”. Desde el PP y La Zarzuela recuerdan, en cualquier caso, que Felipe VI, al llegar en 2014, firmó tres convenios con distintos servicios del Estado, entre otros la Intervención General, para someterse voluntariamente a inspecciones y auditorías, internas y externas, sobre sus presupuestos, que se publican luego en su web. La última data de 2019.