Iglesias: “40 años después, la Monarquía ya no es condición de posibilidad de la democracia”
Unidas Podemos y los nacionalistas piden desclasificar los documentos del 23-F para que “los españoles conozcan toda la verdad”
Pablo Iglesias ha asistido este martes en el Congreso al acto con el Rey para conmemorar el 40º aniversario del fracaso del 23-F con “respeto institucional” —”somos enormemente institucionales”, ha asegurado— y luciendo una insignia de la Unión Militar Democrática (UMD), el grupo de oficiales del Ejército purgado por su oposición al franquismo. Pero al vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos le habría gustado más que, en lugar de celebrar “actos suntuosos”, se hiciese pública toda la documentación sobre el fallido golpe de Estado para “no ocultar a los españoles lo que realmente pasó”. En declaraciones en el Congreso, antes de la conmemoración oficial, Iglesias reconoció implícitamente el papel del rey Juan Carlos como dique frente a la intentona golpista, pero reivindicó de nuevo sus ideas republicanas y argumentó que “40 años después, la Monarquía ya no es condición de posibilidad de la democracia”.
El fracaso de la conspiración de Alfonso Armada, Jaime Milans del Bosch y Antonio Tejero reveló, según Iglesias, que una parte del Ejército “no respetaba la democracia, pero sí respetaba al Rey y, por lo tanto, si los españoles querían democracia, tenían que aceptar al Rey”. Esa “condición de posibilidad” de la democracia ha desaparecido hoy, añadió el vicepresidente, quien reivindicó, “desde la calma y la mesura”, promover el debate sobre la forma de Estado. “Nosotros somos republicanos y creemos que se abre, de manera cada vez más inequívoca, un horizonte republicano”, señaló Iglesias, antes de insistir en que es “por respeto institucional” que su formación participa en actos como el de este martes, presididos por el Monarca actual. El líder de Unidas Podemos, sin embargo, no aplaudió los discursos de Felipe VI y de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante el acto oficial.
En una breve comparecencia ante los medios a la entrada del Congreso, Iglesias coincidió con algunas de las demandas de los grupos nacionalistas e independentistas que decidieron mantenerse al margen de la conmemoración. Al igual que estas formaciones, defendió que se desclasifiquen todos los documentos oficiales sobre el 23-F, porque los españoles “esperan conocer la verdad” y no se les puede “tratar como a menores de edad”.
Seis de las formaciones que boicotearon el acto organizado por el Congreso en recuerdo de la intentona golpista suscribieron un manifiesto en el que, además de pedir la divulgación de esos documentos, presentan los sucesos del 23 de febrero de 1981 como “una operación de Estado que reforzó y blindó los pilares y valores del régimen establecido en la mal llamada transición española”. Para los firmantes, ERC, EH Bildu, Junts per Catalunya, PDeCAT, BNG y CUP, “el Estado español sigue sustentado en los mismos estamentos políticos, judiciales, policiales y monárquicos que hace 40 años”. El manifiesto reclama una “democratización real” que exigiría, según sus firmantes, la “ruptura con el régimen del 78″. En una comparecencia en la sala de prensa del Congreso, los portavoces se expresaron en cada uno de los idiomas propios de sus comunidades autónomas y, ante la solicitud de los periodistas, rehusaron traducir sus palabras al castellano. El más contundente fue el único diputado del BNG, Néstor Rego, quien sostuvo que hay “evidencias de que la implicación del rey en el golpe de Estado, del que se apeó cuando vio que fracasaba”.
Esas alusiones a que la situación real en España apenas ha cambiado en los últimos 40 años fue uno de los motivos esgrimidos por el PNV para no sumarse al manifiesto. Los nacionalistas vascos tampoco asistieron al acto, aunque no por la presencia del Rey, explicó su portavoz Aitor Esteban. “Nos desconcierta que se conmemore un golpe de Estado y además los grupos no hemos sido consultados”, alegó Esteban. El portavoz del PNV aprovechó para insistir también en que se deben conocer todos los documentos sobre el 23-F y se quejó de que la Mesa del Congreso esté retrasando la tramitación de una reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 presentada por su partido. Según Esteban, sobre los sucesos de hace 40 años persiste aún una “bruma informativa”. Íñigo Errejón, de Más País, también criticó que la propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales “duerma el sueño de los justos” y señaló que es necesario desclasificar los documentos para que el 23-F deje de relatarse como si fuera “un cuento palaciego”.
La actitud de los grupos nacionalistas e independentistas que sostienen la mayoría gubernamental fue esgrimida por la oposición para atacar al Gobierno y pedir de nuevo a los socialistas que rompan con Unidas Podemos. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, acusó a los socios del Ejecutivo de “reescribir la historia para enredar” y tachó a la formación de Iglesias de “caballo de Troya” de los que pretenden debilitar “nuestra democracia plena”. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, opinó que “lo que sí es una anomalía democrática” es que partidos que “no celebran el triunfo de la democracia” sean “socios permanentes” del Gobierno. Los populares aprovecharon la celebración y la controversia por los disturbios de los últimos días tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél para presentar una propuesta de declaración institucional de apoyo a las fuerzas de seguridad y condena de la violencia callejera. La declaración tiene pocas posibilidades de prosperar porque requeriría el apoyo unánime de los grupos.
A Vox tampoco le satisfizo la convocatoria de un acto para recordar “hechos de hace 40 años”. Según su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, la conmemoración del aniversario del 23-F ha sido un intento de “desviar la atención” del momento actual, “el más grave para nuestra democracia en los últimos años”, aunque el partido de Santiago Abascal decidió asistir “para acompañar al Rey”. Espinosa de los Monteros desdeñó la petición de que se desclasifiquen los documentos, ya que, según él, se trata de un intento de “comunistas, enemigos de España y bilduetarras” de seguir promoviendo lo que calificó de “golpe de Estado a cámara lenta”.
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