España reclama a Bruselas fondos para migración tras la crisis de Canarias

Las impactantes imágenes de migrantes hacinados en el muelle de Arguineguín y el aumento de las llegadas por mar encienden las alarmas en el Gobierno. España reclama a la UE que destine más fondos para el Magreb, el Sahel y África Occidental tras la reciente crisis en las islas. La llegada de más de 20.000 migrantes a Canarias en 2020 pone de manifiesto “la presión constante bajo la que se encuentran las fronteras españolas de la UE”, según una carta de Exteriores a la Comisión Europea.

La secuencia de las crisis migratorias suele repetirse: tras un repentino incremento en las llegadas aparece en los medios una imagen impactante que acaba despertando los mejores y los peores instintos, desde redes de solidaridad espontáneas a manifestaciones con duros mensajes anti inmigración. Canarias ha tenido varios episodios así en los últimos meses, tras las fotos de Arguineguín y los múltiples problemas de gestión posteriores. Ante esa situación, el Ejecutivo activa una ofensiva diplomática en Bruselas en la que destaca el mensaje directo de esa misiva —que envía la ministra Arancha González Laya al Alto Representante de la UE, Josep Borrell, el vicepresidente Margaritis Schinas y tres comisarios más—, pero también en una propuesta española elaborada por hasta tres ministerios.

En esa propuesta de ocho páginas, Exteriores, Interior y Migraciones dejan clara la “enorme preocupación” por la situación en los países de origen y tránsito de la migración hacia Europa. El Ejecutivo alerta de la falta de fondos una vez expiren, a final de año, los Acuerdos de La Valeta (Malta) de 2015. Y propone una estrategia multidisciplinar, con financiación abundante para toda esa área geográfica, pero también con el refuerzo de las capacidades de seguridad, de la diplomacia económica y de las relaciones bilaterales al más alto nivel, según los dos documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

El objetivo último es rebajar las cifras de entrada de migrantes irregulares por Canarias. De paso, España busca influir en el diseño de la política migratoria de la UE, uno de los grandes debates que se abrirán en los próximos meses, más aún cuando la pandemia remita y las cifras migratorias vuelvan a despegar. Exteriores quiere ver dinero encima de la mesa. Aunque quiere también una estrategia integral, que incluya ayudas y financiación además de relaciones diplomáticas, medidas socioeconómicas y un refuerzo de las capacidades de seguridad en el Magreb, el Sahel y África occidental, a imagen y semejanza de lo que ha hecho España en los últimos tiempos en Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia.

El Fondo Fiduciario pactado en Malta en la fase más aguda de la crisis de refugiados, hace ahora un lustro, permitió regar con hasta 5.000 millones a los principales países de esa región, clave para el control de los flujos migratorios hacia el Viejo Continente. Pero ese fondo expira a finales de 2021, y España pretende que las nuevas ayudas alcancen al menos esa cifra. La UE tiene ya listos los Presupuestos para 2021-2027, con partidas específicamente destinadas a inmigración, pero el Gobierno se queja de que apenas hay todavía un solo detalle al respecto.

Y el tiempo apremia. Bruselas quiere aprobar un plan migratorio a lo largo de este año que incluya reforzar las fronteras exteriores, crear un mecanismo de solidaridad —que no contenta a los países del Sur que sufren la mayor presión—, y un impulso a las relaciones con países terceros. La propuesta española se basa en enfatizar esa tercera pata, en línea con lo que ha hecho el Gobierno español desde la crisis de los cayucos en 2006. Reforzar las relaciones con el Sahel, el Magreb y el África occidental es “una de las prioridades más acuciantes” para España, dice la carta. Y no solo para España: “Esta es una de las prioridades de primer orden para toda la UE y debe ser abordada de manera conjunta por todos los socios”, según los documentos enviados a Bruselas el pasado 20 de enero.

España mantiene estrechas relaciones con Mauritania, Senegal y Gambia, que incluyen ayudas millonarias para formar y equipar a las fuerzas de seguridad. En esa nómina se incluyó a Marruecos en 2019, con una ayuda directa de 32 millones para frenar el flujo de pateras por el Estrecho, aunque Rabat no tiene el mismo celo en las aguas colindantes con Canarias. González Laya patrocina una iniciativa a la que espera sumar a Portugal, Italia, Francia y Alemania. El presupuesto europeo 2021-2027 destinará 86.000 millones al Instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación internacional, de los cuales un 10% está reservado a las políticas de migración. España reclama en la misiva que se aclare cuanto antes esa partida. Se ofrece a poner dinero de su bolsillo para completar el esfuerzo de Bruselas: “España estaría lista para movilizar un paquete financiero importante”.

La presión migratoria en España encadena un repunte tras otro. Las entradas por mar se dispararon en 2018 hasta las 57.500 personas, una cifra que situó a España como principal puerta de la UE para la inmigración irregular. Esas cifras activaron los resortes diplomáticos y financieros españoles y europeos para convencer a Rabat de mejorar el control sobre sus costas. Los desembarcos cayeron a la mitad en 2019, pero el paréntesis duró poco: en 2020 se reactivó la vía atlántica.

España reclama a la Comisión un paquete que incluya fondos para apoyar a los socios africanos en el control de fronteras, pero también cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y diálogo político: un plan integral. “El apoyo presupuestario a los países de origen y tránsito se ha demostrado extremadamente útil en esos países”, apunta España, que sitúa inequívocamente la inmigración como “una prioridad del presupuesto europeo”.