Desobediencia y culpabilidad

Si de los médicos intensivistas y de los urgenciólogos dependiera los españoles volverían a un confinamiento como el de la primavera pasada, acaso más corto, hasta constatar la evolución de los contagios. A media distancia, al parecer, del colapso sanitario, los sanitarios, sin embargo, emiten señales muy sonoras de que el crecimiento sostenido de los ingresos hospitalarios por la covid-19 les retrotrae al desbordamiento que sufrieron en la pasada primavera. Sus fuerzas físicas y emocionales flaquean de antemano. Estos avisos los tienen los dirigentes gubernamentales de las comunidades autónomas y del gobierno central. La respuesta es confusa y, lo peor, enfrentada. Una comunidad políticamente ponderada, como es Castilla y León, desobedece abiertamente al Gobierno central, en cuanto a los horarios de movilidad, y este reacciona con el principio de autoridad con denuncia ante los tribunales.

Desde los desafíos del independentismo catalán, que terminaron con procesos penales, y con la inhabilitación de su cargo como presidente de la Generalitat, Quim Torra, no se había vuelto a dar un caso de desobediencia como el protagonizado por el Gobierno de Castilla y León.

En los ámbitos socialistas ha habido sorpresa. Tanta como cortedad en la respuesta. Hasta que esta se produzca, más allá de llevar a los tribunales al desobediente y recordar la altísima capacidad de los gobiernos autonómicos para tomar decisiones, reina la disparidad de medidas esgrimidas por las comunidades autónomas, las argumentaciones sin desenlace y la búsqueda de culpables. La dirección nacional del PP se instala en exigir al Gobierno que haga algo, sin apuntar en qué dirección. Esta vez, sin embargo, en el PP señalan que si el Gobierno lleva al Congreso una modificación del estado de alarma, no podrán volver a sus noes y abstenciones pasadas porque chocarían de plano con las demandas de las comunidades de su color político. Las conversaciones del presidente del PP, Pablo Casado, con los jefes de gobierno de su partido le han dado el abanico abierto de necesidades, casi claramente restrictivas, a excepción de Madrid. Ante el barullo, de momento, el PP nacional no tiene por qué arriesgar más y le basta con pedir a Pedro Sánchez que “dé la cara” y comparezca en el Congreso. Sin marcar una posición pormenorizada.

El no empecinado del Gobierno central a las peticiones de confinamientos se mantiene con el argumento de que las comunidades autónomas tienen en su mano cierres perimetrales y de sectores de ocio, con amplios toques de queda nocturnos. Si con estas medidas la enfermedad sigue en expansión, los noes se tornarán en síes de urgencia. Con señalamiento de culpables. A no ser que el Gobierno conceda la barra libre ante la disparidad en la España plural.