Cifuentes se enfrenta a su primera cuenta pendiente con el ‘caso máster’

— A los que queréis que me vaya, no me voy… Me quedo. Me voy a quedar.

Cristina Cifuentes pronuncia cada palabra sin perder la sonrisa. Ha pasado ya la medianoche del 21 al 22 de marzo de 2018 cuando la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha esquivado todo el día a la prensa tras estallar el caso máster, se planta en la mesa de su despacho y decide emitir un vídeo por Twitter. Se graba ella misma. “Voy a seguir siendo vuestra presidenta”, recalca durante una emisión que acabará borrando semanas después. En ese momento no es consciente de que su declive ha comenzado y, obsesionada con la huida hacia adelante, exhibe ante la cámara la presunta acta de su Trabajo Fin de Máster (TFM) que finalmente la conducirá al banquillo. Un documento “falsificado” en palabras de la Fiscalía, de la juez de instrucción y de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Este lunes comienza el juicio.

Cifuentes, imputada también en el caso Púnica, se enfrenta así a su primera cuenta pendiente tras dimitir en abril de 2018 cuando, en plena vorágine por el escándalo, se difundió un vídeo donde es retenida por un agente de seguridad de un supermercado por robar supuestamente dos botes de cremas en 2011. La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado cuatro sesiones para la vista oral —los días 18, 22, 25 y 29 de enero—, donde la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para la exdirigente del PP por inducir a la falsificación de un documento público. La URJC eleva, en cambio, esa petición de pena hasta los cuatro años de prisión.

La expresidenta madrileña, que aún defiende su inocencia, se enfrenta a un contundente relato de la juez de instrucción Carmen Rodríguez-Medel y de la Fiscalía. El 21 de marzo, el mismo día en que eldiario.es publicó la primera información que apuntaba a que le habían regalado el título, envió a una de sus asesoras (María Teresa Feito) a la universidad. Había que buscar la forma de “evitar las nefastas consecuencias políticas” a las que iba a enfrentarse, según subraya el ministerio público en su relato. La revelación infligía un enorme daño en la principal línea de flotación del discurso de Cifuentes, que había emergido como figura política al presentarse como azote de la corrupción en un PP de Madrid asolado por los escándalos. Cifuentes decía encarnar la ruptura total con la etapa de Esperanza Aguirre e Ignacio González, a quienes había sucedido en la presidencia de la Comunidad y del partido regional.

[En la imagen inferior, el acta del trabajo de fin de máster de Cifuentes. Si no la puede ver pinche aquí]

“[La asesora Feito] seguía instrucciones de Cifuentes para realizar los actos que fueran necesarios para facilitar una solución que no perjudicara a sus intereses”, escribió la magistrada en el auto de procesamiento, donde explica cómo la asesora instó a Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirigía el máster y epicentro de la trama, a que “creara” los documentos necesarios para justificar que “había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites”. Fabricaron entonces, según los testimonios, el acta que la popular exhibiría horas después antes los medios —cuando llega a sacar pecho, incluso, de que le pusieron un notable—. Cecilia Rosado, una profesora implicada, reconocería más tarde que la presionaron para falsificarlo y que emuló la firma de las otras dos docentes que figuran como parte del tribunal que habría evaluado a la política, aunque nunca lo hicieron, como destaca la Fiscalía.

Durante el juicio que comienza este lunes, si no hay nuevos retrasos de última hora, se sentarán también en el banquillo Feito y Rosado. Álvarez Conde, que llegó a ser procesado, falleció a mediados de 2019. El ministerio público pide tres años y tres meses de cárcel para la exasesora de Cifuentes; y 21 meses para la profesora de la URJC.

“Fue algo planificado”

“Mantengo que he dicho la verdad en todo momento”, ha repetido Cifuentes en las escasas declaraciones públicas que ha ofrecido sobre el tema. Tras su dimisión en abril de 2018, permaneció lejos de los focos hasta septiembre de 2019, cuando reapareció en Telecinco, en una distendida entrevista en la cadena de Mediaset, donde a partir de entonces empezó a colaborar asiduamente. La expresidenta aprovechó esa ocasión para presentar su caída como una gran conspiración contra ella. “Fue algo perfectamente planificado en un despacho y ejecutado de la manera perfecta”, dijo. “Había interés de algún empresario que quería recibir dinero de la Comunidad que no recibió; interés de personas que me la tenían jurada desde el momento en que yo empecé a levantar alfombras (también, en algún caso, de mi partido); y, desde el punto de vista político, a la oposición le venía muy bien desgastarme”.

De esta forma, parte de su estrategia de defensa ya estaba sobre la mesa. Cifuentes, una experimentada política —lleva desde los noventa en un cargo público—, echa así balones fuera, se presenta como víctima y elude responder a las preguntas claves que la sientan en el banquillo: ¿ordenó falsificar el acta? Si no lo hizo, ¿por qué un grupo de personas se la jugaría para salvarla?

Ambas cuestiones sobrevolarán la vista oral. Y el PP estará muy atento. El juicio del caso máster supone la primera parada del largo viacrucis que le aguarda este año al partido conservador en los tribunales: a principios de febrero, por ejemplo, comienza el juicio por el caso de los papeles de Bárcenas. Además, la investigación de la juez Rodríguez-Medel también salpicó de lleno al presidente de los populares, Pablo Casado. La magistrada concluyó que existía una trama urdida por Álvarez Conde para regalar títulos a políticos: entre otros, al actual líder de la oposición. La instructora llegó a enviar sus pesquisas al Tribunal Supremo, ante el que Casado se encontraba aforado, para que abriera una causa contra él por delitos de prevaricación y cohecho.

Los magistrados del alto tribunal rechazaron, en cambio, imputar al actual líder del PP. Argumentaron que no se les había presentado indicios suficientes de que existiese un acuerdo previo entre él y Álvarez Conde, pese a que consideraron que pudo recibir un “trato de favor”. La juez, que concluyó que el máster se usaba “como regalo” a alumnos “con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional”, ya contaba para entonces con la confesión de estudiantes que admitían que le habían dado el diploma sin hacer nada. Pero se vio obligada a archivar la mayor parte de las pesquisas y aplicar el mismo rasero a todos los imputados. Incluido a Cifuentes, para quien su huida hacia delante se convirtió en su principal error: solo quedó viva la causa sobre la falsificación de su acta del TFM. El documento creado presuntamente para esquivar el escándalo se convirtió en la gran prueba contra ella.