Partido Popular

La caja b del PP, Cifuentes y el ‘caso Villarejo’ marcarán el año judicial

La causas más graves de corrupción política se sientan en el banquillo

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes llega a la Audiencia Nacional, el 9 de octubre de 2019.
La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes llega a la Audiencia Nacional, el 9 de octubre de 2019.Daniel González / GTRES

Los tribunales juzgarán este 2021 algunas de las causas más graves de corrupción y que, en ciertos casos, llevan marcando la vida política casi una década. La Audiencia Nacional prevé celebrar en febrero la vista oral sobre la caja b del PP, el caso que más daño ha hecho a la formación conservadora y que se comenzó a investigar en 2013. Este año se espera que llegue a juicio alguna de las primeras piezas del macrosumario sobre los negocios del comisario José Villarejo. Además, la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes se sentará en el banquillo por el escándalo de su master en la Universidad Rey Juan Carlos.

La batalla judicial contra la corrupción prosigue en los tribunales y durante los próximos años ocupará buena parte de la actividad judicial. En 2019 un total de 206 personas fueron procesadas por delitos relacionados con la corrupción, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, una cifra sensiblemente inferior a las de 2016 (659) y 2017 (411). Estos son los principales frentes abiertos para este 2021.

Cifuentes (18 de enero). El primer plato fuerte del curso, por su dimensión política, llega el 18 de enero. Ese día arranca, si no vuelve a retrasarse, el juicio por el caso máster contra Cristina Cifuentes, expresidenta madrileña y exlíder regional del PP. La Fiscalía le pide tres años y tres meses de cárcel por falsificar el acta del trabajo fin de máster que exhibió en los medios y las redes sociales como defensa tras estallar el escándalo. La exdirigente popular mantiene que ha dicho “la verdad en todo momento” —aunque dos profesoras que supuestamente la evaluaron admitieron que su firma se falseó para confeccionar el documento bajo sospecha— y que su caída se debió a que entonces, cuando también sonaba como posible sucesora de Mariano Rajoy, “había empezado a levantar alfombras” en el Gobierno autonómico.

Papeles de Bárcenas (8 de febrero). Sin apenas respiro tras la vista oral contra Cifuentes, el PP continuará con su particular viacrucis a partir del 8 de febrero. Esta vez, sentado en el banquillo como persona jurídica, acusado como responsable civil subsidiario en el juicio por los papeles de Bárcenas. Ese día se prevé que empiecen las sesiones sobre la investigación de la caja b, que versa sobre la reforma de la sede de la calle Génova y sobre el supuesto fraude fiscal del PP al no pagar los impuestos correspondientes a las donaciones ilegales recibidas durante 2008. También están procesados Luis Bárcenas, extesorero de la formación; y Cristóbal Páez, exgerente; además de tres responsables de Unifica, la empresa que hizo las obras. Y declararán como testigos, entre otros, los expresidentes Rajoy y José María Aznar.

Pero este no será el único quebradero de cabeza que dará la trama Gürtel a la fuerza política dirigida por Pablo Casado. La Audiencia Nacional prosigue con las pesquisas sobre cohecho —que tratan de probar la conexión entre las donaciones de empresarios apuntadas en la contabilidad paralela de Bárcenas y la adjudicación de contratos públicos— y, para septiembre de 2021, está previsto el juicio por los supuestos sobornos que la red corrupta entregó durante una década a las autoridades de Boadilla del Monte (Madrid). El PP también está acusado ahí como persona jurídica.

Villarejo. El caso Tándem, que indaga en la macrotrama de corrupción policial, empresarial y política encabezada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, se adentra en una fase fundamental. La Audiencia Nacional ha despejado el camino para sentar en el banquillo al antiguo agente antes de que cumpla cuatro años en prisión provisional, tiempo máximo que puede permanecer así, según prevé la ley, y cuyo tope alcanza el 5 de noviembre de este año. Para ello, el instructor ya ha enviado a juicio tres de las líneas de investigación abiertas, aunque la fecha de las vistas aún se desconoce.

Esa medida es solo el principio. Paralelamente, el magistrado y un equipo de cuatro fiscales seguirán desenredando la compleja madeja de Tándem, que suma ya una treintena de piezas separadas: entre otras, Kitchen, el operativo urdido en Interior durante el Gobierno de Rajoy para espiar a Bárcenas para arrebatarle supuestamente documentos comprometedores para altos cargos del PP, que se analizará este año también en una comisión de investigación creada en el Congreso.

Villarejo, a su vez, se sentará este enero en el banquillo de un juzgado de Madrid —la vista está fijada el día 15— acusado de calumnias y denuncia falsa contra Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI. La Fiscalía le pide dos años de cárcel en este caso.

Púnica y Lezo. Ambas investigaciones de corrupción, que cercan al PP, prosiguen en la Audiencia Nacional. El magistrado Manuel García-Castellón ha pisado el acelerador en Púnica y ha fijado 57 interrogatorios de imputados, testigos y peritos entre el 18 de enero y el 24 de febrero. Estas pesquisas, que suman más de seis años, tienen actualmente fijado julio de 2021 como límite para estar acabadas.

Según informan fuentes jurídicas, las partes se encuentran también pendientes de conocer las fechas para las vistas de las dos primeras líneas de investigación de Lezo enviadas a juicio —que podrían celebrarse pasado 2021—, en una de las cuales se encuentra acusado Ignacio González, expresidente madrileño.

Los ERE. El socialismo andaluz sigue atento al caso de los ERE. La Audiencia de Sevilla debe emitir en los próximos meses su resolución sobre las subvenciones concedidas a la empresa Acyco, una de las piezas separadas de la macrocausa, que quedó vista para sentencia el 22 de diciembre.

De momento, según detalla el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no hay ningún juicio señalado para 2021 sobre alguna otra derivada de estas pesquisas, aunque dos piezas se encuentran pendientes de fecha. El Tribunal Supremo también tiene aún por delante los recursos contra la sentencia donde fueron condenados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El Pequeño Nicolás. El escurridizo Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como El Pequeño Nicolás, tiene una cita con los tribunales el próximo 19 de enero, fecha fijada para el inicio del juicio contra él por hacerse pasar por emisario del rey Felipe VI en 2014 y fijar un almuerzo con el presidente de Alsa, Jorge Cosmen, en un restaurante de Ribadeo (Lugo). La Fiscalía le pide siete años de cárcel por delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo en una causa que debió juzgarse en mayo de 2019 en la Audiencia Provincial de Madrid, pero que se retras primero por la renuncia de su abogada a defenderlo y, posteriormente, por la pandemia de coronavirus.

Este caso es solo uno de los que cercan al Pequeño Nicolás, de 26 años, que también se encuentra pendiente de sentarse en el banquillo por hacerse pasar por un asesor del Gobierno para estafar a un empresario de Toledo, por crear una red para obtener información confidencial de las bases de datos policiales y por falsificar su DNI para que uno de sus amigos se presentara por él al examen de selectividad. Por estas tres causas, el ministerio público solicita que se le condene a otros 20 años y 3 meses de prisión.

La familia Pujol. El clan Pujol también tiene marcado en rojo otra fecha de enero. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha fijado para el día 22 de ese mes el debate y votación sobre los recursos de apelación presentados contra el auto del juez José de La Mata, que el pasado julio procesó al expresidente catalán Jordi Pujol, a su mujer Marta Ferrusola y a sus siete hijos por crear una trama para enriquecerse durante lustros aprovechándose de su posición privilegiada en Cataluña. El magistrado les atribuye un patrimonio “desmedido” abonado durante años a través del cobro de comisiones ilegales. La familia urdió presuntamente una compleja estructura societaria, que se valía de contratos simulados y de paraísos fiscales, con la que ocultaban los pagos que recibían a cambio de ejercer su influencia en las adjudicaciones de contratos, recalificaciones de terrenos u otros tipos de favores.

Los magistrados de la Sección Tercera estudiarán este enero los recursos y decidirán contra quién se mantiene finalmente la imputación y contra quién no. A falta de conocer las penas solicitadas por la Fiscalía, Podemos, personado como acusación popular, ya ha pedido hasta 20 años de cárcel contra Jordi Pujol.

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