El Gobierno cuestiona el aplazamiento de las elecciones catalanas

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha rechazado este jueves la suspensión de las elecciones catalanas, previstas para el próximo 14 de febrero. “La suspensión de un trámite electoral de este calibre no está contemplada en la Ley Electoral General”, ha dicho en una entrevista en Ràdio 4. Campo ha advertido de que la suspensión de los comicios sería “grave para la democracia” y que el hecho de que se celebrasen en la fecha prevista sería “una muestra de normalidad”. “Sería bueno que esa decisión [la de celebrar las elecciones el 14 de febrero] se pudiera vivificar”, ha apuntado. El Govern ha mostrado su voluntad de aplazar los comicios catalanes al mes de mayo, aunque la decisión se tomará este viernes tras una reunión con todas las fuerzas políticas.

Campo ha recordado las posibles implicaciones que conllevaría la suspensión de las elecciones y ha subrayado la necesidad de que Cataluña tenga un Gobierno “y en un 100% de sus facultades” por la situación excepcional que vive el país, en plena tercera ola de contagios de la covid-19. “Estamos hablando de democracia, de Estado de derecho y derechos fundamentales. Por tanto, cuidado con lo que estamos jugando”, ha apuntado. Preguntado por si, en el caso de que se atrasen los comicios, los presos independentistas podrían presentarse a unas elecciones si son indultados, Campo ha respondido: “Sinceramente, no creo que se puedan aplazar tanto. Es posible, pero lo veo bastante difícil”, ha respondido y ha calificado esta hipótesis de “juego cabalístico”.

Los servicios jurídicos de la Generalitat, por su parte, siguen trabajando en el informe que sostendría el posible aplazamiento y cuáles serían sus condiciones. Como ya sucedió en Galicia y en el País Vasco, los Gobiernos autonómicos se han topado con que la Ley Orgánica del Régimen Electoral no recoge la posibilidad de postergar unas elecciones. El Govern busca ahora cómo sustentar su derecho a modificar el calendario electoral.

El pasado 17 de septiembre, la comisión jurídica que asesora a la Generalitat, un órgano consultivo del Govern, emitió un informe sobre el encaje de la pandemia y la cita electoral. Los letrados abogaban entonces por a hacer compatible los derechos a la salud y a la participación, pero también dejaba la puerta abierta a realizar un aplazamiento “en caso de insuficiencia de las medidas adoptadas”. La decisión de posponer los comicios, sin embargo, debe ser motivada y con “la afectación mínima imprescindible de la periodicidad de las elecciones”. El decreto de disolución del Parlament y de convocatoria de elecciones firmado por Pere Aragonès recoge la posibilidad de un aplazamiento.

El titular de Justicia ha defendido que un retraso de las autonómicas en Cataluña se haga con “consenso”, como sucedió en las últimas elecciones en Galicia y el País Vasco, que también se aplazaron debido a la pandemia del coronavirus. Las declaraciones del ministro llegan horas después de que el Govern mostrara su voluntad de aplazar los comicios catalanes, previstos para el próximo 14 de febrero, hasta el mes de mayo. Todos los partidos, excepto el PSC, se han mostrado favorables al aplazamiento y, de ellos, Ciudadanos y la CUP han sido los más vehementes. “No me veo haciendo campaña mientras colapsan las UCI”, aseguró el candidato de la formación liberal, Carlos Carrizosa, en la Diputación Permanente este miércoles. Los socialistas catalanes, por su parte, consideran que no hay motivos para posponer las elecciones y que la decisión final depende de la Junta Electoral Central. “Quien no ha convocado, no puede aplazar”, aseguró el PSC en un comunicado. La decisión final se tomará este viernes.

Por otro lado, el ministro ha anunciado que se está estudiando la forma de recurrir el rechazo a la extradición del exconsejero Lluís Puig por parte de Bélgica, que concluyó que el Tribunal Supremo no era competente para juzgarle y que se había vulnerado su presunción de inocencia. “Decir que se podría vulnerar su presunción de inocencia supone un desconocimiento de la justicia española”, ha señalado. Puig está reclamado por España por un presunto delito de malversación de fondos públicos dentro de la causa contra la cúpula independentista del procés, al formar parte del Gobierno catalán que organizó el referéndum ilegal en 2017. Este mismo jueves por la tarde la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo recibe a puerta cerrada a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí en el proceso del posible levantamiento de inmunidad de los tres políticos catalanes.