Destapado un fraude para alterar la paternidad de recién nacidos en Melilla y darles nacionalidad española

La Guardia Civil ha destapado en Melilla un fraude para alterar la paternidad de hijos recién nacidos de mujeres extranjeras y que los pequeños obtuvieran la nacionalidad española y sus madres, la residencia legal en España. La Operación Vástago se ha saldado, hasta el momento, con 40 personas investigadas, entre ellas 30 mujeres de origen marroquí, por la inscripción fraudulenta en los tres últimos años de 36 bebés en la ciudad norteafricana. Entre los implicados, hay una decena de ciudadanos varones españoles que, tras recibir entre 1.000 y 3.000 euros, acompañaban a las madres con los pequeños a realizar los trámites en el Registro Civil, donde se presentaban como padres de los mismos. Los investigados están acusados de tres delitos: falsedad documental, alteración de la paternidad y contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, según detallan fuentes de la Guardia Civil.

La Operación Vástago arrancó en 2017, después de que funcionarios del Registro Civil alertaran a agentes del instituto armado de la proliferación de casos de mujeres extranjeras que, sin ninguna arraigo en la ciudad ni tan siquiera hablar castellano, acudían acompañadas de ciudadanos españoles para inscribir niños recién nacidos como hijos de ambos. Las pesquisas, que ha incluido la revisión de numerosa documentación en formato papel y la realización de pruebas de ADN, ha permitido constatar la existencia de, al menos, 36 casos de alteración de la paternidad de bebés en los tres últimos años. El cierre de las fronteras terrestres entre Melilla y Marruecos el pasado marzo por la crisis sanitaria impidió que el fraude se siguiera produciendo.

En todos los casos detectados, el modus operandi era similar: las mujeres en avanzado estado de gestación -entre ocho meses y ocho meses y medio, según detallan fuentes de la investigación- cruzaban la frontera aprovechando el flujo diario de miles de personas en los puestos fronterizos de Melilla con Marruecos para entrar en la ciudad. Una vez en territorio español, acudían al hospital comarcal para dar a luz a sus pequeños. Con la documentación que recibían en el centro sanitario tras el parto, las mujeres contactaban con hombres de nacionalidad española, la mayoría de escasos recursos económicos e, incluso, con antecedentes por delitos menores, a los que pagaban para que les acompañaran al Registro Civil y se hicieran pasar por los padres de los pequeños. Según fuentes del instituto armado, las mujeres llegaba a ellos a través del “boca a boca” en muchos de los casos.

Posteriormente, y tras obtener el libro de familia, la pareja solicitaba a la Policía Nacional la expedición del DNI para el pequeño y, posteriormente, la tarjeta de residencia para ella en la oficina de extranjería de la Delegación del Gobierno, lo que les daba la residencia legal. Fuentes de la Guardia Civil destacan que varias de las madres habían utilizado este sistema con más de un hijo y que uno de los españoles investigados figura en el registro como padre de seis niños de cinco madres biológicas distintas.

Melilla es la ciudad española con mayor tasa de natalidad (14,64 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2019, según el INE, casi el doble que la media nacional), con la particularidad de que en torno a la mitad de los nacimientos son de madres extranjeras. En 2018, fueron un 46%, según el Registro Civil. En 2019 la cifra subió al 61%, según datos del Hospital Comarcal. Desde el estallido de la crisis sanitaria por el coronavirus y el cierre de fronteras, ese porcentaje se ha reducido al 17%, detallan fuentes de la Guardia Civil. Todos los hijos de extranjeros nacidos en España pueden optar a la nacionalidad si al menos uno de sus padres ha nacido también en territorio nacional.

La Asamblea local de Melilla acordó en febrero del año pasado elevar al Congreso una propuesta de modificación del Código Civil para endurecer el acceso a la nacionalidad española a los extranjeros residentes o nacidos en la ciudad autónoma. La medida, presentada por el Gobierno local del PP y aprobada con su mayoría absoluta, proponía crear una excepción tanto en Melilla como en Ceuta para dificultar las solicitudes de nacionalidad de los marroquíes que nacen en los hospitales de las dos ciudades. La propuesta pedía ampliar de residencia exigida hasta los 10 años de residencia para los nacidos en ambas ciudades, igualando los requisitos a los de los extranjeros no nacidos en España.

En los últimos años, también se han conocido casos de picaresca, como el que destapó a finales de 2017 la Guardia Civil al encontrar, durante el registro rutinario de las pertenencias que portaba una mujer marroquí que intentaba entrar en Melilla a través del puesto fronterizo de Beni-Enzar, un bebé oculto en el interior de un bolso de deporte y al que, supuestamente, pretendía inscribir como nacido en España.