Caso Bárcenas

El juez Pedraz aprueba investigar los 600 millones en obras adjudicadas por el Gobierno de Aznar

La Fiscalía y la Abogacía del Estado respaldan esta nueva línea de las pesquisas propuesta por la policía en el caso de la caja b del PP

El expresidente José María Aznar, en un acto público celebrado el pasado enero.
El expresidente José María Aznar, en un acto público celebrado el pasado enero.Victor J Blanco

El juez Santiago Pedraz, que ha asumido temporalmente la instrucción del caso de los papeles de Bárcenas, sobre la caja b del PP, ha dado luz verde a investigar 23 adjudicaciones otorgadas por el Gobierno de José María Aznar, entre los años 2000 y 2004, por casi 600 millones de euros. El magistrado de la Audiencia Nacional aprueba así, con el respaldo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la nueva línea de investigación propuesta por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, que busca pruebas que acrediten la relación entre la concesión de contratos públicos y las donaciones de empresarios que constan en la contabilidad paralela del partido que llevaba el extesorero popular Luis Bárcenas, que se encuentra actualmente en prisión.

Pedraz había impulsado esta línea de las pesquisas el 26 de noviembre, como avanzó EL PAÍS. Solo dos días después de recibir la propuesta de la UDEF, remitió el informe policial al ministerio público y a la Abogacía del Estado para que se pronunciaran. La Fiscalía ha respondido este miércoles y ha considerado “pertinente” la iniciativa. La Abogacía del Estado, en un escrito del día 1 de diciembre, también contestó en la misma línea: la califica de “adecuada” y “útil”.

Tras conocer el respaldo de ambos, el magistrado ha aprobado ahora esta nueva investigación, según un auto dictado este viernes y al que ha tenido acceso este diario. Y el instructor, que sustituye interinamente al juez José de la Mata tras la salida de este de la Audiencia Nacional, ha solicitado a cinco ministerios, Renfe, Adif y Aena, entre otros organismos, toda la documentación que tengan sobre los 23 expedientes bajo sospecha, que fueron adjudicados a Constructora Hispánica, una empresa encabezada por Alfonso García Pozuelo, condenado a dos años de cárcel en el juicio principal del caso Gürtel, conocido como Época I.

Entre otro material, Pedraz quiere “el contenido íntegro de los expedientes de contratación”, la “orden de inicio”, el “pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas”, “las ofertas presentadas por todos los licitadores”, los “informes técnicos de valoración y justificación de las puntuaciones otorgadas”, las “actas de las mesas de contratación”, la “resolución de adjudicaciones”, los contratos y sus modificaciones. Todo ello, una vez que se lo reenvíen los ministerios, se trasladará a la UDEF para su análisis.

La policía, que reactivó estas pesquisas en 2017 tras la aparición de nuevos indicios, ha vuelto a poner la lupa en García Pozuelo, cuyo nombre aparece hasta nueve veces en los papeles de Bárcenas —de 1998 a 2006 hizo aportaciones de entre 12.000 y 60.000 euros, que suman más de 258.000 euros—. Él mismo confesó, en el juicio de Época I, que pagó al cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, a cambio de obras en Castilla y León y en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Según añadió, sabía que había dinero para “organismos centrales”. Un término que aclararía Correa en la misma vista: “Eran obras de la Administración central [...] En las que yo esas, sí las gestionaba con Luis Bárcenas”.

En el informe del 24 de noviembre, la UDEF destaca que Constructora Hispánica recibió 224 contratos de la Administración central por más de 1.000 millones de euros durante el periodo bajo investigación. Además, “es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas de fondos realizadas por García Pozuelo, ya sea a través de Francisco Correa o directamente a Luis Bárcenas, y las adjudicaciones públicas recibidas por Constructora Hispánica de poderes adjudicadores gobernados por el PP”, concluía el documento.

Pedraz resalta en su auto que esta instrucción, que trata de probar el cohecho, ya permite afirmar indiciariamente que se creó en el PP “un sistema para obtener fondos ilícitamente para el partido”, a cambio de “movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores”. Los empresarios entregaban presuntamente dinero a la caja b a cambio de que Bárcenas, entre otros, les facilitaran “contactos directos con el responsable político del poder adjudicador”. “En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación”, apunta el magistrado.

Los proyectos

Entre los 23 proyectos a investigar ahora se encuentran la construcción de cinco carreteras, otorgadas por Fomento (actual Ministerio de Transportes); y cuatro tramos de tren de alta velocidad, de Adif. También, obras de Interior en la comisaria de Xirivella (Valencia); de Defensa, en un nuevo acuartelamiento en Paracuellos del Jarama (Madrid); de la Agencia Tributaria, en un edificio en Avilés (Asturias); de Turespaña, en el parador de Lorca (Murcia); de Educación, por la rehabilitación de la nueva sede del Archivo Histórico Nacional; y de Medio Ambiente (actual Ministerio de Transición Ecológica), por la restauración de las marismas de Santoña y Noja (Cantabria). Otros proyectos bajo sospecha son, por ejemplo, la construcción de un aparcamiento otorgada por Renfe o una plataforma del aeropuerto de Barajas (Madrid) dado por Aena.

El pasado 25 de noviembre, la Audiencia Nacional aprobó también investigar expedientes por valor de 23 millones otorgados por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid a Degremont, otra de las sociedades señaladas. Sobre esta empresa del sector de depuradoras, a la que los agentes han investigado por otros tres contratos adicionales, la UDEF ya considera documentado el nexo entre los pagos de los responsables de la compañía a la caja b y la adjudicación de contratos.

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