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El Reglamento del Congreso cobija a Juan Carlos I de la investigación, no de la crítica

A cada descubrimiento sobre el rey emérito los grupos de orientación republicana tratan de poner a la Corona en la picota para incomodidad del PSOE

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, junto al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la celebración del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, el pasado 6 de diciembre.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, junto al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la celebración del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, el pasado 6 de diciembre.Ballesteros (EFE)
Anabel Díez

A la quinta tampoco será la vencida ni tantas veces como iniciativas se presenten en las Cortes para investigar al anterior jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón. Con argumentos diferentes a las cuatro veces anteriores, con la búsqueda de resquicios jurídicos, parlamentarios y reglamentarios, Unidas Podemos trata de conseguir una mayoría parlamentaria para que una comisión de investigación arroje luz sobre los movimientos económicos del anterior monarca. Esa mayoría no la obtendrán, pero los grupos que actuarán de dique dan por seguro que apenas tendrán que explayarse con discurso propio. El PSOE, PP y Ciudadanos dejarán que hablen los servicios jurídicos del Congreso, contrarios en veces anteriores a que el Parlamento pueda investigar al titular de la Corona, antes y después de su inviolabilidad. Ello no impedirá que la reprobación política del rey anterior, y de paso, de la institución monárquica, se abra paso en declaraciones e iniciativas sin efectos prácticos.

Una vez que Unidas Podemos firme la petición de comisión de investigación, con los grupos que consiga atraer —con seguridad ERC y Bildu, Compromís, Más País, BNG y JxC—, el texto pasará a la Mesa del Congreso y los letrados lo estudiarán. Los precedentes hacen pensar a los grupos mayoritarios que no se llegará a tramitar. En la doctrina establecida por los letrados del Parlamento las prerrogativas del monarca no tienen caducidad. Así, el pago a Hacienda de Juan Carlos I para regularizar la deuda que ha reconocido, por el uso en 2016 y 2017 de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, cuando era aforado ante el Supremo, pero no inviolable, tampoco tendría efectos en el ámbito parlamentario. “Las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad, consagradas en el artículo 56.3 de la Constitución, son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes”. Esta es la literalidad del informe de los letrados del pasado junio cuando se intentó formar esa comisión de investigación. A cada descubrimiento sobre el anterior monarca, los grupos de orientación republicana han tratado de poner a la Corona en la picota para incomodidad del PSOE. Para los nacionalistas, PNV incluido, y los grupos de matriz republicana, esta interpretación de los servicios jurídicos convierte en “eterna” la inviolabilidad del rey, aunque esta cesara desde su abdicación en 2014.

“Es lógica la discrepancia, nosotros somos republicanos y el PSOE no”, señaló este jueves el dirigente de Unidas Podemos Rafa Mayoral al reconocer el objetivo de su formación de que los españoles puedan votar entre Monarquía o República. “La Monarquía no está en peligro,” había proclamado horas antes, Pedro Sánchez.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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