Prisión por riesgo de fuga para la etarra extraditada por Bélgica

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó este lunes el ingreso en prisión incondicional de la presunta integrante de ETA Natividad Jauregui Espina, alias Pepona y Jaione, entregada el pasado domingo por la justicia de Bélgica para que sea juzgada por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo, cometido en Bilbao en marzo de 1981. El juez toma la decisión tras concluir que existe un elevado riesgo de que la terrorista intente fugarse, y recuerda que lleva más de 30 años huida. El magistrado atribuye a Jauregui los delitos de asesinato y atentado terrorista.

En su auto, el juez sitúa a Jauregui como presunta miembro de uno de los dos taldes o grupos del comando Vizcaya de ETA que estuvieron activos entre enero y julio de 1981 en el País Vasco. Como integrante del mismo, la investigación la sitúa como autora material, junto a Francisco Javier Zabaleta, ya fallecido, del asesinato a tiros del teniente coronel Romeo, perpetrado el 19 de marzo de aquel año en las inmediaciones de la Basílica de Begoña, en Bilbao. La supuesta participación de Jauregui en este atentado no fue conocida hasta más de seis años después, en octubre de 1987, cuando otro integrante del comando, Enrique Letona, fue detenido y la señaló en su declaración.

El juez destaca que, desde entonces, ha sido imposible conseguir que la presunta terrorista comparezca y que ahora lo ha hecho “contra su voluntad” y tras ser “conducida por la fuerza pública”. También recuerda los “largos años de espera por los procesos judiciales” que se iniciaron para lograr su extradición tras su primera detención en Bélgica, en 2013. Entonces pesaban dos Órdenes Europeas de Detención y Entrega por su supuesta implicación en la muerte de seis agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellas la del teniente coronel Romeo. En primera instancia, los tribunales belgas rechazaron la extradición al considerar que se podrían vulnerar los derechos fundamentales de Jauregui si era enviada a España. La situación cambió el año pasado, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenase a Bélgica por no haber cumplido “con la obligación de cooperar con España” para esclarecer el asesinato.

Además, el juez cree que la etarra no tiene ningún arraigo en España, ya que reside desde hace años en Bélgica. “Es cierto que acredita que tiene algún o algunos familiares [en España], que se ofrecen a acogerla, pero la evidencia es que la procesada tiene absolutamente toda su vida en Bélgica y no tiene lazos en España”, señala el magistrado en el auto. “Estas circunstancias, unido a la gravedad de los hechos y la pena que podría eventualmente ser impuesta, ponen de manifiesto un elevado riesgo de fuga”, concluye.

De la Mata descarta las alegaciones de la defensa sobre la prescripción de los delitos tras haber transcurrido casi 40 años desde que se cometió el atentado. Para ello, repasa a lo largo del auto todas las actuaciones judiciales practicadas desde que se perpetró el asesinato y concluye que las mismas no fueron un simple trámite, sino que estuvieron dirigidas “a la efectiva prosecución del procedimiento (sin perjuicio de que esto fuera o no posible), por lo que la misma produjo un efecto interruptivo de la prescripción”.