Canarias arranca al Gobierno central un fondo de 10 millones para costear la tutela de menores migrantes

El Gobierno central creará un fondo extraordinario de 10 millones de euros para costear gastos derivados de la atención y acogida de menores inmigrantes no acompañados en Canarias. El archipiélago acoge en estos momentos a 2.006 niños y jóvenes, la mayor cifra en los registros y que supera en más de 400 los registrados en 2006 durante la llamada crisis de los cayucos. En enero pasado, el número de menores tutelados ascendía a 540, según los datos del Ejecutivo autonómico. Esta cifra ha obligado a abrir de urgencia 21 centros de atención de menores en lo que va de año. El sobresfuerzo económico al que se ha visto obligado el Ejecutivo regional alcanza los 18 millones de euros, según explicó a EL PAÍS la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos).

“La necesidad de ayuda es imperiosa, esto es un grito desesperado a que se colabore con Canarias”, aseguraba este fin de semana la consejera. La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigida por Pablo Iglesias, se ha comprometido a llevar en las próximas semanas al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley para aprobar esta subvención directa para Canarias, que deberá llegar antes del 31 de diciembre.

La situación actual guarda muchas similitudes con anteriores crisis migratorias, empezando por la de 2006. Pero existe otro ejemplo mucho más reciente: en 2018 llegaron a España más de 7.000 menores extranjeros no acompañados. Este caudal provocó que comunidades como Andalucía o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, principales puertas de entrada en aquel momento, también se vieran desbordadas para tutelar adecuadamente a los niños. Estos territorios se encontraron con las reticencias del resto de comunidades autónomas a la hora de colaborar en la gestión. El primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, al igual que sucede ahora, aprobó un crédito extraordinario de 40 millones de euros para compensar a las autonomías con más llegadas.

El verdadero problema, sin embargo, es la falta de un modelo adecuado. El Gobierno comenzó a elaborar un plan aquel mismo año desde el Observatorio de la Infancia, un grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad, con las comunidades, ministerios con competencias migratorias, la Fiscalía y las ONG que atienden a menores extranjeros.

El último borrador de este plan data de octubre de 2019. En él se insistía en la solidaridad territorial y proponía la creación de centros de financiación estatal en los principales puntos de llegada para, desde allí, derivarlos a otras comunidades en función de su población, ingresos fiscales o su índice de desempleo.

El Ejecutivo de las islas, una coalición de PSOE y Podemos con partidos locales, ha pedido, como ya se hizo tras la crisis de 2006, la derivación a otras comunidades de, al menos, 500 menores. El acuerdo alcanzado ayer incide en esa línea, al afirmar que existe un “compromiso adquirido por parte del Gobierno estatal” de “dar traslado a las comunidades autónomas, a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que se active la solidaridad interterritorial para la acogida de menores inmigrantes no acompañados”.