La Fiscalía pide que se devuelva al juez el caso Dina para que complete la investigación

La Fiscalía ha presentado en el Supremo su informe sobre el caso Dina, en el que aprecia “la necesidad de complementar la instrucción” mediante la declaración de Dina Bousselham y de su pareja, Ricardo Antonio de Sa Ferreira, así como con la “ratificación y aclaración de la pericial sobre los daños en la tarjeta de memoria del móvil de Dina”. El criterio que se expone al Supremo es que “en consecuencia procede la devolución de la causa al Juzgado de procedencia, a fin de que se culmine la investigación en los términos expuestos”.

Los fiscales del Supremo subrayan que “no basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado”, ya que “resulta indispensable que el Juez instructor que pretende declinar su propia competencia, exponga las razones que determinarían la incoación por el Tribunal Supremo del procedimiento especial” relativo a aforados. Y a esa exposición razonada –añade el informe– “ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar –con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente– el alcance objetivo y subjetivo de los hechos”. La Fiscalía, por tanto, concluye que la exposición que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón remitió al Supremo no tiene suficiente base como para pretender la imputación de Pablo Iglesias.

El dictamen, en todo caso, no fija un criterio definitivo sobre la posibilidad de imputar en el Supremo al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina. El informe, enviado este mediodía al Supremo, propone que se ordene al juez García Castellón la continuación de las investigaciones porque faltan diligencias, sobre todo el interrogatorio de la propia Dina Bousselham, exasesora de Iglesias. La finalidad de esta declaración sería conocer si su voluntad es actuar contra el líder de Podemos por el supuesto delito de revelación de secretos, figura delictiva que requiere que la persona ofendida lo denuncie.

Bousselham, sin embargo, ha sostenido reiteradamente que considera a Pablo Iglesias tan víctima como ella misma de la difusión del contenido su teléfono móvil, que le fue sustraído en noviembre de 2015. El juez García Castellón, a su vez, estima que hay indicios suficientes como para investigar al vicepresidente del Gobierno por los supuestos delitos de daños informáticos, denuncia falsa o simulación de delito y el ya mencionado de revelación de secretos.

El propósito del juez, al remitir su exposición razonada al Supremo, era que el Alto Tribunal asumiera la investigación sobre Iglesias, entendiendo que existen indicios de la comisión de los citados delitos. El Supremo, a su vez, pidió el informe de la Fiscalía sobre la procedencia de dar este paso, y el dictamen fue encargado a Pilar Fernández Valcarce, la fiscal jefe de lo Penal de mayor antigüedad en la carrera. Ésta, a su vez, ha celebrado dos reuniones con los otros siete fiscales de la misma categoría ante la Sala Penal, quienes expusieron diversos criterios sobre la procedencia o no de que el Supremo asumiera el caso y citara a Iglesias como imputado. La fórmula de consenso hallada, ante el estado de la investigación, ha sido abogar por la continuación de las diligencias por parte del juez instructor, García Castellón, quien hasta ahora se ha venido negando a citar a Dina Bousselham por entender que el concreto delito de revelación de secretos, por el que debería preguntarle para saber si quiere denunciarlo como tal, no sería competencia de la Audiencia Nacional.

El informe de la Fiscalía General del Estado va a ser, por tanto, coincidente en lo esencial con la nota interna que la Fiscalía Anticorrupción elaboró sobre este asunto, donde ponía de relieve que en el actual estado de las investigaciones no cabe apreciar la existencia de indicios de criminalidad contra Pablo Iglesias. Los fiscales de Anticorrupción precisaban que no cabe apreciar el delito de revelación de secretos cuando, como en este caso, la persona supuestamente agraviada afirma no considerarse así. En la nota remitida a la Fiscalía del Estado añadían que Bousselham ha exculpado a Iglesias mediante una carta en la que envió al juez García Castellón.

La citación de Dina Bousselham va a ser, por tanto, muy relevante y marcará el curso de esta causa penal. El juez García Castellón, a su vez, ha sostenido que Pablo Iglesias atribuyó al excomisario José Manuel Villarejo la filtración de mensajes de su exasesora por interés político, siendo conocedor de que era la propia Bousselham “el origen de la filtración”. La tesis del magistrado es que el vicepresidente quiso obtener beneficios electorales de su denuncia contra “las cloacas del Estado”, encarnadas por Villarejo. La propia Audiencia Nacional, sin embargo, sostenía en su informe tesis muy distintas, al ordenar al magistrado que devolviera a Iglesias su condición de perjudicado en esta causa, dado que la autoría de la filtración atribuida a Villarejo seguía siendo la más verosímil, a tenor de las investigaciones.