Fórmulas para no alimentar a la bestia: la batalla europea contra las ‘fake news’

La lucha de la Unión Europea contra las campañas de desinformación se inició en 2015, a raíz de la ofensiva de Rusia para desestabilizar Ucrania y apoderarse de Crimea. Y desde entonces, la Comisión Europea ha multiplicado los esfuerzos para contrarrestar las fake news y neutralizar la posible intoxicación informativa, en especial, durante las elecciones al Parlamento Europeo en 2019 y desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

La batalla arrancó con escasos recursos, a través de una unidad (llamada East Strat Comm) creada en el seno del Servicio europeo de Acción Exterior. Pero aquel embrión ha ganado fuerza y dispone ya de un presupuesto propio que entre 2018 y 2019 pasó de 1,9 millones a cinco millones de euros. La unidad vigila y rebate los infundios propagados por fuerzas exteriores, en particular, por medios ligados al Kremlin. Pero en los últimos meses también ha colocado en el punto de mira a China.

En 2018, la Comisión adoptó una Comunicación que fijó la estrategia para combatir las noticias falsas a escala europea e instó a los Gobiernos a diseñar su propio plan e, incluso, a estudiar regímenes de apoyo financiero a un periodismo de calidad. La Comisión también elaboró un código de conducta y propició el establecimiento de una red europea independiente de verificadores de datos. En junio de este año se puso en marcha, además, el Observatorio Europeo de Medios Digitales, dirigido por el Instituto Europeo Universitario, con sede en Florencia, y formado por un consorcio entre el Centro Tecnológico de Atenas, la Universidad de Aarhus y la organización italiana de verificación Pagella Politica.

Financiado por la UE con 2,5 millones de euros, el Observatorio desarrollará una plataforma de verificación que aspira a convertirse en el eje central de las campañas europeas contra la desinformación. En una segunda, y con un presupuesto previsto de 9 millones de euros, establecerá observatorios a nivel nacional y regional por toda la UE.

Bruselas también ha llegado a acuerdos con las grandes plataformas digitales para que frenen la desinformación, definida por la Comisión como “información verificablemente engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público”. En aplicación de ese código, durante la campaña de las elecciones europeas, Google tomó medidas contra más de 130.000 cuentas; Facebook desactivó 2.200 millones de cuentas falsas y YouTube cerró más de tres millones de canales.

Reino Unido. En abril de 2018, el Cabinet Office (equivalente al Ministerio de la Presidencia español) del Gobierno británico puso en marcha la Unidad de Respuesta Rápida (RRU, en sus siglas en inglés), con el objetivo de contrarrestar la dispersión en internet de noticias falsas o campañas de desinformación. La unidad dispone de un equipo central de analistas y expertos en datos, comunicación digital y medios. De manera habitual, emite correos electrónicos informativos para uso interno del Gobierno, así como informes en profundidad de fenómenos puntuales.

La unidad desarrolló un modelo de trabajo bautizado con el acrónimo FACT, que responde a cuatro fases de respuesta: Find (encontrar), Assess (Valorar), Create (Crear) y Target (objetivo). El objetivo previo es detectar asuntos o discusiones en redes sociales o páginas web que pueda ser catalogado como desinformación y afecte de algún modo al Gobierno o a sus tareas. Una vez estimado el alcance de la “amenaza”, se valora la necesidad de una respuesta. En caso afirmativo, se recomienda al departamento de prensa del ministerio o institución afectado una posible estrategia de comunicación, que nunca pasa por una contestación directa. Se trata de crear un contenido que “reequilibre la narrativa” y promueva la versión oficial. Y para ello, debe entenderse claramente el objetivo (el sector de la ciudadanía) al que va dirigido el mensaje.

La RRU actúa en estrecha coordinación con el Equipo de Comunicaciones de Seguridad Nacional del Reino Unido, especialmente durante la vigencia de una crisis puntual. Un ejemplo de su actividad fue la información suministrada al Gobierno para responder al ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, cuando puso en duda el origen del agente nervioso utilizado para intentar asesinar al doble agente Serguéi Skripal y su hija en marzo de 2018, en la localidad británica de Salisbury. “En los días posteriores al incidente de Salisbury, el Gobierno británico tuvo que enfrentarse al menos a 30 narrativas falsas agitadas desde el Kremlin”, denunció entonces Alex Aiken, director ejecutivo del Servicio de Comunicaciones del Gobierno británico.

Durante los últimos meses han proliferado las campañas de desinformación referidas a la pandemia. Para frenarlas, el Ministerio de Cultura, Digitalización y Medios ha puesto en marcha su propia Célula Contra la Desinformación, que se nutre en gran parte del trabajo de la RRU. Hasta la fecha, se ha detectado un promedio de 70 “incidentes semanales” con noticias falsas o confusas sobre el virus. A finales de marzo, un artículo publicado en la página web WND.com aseguraba que un médico estadounidense había curado a cientos de enfermos de la covid-19 con una combinación de zinc y un fármaco antimalaria. Más de la mitad de los lectores de la noticia eran del Reino Unido, y llegaron a ella a través de Facebook o Twitter.

La tarea de detección y respuesta frente a la desinformación se ha reforzado con una campaña de toma de conciencia pública de la amenaza, llamada Don´t Feed The Beast (No Alimentes a la Bestia). Indica a la ciudadanía cinco puntos clave para saber cuándo está enfrentándose a fake news: Asegurarse de que la información procede de una fuente fiable; leer siempre más allá del titular; comprobar los hechos que se afirman; observar si las imágenes han podido ser editadas o retocadas; y, finalmente, comprobar si hay errores gramaticales flagrantes.

No existe en el Reino Unido, más allá de alguna crítica puntual, un debate público sobre las medidas emprendidas por el Gobierno. Por el contrario, el consenso es bastante amplio a la hora de reconocer la amenaza que supone la proliferación de fake news.

Italia. La política italiana se sumergió hace tiempo en una guerra de información falsa generada por los propios partidos. A golpe de memes y mensajes en las redes sociales, el Movimiento 5 Estrellas o la Liga fueron ganando consenso entre sus votantes. Ninguno se mostró especialmente preocupado en combatirlo. Sin embargo, a finales de julio se aprobó la creación de una comisión de investigación sobre la materia compuesta por 20 diputados y senadores. Tendría 18 meses para encuadrar el fenómeno y proponer nuevas leyes. La propuesta fue impulsada por el Partido Democrático e Italia Viva (el partido de Matteo Renzi) y rechazada por toda la oposición. El principal objetivo es el de combatir la desinformación alrededor de las noticias sobre la pandemia, pero deberán estudiarse también “si hay actividades con finalidad de odio, o de incitamiento a la discriminación o a la violencia por motivos raciales o nacionales”. Según explica el diputado del PD Emanuele Fiano, que firmó el proyecto, “cuando se termine esta primera fase se propondrán en el Parlamento nuevas normas para combatir el fenómeno”. Fiano, además, admite que la derecha no quiso que se aprobase porque pensaba que “se quería cerrar la boca a todas las opiniones que no correspondan con la opinión dominante”.

Francia. A pesar de las denuncias de parte de la oposición y de algunos medios de ser “liberticida”, Francia cuenta desde finales de 2018 con una ley para “proteger la vida democrática de las fake news”, en palabras del presidente francés e impulsor de la normativa, Emmanuel Macron.

Las leyes “relativas a la manipulación de la información” —técnicamente son dos, una ordinaria para las campañas europeas y legislativas y otra orgánica para las presidenciales— buscan “luchar contra la manipulación de la información en la era digital y frenar la difusión de falsas informaciones durante los periodos de campaña electoral”.

La legislación francesa permite a un candidato o a un partido recurrir a un juez para que emita un recurso de urgencia que frene la difusión de “informaciones falsas” durante los tres meses precedentes a un escrutinio nacional. Antes de bloquear, por ejemplo, una página web, el juez deberá constatar, en un periodo de 48 horas, si esas informaciones falsas han sido difundidas de “forma artificial o automatizada” y de manera “masiva”. El Consejo Constitucional validó la ley, pero precisó además que el juez solo puede cesar la difusión si el carácter “inexacto o falso” de la información es “manifiesto” y si también se corre un riesgo real “de alteración de la sinceridad del escrutinio” con esa información.

La normativa también proporciona medios para interrumpir la difusión de “servicios de televisión controlados o influidos por un Estado extranjero” e impone asimismo a las plataformas digitales como Facebook o Twitter una “mayor transparencia” durante el periodo electoral cuando difunden contenidos por una remuneración. Además, aquellas que superan un cierto volumen de conexiones diarias, deben tener un representante legal en Francia y hacer públicos sus algoritmos.

Alemania. El Gobierno federal alemán, aunque es consciente de que la información falsa y engañosa se está convirtiendo cada vez más en un problema social y político no tiene ningún mecanismo legal para calificar y combatir la difusión de las fake news y deja en manos de la Agencia Federal de Educación Cívica el estudio sobre la desinformación en el país. En cambio, ofrece en su web -bundesregierung.de-, instrucciones para poder detectar noticias falsas en solo tres pasos. Una vigilancia de las redes y una “respuesta política” a las campañas de desinformación, como quiere hacer el Gobierno español, es impensable en Alemania.

El combate a la desinformación está en manos de las redacciones de los medios o de organizaciones sin ánimo de lucro como Correctiv. En esta, para comprobar los hechos, los periodistas siguen los consejos de los lectores y buscan en los medios posibles noticias falsas. Luego se ponen en marcha en busca de pruebas (testigos oculares, documentos, opiniones de expertos). La investigación es de libre acceso. El centro se financia con donaciones. Junto a Correctiv, la agencia de noticias más grande de Alemania, DPA, también apoya a Facebook en su verificación de hechos.

Con información de: Bernardo de Miguel; Rafael de Miguel; Daniel Verdú; Silvia Ayuso y Enrique Müller.