El Gobierno vigilará las redes y dará una “respuesta política” a las campañas de desinformación

El Gobierno hará una monitarización permanente de las redes a la búsqueda de noticias falsas y dará una “respuesta política”, estudiando la adopción de medidas de represalia, cuando se pueda atribuir a un Estado extranjero la autoría de una campaña de desinformación contra España. Así figura en el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, aprobado el pasado día 6 por el Consejo de Seguridad Nacional y publicado este jueves en el BOE por orden del Ministerio de la Presidencia.

El documento prevé la posibilidad de realizar campañas de comunicación para contrarrestar las noticias falsas, aunque no de censurarlas, pero deja en las manos exclusivas del Gobierno la potestad de decidir qué es desinformación. El protocolo actualiza el vigente desde marzo de 2019, que no se hizo público, y regulariza una actividad que se inició ya bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

La orden parte de la base de que el uso de noticias falsas dirigidas a desestabilizar un país o interferir en su opinión pública por parte de un tercer Estado constituye una forma de agresión; en especial, durante los procesos electorales, “cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática, de desinformación que persigue influir en la sociedad con fines interesados y espurios”. Aunque no menciona casos concretos, la interferencia rusa ha quedado acreditada en la campaña electoral estadounidense de 2016, que dio la victoria a Donald Trump, o en el referéndum del Brexit, en el mismo año.

La publicación de la orden levantó una polvareda de críticas. El procedimiento no deja claras las atribuciones de la comisión coordinada desde La Moncloa que combatirá las campañas de desinformación y al hablar de los medios digitales genera dudas sobre su alcance. Además, solo en uno de los cuatro niveles de respuesta se refiere a ataques de terceros Estados, de modo que en principio es aplicable a supuestas campañas de desinformación españolas, con los riesgos que ello conlleva.

El Gobierno salió anoche al paso de estas críticas y señaló que “el procedimiento aprobado tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país”, pese a que la norma no lo diga expresamente.

“En ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones”, señala también el Gobierno. “Lejos de la interpretación que se está queriendo dar, es justo un mecanismo para evitar que campañas de desinformación puedan convertirse en una amenaza para nuestras democracias y los valores de libertad y derechos que las sustentan”, añade el Gobierno, que enmarca esta iniciativa en un esfuerzo coordinado de todas las democracias europeas.

A la hora de definir la desinformación, la orden se remite a la definición de la Comisión Europea: “Información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público”. Eso incluye los procesos electorales, pero también sectores como la salud, el medio ambiente o la seguridad. Así se ha evidenciado, subraya, con motivo de la actual pandemia de covid-19, acompañada de una “infodemia [proliferación de noticias falsas] sin precedentes”.

En aplicación del plan de acción aprobado por la UE en diciembre de 2018, que instaba a los Estados miembros a desarrollar sus capacidades para hacer frente a este fenómeno y a coordinarse entre sí, el Gobierno dio luz verde en marzo de 2019 a un primer protocolo que no se hizo público. El aprobado ahora actualiza y saca a la luz el sistema español de lucha contra la desinformación.

Al frente del mismo sitúa un comité permanente, coordinado por la Secretaría de Estado de Comunicación y dirigido por el Departamento de Seguridad Nacional, con el objetivo de “asegurar la coordinación interministerial en el ámbito de la desinformación”. De este comité forman parte el servicio secreto CNI (Centro Nacional de Inteligencia); el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad; la Dirección de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes del Ministerio de Asuntos Exteriores; o la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial del Ministerio de Economía.

El documento reconoce que “los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general juegan un papel esencial en la lucha contra la desinformación, con acciones como la identificación y no contribución a su difusión, la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo herramientas para su evitar su propagación”. Sin embargo, las asociaciones profesionales de periodistas o de medios de comunicación no estarán representados en este sistema, por lo que la decisión sobre qué es o no una campaña de noticias falsas queda exclusivamente en manos de la Administración.

El texto solo indica que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de aquellas organizaciones o personas cuya contribución se considere oportuna y relevante en el marco de la lucha contra el fenómeno de la desinformación”.

El protocolo establece cuatro niveles de activación del sistema. El primero, de carácter técnico, consiste en la monitorización y vigilancia de la red, para detectar y analizar las campañas de desinformación, investigar su origen y propósito, seguir su actividad, lanzar una alerta temprana y elevar el caso a un nivel superior o archivarlo, en función de su trascendencia (grado de expansión de las noticias falsas, persistencia en el tiempo y posibles efectos).

En el segundo nivel, se realiza el seguimiento y evaluación de la campaña de noticias falsas por parte de la Comisión Permanente contra la Desinformación, se activa una célula de coordinación y, si persiste su gravedad, se eleva al “nivel político-estratégico”, que corresponde al Comité de Situación o Gabinete de Crisis del Gobierno, ya en el tercer nivel. Al cuarto y último corresponde la “respuesta política” por parte del Consejo de Seguridad Nacional, que puede ir de la protesta diplomática a la denuncia ante un organismo internacional, entre otras, cuando la autoría de la campaña de desinformación puedda atribuirse a un Estado extranjero.

Respecto a las actuaciones para hacer frente a las noticias falsas, el protocolo menciona el intercambio de información con el Sistema de Alerta Rápida (SAR) de la UE y la coordinación con los StratCom (Centros de Comunicación Estratégica) europeos para la identificación y análisis de “eventos desinformativos”. También prevé la realización de campañas de comunicación pública por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación para tratar de contrarrestar las noticias falsas.

En cambio, no menciona la posibilidad de hacer gestiones ante las grandes compañías tecnológicas para que eliminen de sus plataformas contenidos vinculados a campañas de desinformación. Esta es una práctica común de todos los gobiernos, aunque la última palabra la tienen los gestores de las redes sociales.

En realidad, las medidas incluidas en el protocolo se vienen aplicando desde hace tiempo, ya con el anterior Gobierno del PP, que monitorizó las redes para detectar las campañas de intoxicación informativa ligadas al proceso independentista catalán.

El documento anuncia la elaboración de una futura Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación y la realización de simulacros, tanto a nivel nacional como europeo, para poner a prueba la eficacia del sistema. Como en el Ejército (no en vano, el departamento de Seguridad Nacional está dirigido por un general), se trata de preparase con ejercicios y maniobras para un nuevo tipo de guerra: la guerra de la desinformación.