Vox mantiene en vilo el Presupuesto andaluz que el Gobierno de Moreno aprobará el miércoles

El Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno (PP) aprobará el próximo miércoles el proyecto de ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2021, sin esperar a tener el visto bueno total de Vox, su principal sostén parlamentario. El Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos se tirará a la piscina porque sabe que hay agua, aunque el temor a que alguien tire del tapón del desagüe está ahí. El viraje del líder del PP, Pablo Casado, respecto al partido de Santiago Abascal visualizado en la moción de censura ­―“No queremos ser como usted, porque no queremos ser como usted, el partido de la mentira y la involución”― pone en un brete a los suyos en Andalucía que, paradójicamente, deseaban un giro al centro del partido.

Las negociaciones de Vox con la Consejería de Hacienda están suspendidas desde el 22 de octubre, cuando Casado se subió a la tribuna para explicar de manera demoledora su rechazo a la moción de Abascal. Pero ya había mucho trabajo adelantado, según fuentes del PP, que destacan que Vox no ha planteado nada “inasumible” para las cuentas de 2021, las más importantes no solo de la legislatura sino de los últimos años. Todas las partidas, afirman desde el Gobierno, están marcadas por la lucha contra la pandemia. De hecho, le llaman “el Presupuesto Covid”.

El Ejecutivo autónomo no quiere parar el reloj de la tramitación parlamentaria del Presupuesto, que consume unos dos meses entre debates en comisión y plenos para que esté plenamente en vigor el 1 de enero. La semana pasada decidió retrasarlo siete días para dar tiempo a que Vox reaccionara y se recompusiera, pero la posición del partido de ultraderecha no ha variado y el pulso lo mantiene por ahora. Se verán las caras cuando se abra el Registro para las enmiendas a la totalidad, a mediados de noviembre, según dio a entender en su cuenta de Twitter su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández.

Fuentes del Gobierno confían en que una vez que las cuentas entren en el Parlamento para su discusión y aprobación final la negociación que mantienen con todos los grupos, ­también con la oposición de PSOE y Adelante Andalucía (o lo que quede de la coalición de izquierdas), ­ entrará en otra fase, ya con las cartas encima de la mesa. Para el PP y Ciudadanos, Vox sigue siendo su socio “preferente” y “prioritario” como han subrayado en los últimos días el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, y el portavoz del PP, José Antonio Nieto. También el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), apostó por “anteponer el interés general de los andaluces” a las “riñas partidistas”.

Las fuentes consultadas, que no ocultan cierta “preocupación”, aseguran que la decisión final de Vox depende de lo que decida Santiago Abascal, como ocurrió en la negociación del Presupuesto de 2019, al que Vox planteó una enmienda de devolución que retiró en el último momento. El Gobierno andaluz insiste en la necesidad de “encapsular” las relaciones políticas en Andalucía de las sedes nacionales de los partidos y considera que el pegamento que hizo posible enviar al PSOE a la oposición tras casi 37 años de mandatos sigue intacto.

Los socialistas han mantenido reuniones con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, de las que no han trascendido acuerdos concretos. Las líneas rojas que ha marcado el PSOE andaluz son el blindaje de las políticas sanitarias, educativas y servicios sociales. Según el Ejecutivo andaluz esas tres patas están garantizadas y el proyecto de ley de Presupuestos presentará “incrementos muy importantes” respecto al último presupuesto del PSOE. “Habrá una inversión histórica en educación, sanidad y servicios sociales. Tienen la excusa perfecta para apoyar las cuentas”, dicen desde el PP. La secretaria general socialista y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido al presidente Juan Manuel Moreno que elija entre Vox o el PSOE.

El Presupuesto andaluz para 2021 rondarán los 40.000 millones de euros, un 3,2% más que el ahora en vigor. La comunidad podrá incurrir en un déficit del 2,2% del PIB. La mitad lo asumirá el Gobierno central.