Fernández Díaz juega sus cartas en Kitchen tras implicarle su ex ‘número dos’

Llega el plato fuerte en el caso Kitchen. 56 días después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera la imputación de Jorge Fernández Díaz por su supuesta implicación en la trama —y 42 días después de que el juez lo aceptara—, el exministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy ha desfilado este viernes por la Audiencia Nacional para sentarse ante al magistrado Manuel García-Castellón. La cita era a las 9.30 de la mañana. Le toca jugar sus cartas. Justo 24 horas después de que su antigua mano derecha, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, hiciera el mismo camino y le ralatara al instructor que su superior tuvo conocimiento de la operación de espionaje en 2013 a Luis Bárcenas. Un dispositivo “parapolicial” que se desplegó sin control judicial y supuestamente para intentar sustraerle al extesorero del PP documentos comprometedores que pudiera guardar sobre su partido.

El exministro llega con ventaja. Sabe qué dijo su viejo subordinado este jueves. Aun así, el propio testimonio de Martínez y los mensajes de móvil que ambos intercambiaron en momentos claves de la operación clandestina son las principales pruebas de cargo contra Fernández Díaz, al que el magistrado, en el auto en el que acordó su imputación, sitúa en el “centro nuclear” de la operación y con participación directa.

La declaración del ex secretario de Estado fue clara. El ex número dos de Interior afirmó que su jefe tenía constancia, prácticamente desde el inicio, de que había una operación en marcha y de que en ella participaba como confidente el chófer de Bárcenas, al que la trama pagó 50.000 euros procedentes de los fondos reservados: a razón de 2.000 euros al mes. A ello se suman los mensajes de teléfono, los archivos intervenidos a Martínez y otros que depositó ante notario. En uno de ellos se leía: “Chofer B. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”, en referencia al conductor contactado por la trama para espiar al extesorero y a su esposa, Rosalía Iglesias. En otro, se indicaba que “la operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y un iPad)”, aludiendo a la sustracción de los teléfonos de Bárcenas y su pareja para acceder a su contenido, otras de las acciones sin control judicial de la Operación Kitchen.

Pese a ello, Fernández Díaz ya anticipó parte de su línea de defensa en un recurso que presentó en la Audiencia Nacional a finales de septiembre para pedir que se levantase su imputación. En ese escrito, el exministro intentaba desacreditar la validez de los mensajes. Fernández Díaz llegó a asegurar que estaban manipulados y calificó su contenido de “totalmente inverosímil y contradictorio”. El político pedía una prueba pericial que certifique que eran reales y recriminaba al juez que no la hubiera practicado antes de acordar su imputación. El magistrado lo rechazó.

Su estrategia no acaba ahí. El exministro esgrimió en su defensa que él “no estaba al corriente ni participaba en la ordinaria gestión y control” de los fondos reservados. El político señalaba que esa función era, precisamente, del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. También alegaba que, en los dos años que dura la investigación judicial sobre el espionaje a Bárcenas, su nombre no había aparecido hasta ahora en ningún informe policial ni en los audios intervenidos al comisario jubilado José Manuel Villarejo, participante en la trama y en prisión desde 2017.

Fernández Díaz también se escudó en que la supuesta documentación que se pretendía arrebatar al extesorero del PP no le afectaba ni perjudicaba y recuerda que su nombre “nunca” apareció en los llamados papeles de Bárcenas, que reflejaban la existencia de una caja b en su partido. Por todo ello, concluía que su imputación se sustentaba, en su opinión, en “meras conjeturas y suposiciones genéricas”. Dos semanas después, el juez rechazaba el recurso y recalcaba que existen “indicios que claramente le incriminan”. “Interior fue el centro desde el que se desarrolló” el espionaje ilegal, apostillaba el magistrado en aquel auto.