El juez confirma la imputación de Fernández Díaz por los “indicios que claramente le incriminan”
“Interior fue el centro desde el que se desarrolló [Kitchen]”, subraya el magistrado García-Castellón
Fracasa el intento de Jorge Fernández Díaz de tumbar su imputación por la Operación Kitchen, la trama parapolicial urdida supuestamente en la cúpula del Ministerio del Interior para espiar sin control judicial a Luis Bárcenas y arrebatarle documentación comprometedora para altos cargos del PP. El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso, ha rechazado su recurso al considerar que existen “indicios que claramente le incriminan”. “Interior fue el centro desde el que se desarrolló”, apostilla el magistrado en un auto firmado este mismo viernes, donde se mantiene la declaración como investigado del antiguo dirigente popular. La cita está prevista para el 30 de octubre.
A lo largo de un escrito de siete páginas, García-Castellón rechaza todas las alegaciones de Fernández Díaz. El exministro del Interior afirmó no saber nada del espionaje a Bárcenas y acusó a su antiguo número dos y ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de haber manipulado los mensajes de móvil que le señalan. Según él, su imputación solo se basa en “sospechas y conjeturas”. Pero el instructor descarta esa tesis. “[Su declaración] resulta necesaria, útil y pertinente, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente, con la participación directa del ministro y actuando por delegación de este, al parecer, el secretario de Estado”, reitera el juez.
Su citación como investigado “no se basa en su mera condición de ministro en el momento de la operación”, continúa el magistrado en su auto, rechazando así la teoría de la defensa de Fernández Díaz de que se le llama a declarar simplemente porque ocupaba el máximo cargo del ministerio cuando se puso en marcha Kitchen. Los investigadores han dado, de hecho, veracidad a los mensajes de móvil que le implican. En uno de ellos se leía: “Chofer B. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”, en referencia al conductor contactado por la policía patriótica para espiar a Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias. En otro mensaje se indicaba que “la operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y un iPad)”, aludiendo a la sustracción de los teléfonos del extesorero y su pareja para acceder a su contenido.
Desde que se abriera esta investigación, pieza separada del macrosumario del caso Tándem, los investigadores han apuntado a la cúpula de la Policía e Interior durante la etapa de Fernández Díaz. La Unidad de Asuntos Internos encontró en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de la trama y encarcelado desde 2017, archivos de audios que revelaban un “operativo policial denominado Kitchen o Cocina, el cual tendría por objeto la localización de documentos, así como el descubrimiento de actividad de interés policial-judicial, relacionada con la actividad del extesorero del PP”. Según el primer juez instructor, Diego de Egea, esa operación buscaba “localizar documentos y archivos de audio [en poder de Bárcenas] que resultarían comprometedores para determinados dirigentes del PP”.
García-Castellón, que asumió las pesquisas después de que su predecesor dejase la Audiencia Nacional, coincide y añade que todo se planificó desde “órganos superiores o directivos de la Administración General del Estado”, entonces en manos del partido conservador. La intención de los sospechosos era, presuntamente, hacerse con la documentación en poder del tesorero antes de que la encontrara el juez que investigaba el escándalo de los papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS en enero de 2013.
En total, Kitchen suma ya 12 imputados. Entre ellos, el máximo responsable de la Policía Nacional con Mariano Rajoy, Eugenio Pino; y varios comisarios, como el propio Villarejo; Andrés Gómez Gordo, asesor de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha; y Enrique García Castaño, que colabora con la justicia y que ha confesado que coordinó el operativo de seguimiento a Bárcenas, que les permitió hacerse con varios de sus dispositivos electrónicos. Su contenido, dijo el agente, se descargó en un ordenador para dárselo a Francisco Martínez, también imputado. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado citar como investigada a Cospedal, pero de momento el juez ha rechazado esa petición.
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