Pablo Iglesias pide anular el escrito que el juez del ‘caso Dina’ envió al Supremo para imputarle

Pablo Iglesias pasa a la ofensiva. El líder de Podemos ha presentado un nuevo recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional donde pide anular el auto del juez Manuel García Castellón, instructor del caso Dina, con el que acordó elevar al Tribunal Supremo la exposición razonada para imputar al vicepresidente segundo del Gobierno. En su escrito, de 23 páginas y al que tuvo acceso EL PAÍS, el dirigente político considera que la decisión del magistrado “deja sin efecto material” la decisión de la Sala de devolverle la condición de víctima y, además, afirma que el juez actúa de “forma arbitraria e injustificada”. La Fiscalía Anticorrupción ya ha mostrado también su oposición a que se abra a Iglesias una investigación en el alto tribunal.

A lo largo de su recurso, el secretario general de Podemos carga por varios flancos contra la argumentación del juez. En primer lugar, su letrado recuerda que la Sala de lo Penal, la misma a la que dirige este escrito, ya corrigió en septiembre a García Castellón, que le había retirado a Iglesias la condición de perjudicado. El tribunal lo hizo tras concluir que existen indicios de que la organización criminal encabezada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo pudo estar detrás de la difusión del contenido del móvil de la antigua asesora de Iglesias, Dina Bousselham, cuyo robo denunció en 2015, y que acabó publicado en varios medios, como la web Okdiario. Además, en ese auto, los magistrados añadían que “no hay pruebas” que sustenten las “hipótesis alternativas” que planteaba el instructor, que llevaba semanas con la diana colocada en el vicepresidente segundo del Gobierno.

A ojos de la formación de izquierdas, elevar ahora esa exposición razonada supone una contradicción: si Iglesias fue presuntamente damnificado por la trama de Villarejo, como dice la Sala; no pudo urdir una conspiración para presentarse falsamente ante la justicia como víctima de la misma para sacar beneficio político, como le acusa García Castellón. “[El juez] acuerda proceder contra la parte respecto a la que la Sala de lo Penal ha establecido que procede la recuperación y el mantenimiento de la condición de perjudicado en estas actuaciones”, subraya el recurso, fechado el 16 de octubre.

En ese documento, además, el vicepresidente acusa al instructor de haber vulnerado su derecho de defensa y trata de desmontar los cuatro delitos que le atribuyó en su exposición razonada: denuncia falsa, simulación de delito, daños informáticos y descubrimiento y revelación de secretos con “agravante de género”. Sobre los dos primeros, el abogado de Iglesias recuerda que no fue Podemos quien vinculó el robo del móvil con Villarejo para denunciar la trama, sino que fue la Unidad de Asuntos Internos quien lo hizo. Ese grupo de la Policía Nacional envió el 19 de marzo de 2019 un informe al juez donde establecía el nexo entre la sustracción del teléfono de Bousselham, la publicación de su contenido y la organización del comisario jubilado. Una tesis que Anticorrupción dio por válida. Al igual que el juez en un principio, ya que fue quien llamó a declarar al dirigente de izquierdas como víctima.

Daños “sin acreditar”

Aun así, en su exposición razonada, García Castellón subraya que Iglesias orquestó una “falsaria” campaña para presentarse como víctima de la policía patriótica (agentes que durante la etapa del PP en el Gobierno supuestamente habían actuado contra sus rivales políticos). Según mantiene el instructor, en julio de 2016 se celebró una reunión en el seno de Podemos donde su líder “explicó a sus compañeros que sabía que las imágenes publicadas [en Okdiario], eran fruto de una filtración de gente del propio partido”. Pese a ello, vio una “oportunidad de actuar” contra esa web, activando al equipo jurídico para que actuara contra ella y, posteriormente, acudiendo a la Audiencia a declarar en el caso Dina.

Una tesis que se basa en gran parte en la declaración de José Manuel Calvente, un exabogado del partido enfrentado con la cúpula y que contó esa supuesta reunión en la que, entre los presentes, se encontraría Gloria Elizo, actual vicepresidenta del Congreso, que niega que el líder de Podemos le diera esas directrices. De hecho, el antiguo letrado de la formación admitió que él no había estado en esa cita y que alguien se la había contado. Por ello, Iglesias afirma que, ante la “ausencia de indicios” contra él, el magistrado no puede seguir adelante con su teoría apoyándose en “las meras declaraciones de un testigo con enemistad manifiesta” contra la formación y sus dirigentes.

El vicepresidente del Gobierno mantiene en su escrito que tampoco “puede existir un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos”, que el instructor le atribuye por guardar durante seis meses la tarjeta del móvil de Bousselham que había recuperado a través de la extinta revista Interviú. El propio juez reconocía en su exposición razonada que este delito requiere una denuncia previa de la víctima. Y, como recuerda el abogado de Iglesias, la excolaboradora ya ha manifestado sus intenciones de no proceder contra su exjefe: “La víctima de la sustracción del móvil siempre ha expresado que Pablo Iglesias es perjudicado y víctima como ella. Y ha sostenido que nada tiene que reclamarle ni pedirle”.

Sobre el delito de daños informáticos, el líder de Podemos insiste en que no se ha conseguido acreditar que Iglesias deteriora la tarjeta. En este sentido, un informe de la Policía Científica ya concluyó que el dispositivo bajo sospecha presentaba un daño externo, pero todo apunta a que ese desperfecto se corresponde con el “lijado” que le hizo una compañía especializada para intentar rescatar la información que contenía. Pero el juez se agarra a que supuestamente tenía un “fallo” interno previo que atribuye a Iglesias. A lo que este responde que los informes policiales ya han concluido que “no se puede determinar, ni se podrá, el estado previo a constatarse tal daño [externo], por lo que no hay posibilidad de investigar a nadie por el supuesto estado previo”.

Más pesquisas

En su recurso, el dirigente político también se opone a dar por concluida ya la instrucción del caso Dina. A través del mismo auto donde acordaba elevar al Supremo la exposición razonada contra Iglesias, García Castellón acordaba procesar a Villarejo y a los dos periodistas de Interviú que, según dijeron, entregaron al comisario una copia de la tarjeta de Bousselham tras recibirla de forma anónima. Podemos considera que aún quedan hilos de los que tirar y recuerda que Villarejo afirmó que transmitió esos datos a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, encabezada por Eugenio Pino, supuesto muñidor de la policía patriótica. Pero a este nunca se le ha llamado a declarar por ello. “El juzgado nunca ha investigado tal extremo”, reprocha Iglesias en su escrito, donde solicita a la Sala de lo Penal que “estime íntegramente el recurso, declarando la nulidad radical del auto del [instructor] y la decisión complementaria de elevar la exposición razonada al Tribunal Supremo”.