La reforma exprés del Poder Judicial desata la indignación de la derecha en el Congreso

La reforma exprés de la ley orgánica del Poder Judicial a través de una proposición de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, que podría tramitarse y resolverse en unos dos meses, ha desatado la indignación de la derecha en la oposición, que ha endurecido al máximo sus ataques al Gobierno. A la portavoz popular en la Cámara baja, Cuca Gamarra, se le calentó la boca y llegó a equiparar al presidente Pedro Sánchez con un “dictador” aunque luego se corrigió y precisó que eran “sus conductas y los mecanismos que está impulsando” los que podrían considerarse “dictatoriales y autoritarios al apartarse de la buena salud democrática”. El PP y Vox ya han avanzado que si la proposición prospera y sale adelante, ya que cuenta de partida con 188 diputados de la mayoría que sostiene al Gobierno, la recurrirán al Tribunal Constitucional y a instituciones europeas. La derecha cuestiona, sobre todo, que este plan se haya llevado al Congreso como proposición de los grupos y no como proyecto de ley del Gobierno, que sería más lento y debería de pasar por los filtros de varios órganos consultivos del Estado.

Los portavoces del PSOE, Adriana Lastra, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, registraron este martes a las 12.30 horas la proposición de ley de los partidos de la coalición en el Gobierno para cambiar la ley orgánica que regula el Poder Judicial desde 1985 en España. La importancia del proyecto se constató mediáticamente con la presentación conjunta, por primera vez, de los dos portavoces en la sala de prensa del Congreso. Y, a continuación, por el nivel de virulencia que desató en los ataques al proyecto por parte de los tres partidos de la oposición en la derecha, desde el PP a Vox y Ciudadanos.

Adriana Lastra justificó la importancia de esta proposición en la necesidad de evitar el bloqueo que el PP está imponiendo desde hace casi dos años a la renovación de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, que lleva desde entonces caducado. La vicesecretaria general del PSOE enfatizó así que el PP ha roto en dos ocasiones los preacuerdos alcanzados con el Gobierno para ejecutar los cambios de vocales previstos en el mandato constitucional y que deberían corresponderse con la nueva mayoría progresista en las Cortes que salió de las últimas elecciones. El propio presidente del Consejo, Carlos Lesmes, ha requerido desde hace más de un año esa renovación en varias cartas a las presidentas del Congreso y del Senado, sobre los vocales que le corresponden renovar a ambas cámaras.

La dirigente del PSOE explicó las dos medidas que cambian con la reforma (en base a artículos que ya se cambiaron en 2013 en el proyecto de ley que llevó al Consejo de Ministros el entonces titular de Justicia, el popular Alberto Ruiz-Gallardón) y que se centran en permitir una mayoría absoluta simple (176 diputados) para actualizar a los 12 vocales que le corresponden a las Cortes en caso de boqueo (y no los 3/5 actuales, es decir 210 parlamentarios) y en limitar las atribuciones del Consejo si se queda prorrogado, sobre todo para nombrar a altos cargos judiciales. Lastra valoró que así lo que persiguen PSOE y Unidas Podemos es que el Poder Judicial pueda seguir funcionando eficazmente y no se quede bloqueado por actitudes y “calculos partidistas” como ahora la del PP.

Pablo Echenique abundó en esos principios enunciados por Lastra y acusó al PP de presumir de la Constitución pero actuar con bloqueos en su contra: “El constitucionalismo no se dice, se hace”. Lastra y Echenique enfatizaron mucho que los dos partidos en el Gobierno y la mayoría parlamentaria que les respalda “en el nuevo tablero político”, con hasta 188 diputados detrás, les concede “legitimidad democrática” para abordar ese cambio legal, incluso por la vía más rápida. La portavoz del PSOE calculó incluso que la reforma podría entrar en vigor en dos meses, gracias a ese proceso exprés, porque a finales de octubre su tramitación se tomará en consideración en un primer pleno en el Congreso, luego se remitirá a la comisión de Justicia y a la ponencia para su debate, se llevará al Senado y volverá ya a la Cámara baja para su ratificación final. Todos esos pasos se podrían completar antes de las Navidades.

El PP anunció inmediatamente que recurrirá esa propuesta en varias instancias. Su líder, Pablo Casado, lo reafirmó en Twitter: “Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado. No lo permitiremos: si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos”. Lastra consideró “paradójico” que el PP que no facilita el mandato constitucional de la renovación recurra a ese tribunal para tratar de impedir esa reforma. Echenique vaticinó que ese tipo de respuestas serán recurrentes por el PP en lo que queda de legislatura.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se expresó en su Twitter en línea con otro modelo de elección del Poder Judicial que viene reclamando ese partido: “Esta medida del PSOE y Podemos es un mazazo sin precedentes a la Justicia y a la separación de poderes. Lo que hay que hacer es despolitizar el CGPJ para que los jueces elijan a los jueces, no politizarlo aún más para repartírselo con los separatistas. Vergonzoso e intolerable”. Su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, abogado del Estado, tachó la proposición de “tropelía” e “infamia” y la encuadró en un intento del Ejecutivo “de cambiar las reglas de juego a mitad de partido” para entregar el Poder Judicial a “la mayoría Frankenstein”. En la misma línea se expresó el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros: "Es un ataque directo del Gobierno a las instituciones y a la democracia”. Vox anunció otro recurso al TC y acusó al Ejecutivo de usar la proposición parlamentaria como “artificio para cambiar los designios de la Constitución”.

La portavoz de Casado en el Congreso, Cuca Gamarra, que sustituyó este verano a Cayetana Álvarez de Toledo en la apuesta del líder del PP por un estilo de oposición supuestamente más moderado, se dejó llevar por su indignación en su comparecencia ante la prensa y llegó a tildar a Sánchez de “dictador” por considerar con estos planes de renovación para el Consejo que la mayoría parlamentaria exigida hasta ahora de 3/5 de los diputados ya no existe y que la que debe prevalecer en el futuro será solo la absoluta. Preguntada específicamente por si consideraba a Sánchez un dictador, Gamarra precisó: “Ha sido elegido democráticamente y yo no cuestiono la legitimidad de las urnas, solo faltaba, pero sus conductas y los mecanismos que está impulsando sí son de dictador, son conductas dictatoriales y autoritarias y se apartan de la buena salud democrática”.

Gamarra enmarcó esas duras críticas contra Sánchez y el Gobierno de coalición por “avanzar cada día un paso más en el deterioro y degradación del marco constitucional” y por el “fraude” de “no tener límite con tal de lograr su objetivo del poder absoluto sin controles ni contrapesos”. Con todas esas invectivas la dirigente del PP lo que quiso cuestionar fue que PSOE y Unidas Podemos hayan llevado adelante este plan con unos cambios de unos artículos en una proposición de ley de sus grupos en el Congreso y no con un proyecto de ley del Ministerio de Justicia, que requiere otros pasos más lentos y consultas al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio Consejo General del Poder Judicial. “¿Por qué no lo hacen así?, porque no tendrían esos informes favorables”, se respondió la portavoz popular.

Pero el PP, que este martes salió en tromba a cuestionar como “antidemocrático” ese comportamiento del Ejecutivo, ya utilizó esa misma vía de la reforma exprés del Poder Judicial en febrero de 2014 para cambiar con ese procedimiento de la proposición de su grupo parlamentario y sin informes consultivos la ley de jurisdicción universal.

El PP defiende formalmente que todavía existe una mayoría parlamentaria teórica de 3/5 de los diputados del Congreso (210 escaños) para ejecutar la renovación pendiente del Consejo si el PSOE en el Gobierno negocia con ellos y prescinde de su socio, Unidas Podemos, al que no conceden la posibilidad de entrar en ese órgano por sus críticas al jefe del Estado, al rey emérito y a los jueces en varios casos que investigan a esa formación. El PSOE rechaza esa opción y argumenta que ha tenido casi cerrados dos acuerdos con el PP que Casado boicoteó y que ahora tiene ya otros apoyos. ERC, Compromís y Más País, que suelen refrendar la mayoría de las iniciativas de la coalición gubernamental, arremetieron este martes contra esa actitud obstruccionista del PP pero Íñigo Errejón volvió a dejar un aviso preocupante al Ejecutivo por no negociar este tipo de planes antes de registrarlos: “El Gobierno está en minoría, una minoría pequeña, la absoluta no la tienen automática ni se activa con un silbato. Hay que negociar y cuidarla”.