La juez archiva el caso del inmigrante muerto en un olivar y abandonado en un centro de salud

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cazorla (Jaén) ha dado carpetazo al caso del inmigrante saharaui de 31 años Said Aballa, que, el 14 de diciembre pasado, falleció mientras trabajaba en la recolección de la aceituna. Tras su fallecimiento, el empresario que lo tenía empleado trasladó su cuerpo hasta el centro de salud de Pozo Alcón (Jaén), dejándolo abandonado en una camilla del consultorio médico. Ahora, 10 meses después, el Juzgado ha decretado el archivo del caso al entender que no hubo explotación laboral por parte del empresario (Said falleció de un infarto mientras cogía aceituna, según decretó la autopsia) ni tampoco ningún delito vinculado con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El auto de la jueza cierra la puerta a la vía penal, pero el empleador del temporero se enfrenta ahora a posibles sanciones económicas por haber incurrido en infracción administrativa al contratar al temporero careciendo de permiso de trabajo. Y es que, pese a llevar varios años en España (migró en solitario cuando era menor de edad), Aballa no tenía regularizada su situación en España.

En la sentencia de sobreseimiento del caso, la jueza considera que “no existen indicios sólidos y suficientes de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores”, según se indica en el auto divulgado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del que se ha hecho eco Europa Press.

La Guardia Civil detuvo poco después al dueño de la explotación agrícola en el que trabajaba Said cuando falleció. Al empresario agrícola de 34 años Francisco Moreno (que había sido apoderado de Vox y concejal del PP en su pueblo, Hinojares) se le imputó inicialmente un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, aunque quedó en libertad con cargos. Por su parte, los familiares del inmigrante saharaui declinaron personarse en la causa.

El Juzgado ha estado esperando ocho meses al informe de la Inspección de Trabajo de Jaén, donde concluía que no hubo incumplimientos vinculados a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que, por tanto, en lo ocurrido no había delito contra la seguridad e higiene en el trabajo. Y sostiene que “no se aprecia relación directa entre el fallecimiento y el incumplimiento de la condiciones materiales en aplicación a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. También la Fiscalía apoyó el sobreseimiento del caso.

Eso sí, tanto la Inspección de Trabajo como la Seguridad Social han apreciado por parte del empresario investigado incumplimientos en lo que respecta a derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social por dar ocupación al fallecido sin hacer obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de trabajo, algo que, según la jueza, serían “meras infracciones administrativas”. Para concluir que “no existe la suficiente relevancia penal” para considerar esta muerte como un caso de explotación laboral.

Los sindicatos del campo denunciaron en los días posteriores a la muerte de Said Aballa el alto porcentaje de contratación irregular en la campaña de la aceituna, una práctica por fortuna no generalizada. A los trabajadores en situación irregular se les suele pagar menos de lo que corresponde, unos 50 euros por siete horas de jornal, frente a los 65 que marca el convenio del campo.

Además, los sindicatos reclamaron más recursos de la Inspección de Trabajo contra la precariedad laboral en los tajos. En la provincia de Jaén, la mayor productora de aceite de oliva del mundo, solo hubo en la pasada campaña oleícola una decena de inspectores y en la campaña anterior apenas se impusieron medio centenar de sanciones, ninguna relacionada con la explotación de inmigrantes