Felipe VI tiene quien le proteja... incluso de más

Es por su bien, por el del país, y por sentido de la prudencia. Estas son las razones que voces gubernamentales susurran para explicar oficiosamente que han indicado al Rey que este viernes no debía presidir el acto de entrega en Barcelona de los despachos de la nueva promoción de jueces. “Hay un paquete de razones que aconsejan tomar esta decisión”, reconoce el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sin hacerlas públicas. El broche lo pone con la proclamación de que “es obligación del Gobierno defender a la Monarquía”.

El caso es que el Rey no irá a la Escuela Judicial, situada en lo alto de un monte, donde se puede llegar en helicóptero, faltando a un acto que preside desde que accedió al trono.

El asunto no es anecdótico porque ha puesto de manifiesto que el jefe del Estado no comparte esta decisión, aunque no puede imponerse al Gobierno, en seguimiento estricto de las funciones de la Corona y su relación con los poderes del Estado. No se trata, además, de vetar al Monarca en un acto de los que están dentro de sus funciones marcadas constitucionalmente, sino de un acto protocolario aunque no intrascendente.

La parte ofendida, el Poder Judicial, a través del Consejo General del Poder Judicial, y de representantes de las asociaciones judiciales, ha decidido que se sepa que si el Rey no acude este viernes a Barcelona es porque el Gobierno no le deja. Se excede el Poder Judicial en pedir explicaciones al Gobierno, se quejan en el ámbito socialista, pero con este episodio, el Ejecutivo marca a Cataluña como zona de peligro para el jefe del Estado. Le protege ¿de qué? Si es de muestras sonoras de desafecto, hay medios para que llegaran muy amortiguadas al acto. A no ser que haya que protegerle, además, de pronunciamientos del Gobierno de Cataluña, gravemente irrespetuosos hacia el Monarca. Queda otra barrera de protección que levantar, pero esta no es directamente en favor de Felipe VI sino del propio Ejecutivo. El Gobierno, y el país, necesita aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. No se resigna el Gobierno central a dar por perdido el apoyo de ERC, incluso de Junts per Catalunya. “Un conjunto de razones”, como señala el ministro de Justicia.

Del malestar quedará constancia en el acto con la intervención del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, encargado por sus miembros de dejar patente el disgusto con el Gobierno y el pesar por la ausencia del Rey. Solo puede hacer eso.

Como cualquier jurista sabe perfectamente, el caso no entra en el terreno de conflicto de competencias entre órganos constitucionales del Estado. No es una invasión por parte del Gobierno de atribuciones que al Consejo General del Poder Judicial le asignan la Constitución o las leyes orgánicas. Sin embargo, sí hay un choque. La justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Rey, de ahí su relevancia en actos como la solemne apertura del año judicial, y la importancia de su presencia en esta entrega de despachos de los nuevos jueces. El conocimiento público de que el Rey hubiera querido asistir a la entrega de despachos es una evidencia que tiene que asumir el Gobierno. Con ello, se alimenta la idea de que su presidente, Pedro Sánchez, no defiende al Rey y a la institución monárquica. No es así y el Rey lo sabe muy bien, enfatizan en el Gobierno. Pero sí ha habido un desencuentro, aunque la Casa del Rey calla, como es habitual, aunque sí ha querido que se sepa.