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El magistrado del Constitucional detenido por presuntos malos tratos pide la baja temporal por razones de salud

Fernando Valdés permanece hospitalizado desde hace varios días, mientras el Supremo ha iniciado la investigación sobre la denuncia realizada por dos testigos

Fernando Valdes
Fernando Valdés Dal-Ré, magistrado del Tribunal Constitucional, antes de su comparecencia en la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados en julio de 2012.Álvaro García
José María Brunet

El magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés, detenido el pasado día 10 de agosto por supuestos malos tratos en el ámbito familiar, ha solicitado la baja temporal por razones de salud. Transitoriamente, por tanto, el pleno del Constitucional quedará compuesto por once magistrados. La noticia saltó la noche del lunes al conocerse que habían sido suprimidos del orden del día los asuntos que llevaba Valdés para su debate en la reunión plenaria del tribunal que se inicia este martes.

El Constitucional ha emitido este martes al mediodía un comunicado oficial en el que confirma que el presidente del tribunal, Juan José González Rivas, “ha dado cuenta” al pleno “de la solicitud de baja médica del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, ingresado en un hospital de la Comunidad de Madrid”. La nota añade que el presidente ha informado también a los magistrados “del oficio remitido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional en el que se acuerda incoar diligencias de investigación respecto del magistrado Valdés y se designa magistrado instructor” de la causa abierta por un supuesto delito de maltrato.

Valdés, que sufre una grave enfermedad, lleva hospitalizado desde hace varios días. A causa de esta situación, ha sostenido contactos con el presidente del Constitucional, a resultas de los cuales ambos coincidieron en la conveniencia de dar carácter formal a dicha baja temporal.

Paralelamente, el Supremo acordó la semana pasada abrir una causa para investigar si el magistrado pudo incurrir en un delito de maltrato en el ámbito familiar, o si procede el archivo de las diligencias. En agosto último, dos testigos llamaron a la Guardia Civil tras haber escuchado que una mujer, la esposa de Valdés, pedía “socorro” desde una terraza de su domicilio, en Majadahonda. La supuesta víctima declaró que esa expresión fue en realidad de sorpresa al comprobar que su esposo la había seguido hasta esa terraza tras una discusión familiar que no había tenido trascendencia.

La Guardia Civil, sin embargo, consideró que había indicios del presunto maltrato y detuvo al magistrado, que fue primero atendido en un hospital, al sufrir un ligero trastorno, y más tarde puesto a disposición judicial. La juez de Majadahonda Elena Garde, que entendió inicialmente del caso, envió a su vez las diligencias al Supremo, mediante una exposición razonada, dado que los magistrados del Constitucional están aforados ante dicho Alto Tribunal. El instructor del caso en el Supremo, Andrés Martínez Arrieta, acordará en breve nuevas diligencias para aclarar los hechos y decidir si hay que abrir juicio oral o archivar el asunto. El magistrado Fernando Valdés es el encargado de redactar importantes sentencias pendientes en el Constitucional, como las relativas a la ley de Seguridad Ciudadana o la prisión permanente revisable.

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