Un testigo afirma que la mujer del magistrado del Constitucional detenido pidió auxilio

La juez de Majadahonda (Madrid) Elena Garde ha remitido al Tribunal Supremo la investigación sobre el magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés, detenido el pasado lunes por la Guardia Civil por una supuesta agresión a su esposa. Valdés fue arrestado y puesto a disposición judicial después de que dos testigos avisaran de que en un chalet de Majadahonda situado frente al parque público en el que ellos estaban se había producido la supuesta agresión. La juez instructora, especialista en violencia sobre la mujer, aprecia que existen indicios de un posible delito de malos tratos en el ámbito familiar y ha elevado una exposición razonada con los hechos a la Sala de lo Penal del Supremo, competente para investigar a Valdés dada su condición de aforado. La magistrada se basa esencialmente en el testimonio de uno de los jóvenes que avisó a la Guardia Civil, quien asegura que cuando se hallaba con un amigo en un parque situado frente al chalet en que ocurrieron los hechos “empezaron a escuchar gritos de auxilio”,

La exposición razonada, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, también recoge las declaraciones de la esposa del magistrado y del propio Valdés, quienes admitieron que hubo una fuerte discusión entre ambos, pero no agresiones. Valdés reconoció, no obstante, que en un determinado momento su esposa dio gritos de auxilio desde la terraza, al creer, una vez finalizada la disputa, que él la había seguido hasta la terraza para continuar la discusión. También que “puede ser que él la cogiera de los dos brazos y entraron los dos en la habitación”, aunque rechazó haber utilizado la violencia o haberla agredido.

El testigo, en cambio, detalló que, tras escuchar las voces, él y su amigo se acercaron al chalet y preguntaron a la supuesta víctima “si estaba bien”, momento en el que vieron “a un hombre que le agarraba del brazo y la metía para dentro”. Añadió que “el hombre cerró la cristalera de la terraza” y se les quedó mirando “aproximadamente entre un minuto o minuto y medio. Los cristales empezaron a vibrar, y se escuchó golpes como ‘pun, pun, pun’ [...]. Después de los cristales, echaron las cortinas”. Fue entonces, explicó, cuando llamaron a la Guardia Civil.

El magistrado fue detenido por la Guardia Civil horas después y puesto a disposición judicial después de que el testigo alertara de lo sucedido. Su esposa, que redujo lo sucedido a una discusión “casual”, no quiso denunciar ni ser examinada por un forense. La juez apunta en la resolución la supuesta comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, recogido en artículo 153 del Código Penal. Este artículo prevé una “pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días”, para quien “por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad” o “golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor”. La juez también destaca que el informe de Valoración Policial del Riesgo que concluye que este es “no apreciado”.

Tras conocerse la detención y puesta a disposición judicial de Valdés, de 75 años, el Tribunal Constitucional recordó que el magistrado sigue disfrutando de presunción de inocencia. Las circunstancias de su arresto han causado malestar en el seno del alto tribunal. Algunos magistrados de este órgano recuerdan que, en tanto que aforados, los jueces del Constitucional solo pueden ser arrestados en supuestos de flagrante delito y, sin embargo, Valdés fue conducido a dependencias de la Guardia Civil horas después de que dos jóvenes denunciaran que habían visto cómo una mujer, que resultó ser la esposa del magistrado, salía al balcón gritando y un hombre la introducía a la fuerza dentro de la vivienda. Estas fuentes también han expresado su disgusto porque ni la Guardia Civil ni la juez de instrucción comunicaron al tribunal la detención de uno de sus integrantes. Y destacan que su presidente, Juan José González Rivas, se enteró por los medios de comunicación.