Detenido un magistrado del Tribunal Constitucional como presunto autor de un delito de violencia de género

La Guardia Civil detuvo el lunes al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré como presunto autor de un delito de violencia de género. El arresto se produjo en el chalé que Valdés tiene en Majadahonda (Madrid) después de que unos jóvenes alertaran de los gritos de la esposa desde la terraza. Según fuentes judiciales, la mujer, que ha reducido el incidente a una discusión, no ha denunciado. Tras declarar ante la juez, quedó en libertad provisional sin fianza. El Constitucional se limitó a recordar que Valdés disfruta de presunción de inocencia.

La Guardia Civil acudió por primera vez a la vivienda de Valdés poco después de recibir, sobre las 18.30 del lunes, la llamada de dos jóvenes que, desde un parque cercano, habían oído gritos. Una hora más tarde, los agentes volvieron para tomar declaraciones. La mujer rechazó entonces el ofrecimiento de los agentes de presentar denuncia contra su marido, tras asegurarles que, tras 53 años casados, no tenía motivo. Sobre las 21.30, acudieron por tercera vez y procedieron a la detención. Según fuentes policiales, en ninguna de esas ocasiones Valdés se identificó como magistrado.

Conducido a dependencias del instituto armado, allí informó de que era magistrado y dijo que renunciaba al aforamiento, añaden estas fuentes. También pidió que no trascendiera su arresto a la opinión pública. Al comenzar a sentirse indispuesto, los guardias civiles trasladaron a Valdés a un centro hospitalario cercano, donde pasó la noche en observación tras sufrir una insuficiencia respiratoria. En la mañana de este martes, fue conducido ante la titular del Juzgado de Instrucción 7 de Majadahonda (Madrid). Tras tomar declaración al magistrado, a su esposa y a los testigos, la juez instructora acordó, a petición de la Fiscalía, su puesta en libertad provisional sin fianza. No constan denuncias previas por maltrato.

Elevar al Supremo

La magistrada tomó esta decisión tras valorar que el detenido sufre una grave enfermedad y su avanzada edad, 75 años, así como la situación sanitaria creada por la epidemia de la covid-19. Según informó el Tribunal Superior de Justicia en Madrid, la juez también tuvo en cuenta que, por su condición de magistrado del Constitucional, Valdés está aforado ante el Tribunal Supremo. En medios del Constitucional se estima que la titular del juzgado de Majadahonda formulará en breve una exposición razonada para elevarla al Supremo, para que sea este el que resuelva si procede el archivo de las actuaciones o la continuación del procedimiento.

La noticia de la detención provocó enorme perplejidad en el tribunal, donde sus integrantes mantuvieron ayer una actitud de reserva a la espera de conocer lo ocurrido. El presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, que estaba de vacaciones en Galicia, volvió inmediatamente a Madrid para informarse de lo sucedido y hablar con el magistrado. Según fuentes del alto tribunal, Valdés no piensa renunciar a su puesto. El Constitucional emitió una nota en la que recordaba que el magistrado estaba amparado por la presunción de inocencia. Tres asociaciones de jueces también se manifestaron en el mismo sentido y descartaron, de momento, pedir su dimisión.

Valdés es magistrado de este tribunal desde 2012, al que accedió a propuesta del PSOE. Su mandato terminó hace un año, pero el bloqueo político en la renovación del órgano ha provocado que siga en el cargo. Valdés ha redactado importantes sentencias en el Constitucional, entre ellas la relativa a la Ley de Seguridad Ciudadana —la ley mordaza— y a los recursos contra la prisión permanente revisable. Valdés es muy apreciado en el tribunal, donde se le considera muy sensible a temas sociales y derechos fundamentales, como el de igualdad.

Valdés, catedrático de Derecho del Trabajo, es el segundo magistrado del Constitucional acusado de un delito. En junio de 2014, Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, fue detenido por una patrulla de la Policía Municipal de Madrid tras saltarse un semáforo en rojo. Iba sin casco y presentaba una tasa de alcoholemia cuatro veces superior al máximo legal. López fue encausado por un delito contra la seguridad vial y dimitió.