La opositora del tatuaje tira la toalla

Uno de los primeros casos que se encontró la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando tomó posesión en junio de 2018, fue el de Estela Martín. El 19 de ese mismo mes, cuando se puso el bañador para realizar la prueba de natación, el presidente del tribunal de la oposición al Cuerpo Militar de Sanidad observó que esta licenciada en Psicología tenía un tatuaje de siete centímetros en el empeine derecho. Y la expulsó. Tras más de dos años de lucha para que se revoque esa decisión, Estela ha decidido tirar la toalla y dejar de pleitear.

La convocatoria consideraba causa de exclusión portar tatuajes visibles con los uniformes reglamentarios. El de Estela podía apreciarse con el uniforme femenino (falda y zapato abierto de tacón), pero no con el masculino (pantalón y zapato cerrado), por lo que varones con tatuajes similares pudieron realizar las pruebas sin problema.

Robles anunció que, en adelante, “el hecho de que una aspirante porte un tatuaje visible con la uniformidad en su modalidad de falda no será motivo de exclusión del proceso en el que esté participando” y que a partir de entonces solo se tendrían en cuenta los que se vean con el uniforme común.

Para resolver el problema planteado por Estela y otra compañera en su misma situación, el entonces subsecretario, Alejo de la Torre, decidió cortar por lo sano: optó por retrotraer el proceso selectivo al momento en que las dos opositoras con tatuaje habían sido excluidas y ordenar la repetición de todos los exámenes que los aspirantes realizan a la vez.

Pero mientras se tramitaba el recurso de Estela, la oposición no se interrumpió y, cuando Defensa tomó su decisión, ya había una lista final, a falta de su ratificación oficial. Siete de los opositores que habían obtenido plaza (seis mujeres y un hombre) impugnaron la repetición de las pruebas, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó la suspensión cautelar de las mismas, dejando toda la oposición en el limbo.

Dos años después, una sala formada por cuatro magistradas y un magistrado ha concluido que los otros opositores no tenían por qué pagar el trato discriminatorio a Estela y su compañera y que los aprobados entonces deben ser admitidos. La historia, sin embargo, está lejos de haber terminado. Antes de su relevo, el subsecretario ordenó la presentación de un recurso ante el Supremo, alegando que la exclusión de las dos aspirantes del tatuaje supuso la vulneración de un derecho fundamental, por lo que todas las pruebas realizadas con posterioridad son nulas.

El Supremo puede tardar más de un año en resolver, pero Estela no va a esperar. Aunque ser psicólogo militar era su ilusión, reconoce que, con 32 años, tiene que “buscar otro camino”. No se trata solo del coste económico que supone seguir pleiteando. “Llevo mucho tiempo con la vida hipotecada, trabajando a media jornada para poder preparar las oposiciones y no puedo seguir así”, asegura. “Aunque al final la Justicia me diera la razón, sería tarde”. No es la primera vez que mujeres que abren camino a las demás se quedan en el camino ellas mismas.