Los rastreadores del Ejército arrancan a medio gas

La incorporación de militares expertos en rastrear el coronavirus, la medida estrella del Gobierno para cooperar con las comunidades autónomas en la contención de la pandemia, arranca con lentitud. Transcurridas dos semanas desde que el presidente, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de estos profesionales en las comunidades que lo solicitaran, la búsqueda de contagios de covid apenas ha comenzado. De las 12 comunidades y las dos ciudades autónomas que han requerido esta ayuda, solo Melilla tiene ya trabajando en casos reales a los ocho militares asignados. Los trámites necesarios y el retraso de algunas administraciones territoriales en dar el visto bueno a la cooperación han dilatado el refuerzo de esta labor, que los expertos consideran clave para limitar la expansión de la enfermedad.

El Ministerio de Defensa alaba la disposición de las autonomías y argumenta que en la mayoría de los casos los rastreadores están trabajando ya, aunque de momento adaptándose a los diferentes sistemas informáticos de salud de las comunidades. “Quiero destacar el esfuerzo de las comunidades de hacerlo lo mejor posible. Los rastreadores ya están empezando a trabajar”, ha subrayado este miércoles la ministra, Margarita Robles, en Telecinco. Los 2.000 miembros de las fuerzas armadas que el Ejecutivo puso inicialmente a disposición de las comunidades han recibido formación especializada para realizar estas tareas. Además, Defensa cuenta con un sistema propio de rastreo para la detección precoz de la enfermedad entre el cuerpo militar.

Hasta el momento han solicitado rastreadores Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Madrid, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y Navarra. También las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según datos oficiales. Castilla-La Mancha, por su parte, ha comunicado informalmente su intención de disponer de entre 400 y 600 en reserva. Más allá de los ocho que operan en Melilla, los rastreadores están ya incorporándose a los sistemas informáticos de Murcia, Valencia y Canarias, entre otras. El caso más chocante es el de Madrid, que pese a registrar la mayor incidencia de la enfermedad en España, aún no ha firmado el convenio con Defensa. Fuentes del Gobierno regional aseguran que están a punto de formalizarlo. En los últimos días, los responsables de la Comunidad han esgrimido diversos problemas jurídicos para incorporar a los profesionales del Ejército, lo que ha retrasado todo el proceso, según explican fuentes de las fuerzas armadas.

Cuando detalló la medida, el pasado 27 de agosto, la ministra Robles aseguró que los despliegues serían inmediatos desde el momento en que lo solicitasen las comunidades. Sin embargo, la tramitación en dos pasos —las administraciones territoriales deben formular sus peticiones a Sanidad, que evalúa las necesidades de rastreadores y entonces las transmite a Defensa— y la adecuación de los militares a cada una de las plataformas digitales autonómicas han ralentizado esta labor en un contexto de crecimiento continuado de los casos de covid en España. Sanidad comunicó ayer casi 9.000 nuevos contagios registrados en las 24 horas anteriores.

Más allá de los retrasos en las autonomías que lo han pedido están las que no lo han solicitado. Son Cataluña, Extremadura, País Vasco y La Rioja, a pesar de que estas dos últimas —La Rioja con 392,6 casos por cada 100.000 habitantes y País Vasco con 372— son, después de Madrid, los dos territorios ahora con mayor incidencia acumulada. La mayoría argumenta que les bastan sus propios sistemas de detección.

Por si la remesa inicial no basta para atender las necesidades sanitarias de los distintos territorios, el Gobierno ha anunciado un incremento en el número de rastreadores. De los 2.000 identificados en un principio se ha pasado a 2.795 disponibles, según señaló este martes Pedro Sánchez en el Senado. El objetivo es seguir formando a otros profesionales para poder cubrir todas las necesidades sanitarias de las comunidades. El único requisito es que lo pidan.

Con información de Juan José Mateo y Laura J. Varo