Torra expulsa a tres de sus consejeros para facilitar la campaña a Puigdemont

En plena guerra interna entre los herederos de la extinta Convergència, Quim Torra destituyó este jueves a tres consejeros para reforzar las tesis más duras de ese espacio político y dar alas a Carles Puigdemont y Junts per Catalunya en detrimento del PDeCAT. La remodelación da aire al expresidente para impulsar su partido y su deseo de “confrontación inteligente” con el Estado en detrimento del PDeCAT, y aleja una inmediata convocatoria de elecciones en Cataluña, aunque los comicios serán inevitables si Torra es inhabilitado y el Parlament no elige a ningún sucesor, como él mismo reclamó el pasado lunes.

La justicia ha de tomar dos decisiones en las próximas semanas que influirán de manera determinante en la política catalana. El día 17 se verá en el Tribunal Supremo la vista para revisar la sentencia contra Torra, condenado a 18 meses de inhabilitación y el 25, un juzgado de Barcelona decidirá si Junts per Catalunya puede seguir empleando esa marca política que reclama el PDeCAT. Mientras llegan las sentencias y se convocan las elecciones por decisión de Torra o por la aplicación de la ley electoral, el expresident cerró este jueves cualquier vía de agua en ese sector del Govern —el otro es de ERC— y destituyó a los consejeros Àngels Chacón (Empresa y Conocimiento), Miquel Buch (Interior) y, Mariàngela Vilallonga (Cultura).

El relevo de Chacón era el más esperado, pues todos los pronósticos la sitúan como cabeza de lista del PDeCAT en las próximas elecciones y había quedado en el Govern como un verso suelto. Era la única consejera del espacio postconvergente que no había entregado ese carné para afiliarse a Junts, en contra de lo que hicieron sus compañeros de gabinete y de partido Meritxell Budó, Damià Calvet, Jordi Puigneró y Miquel Buch en cuanto supieron que Puigdemont se había dado de baja. Con todo, el consejero de Interior no ha logrado sobrevivir porque Torra lo tenía marcado hace meses. El pasado octubre lo desautorizó públicamente —aunque lo mantuvo en el cargo en un gesto político insólito—, por considerar que los Mossos d’Esquadra habían actuado con dureza en los altercados ocurridos contra la sentencia del procés, que convirtieron el centro de Barcelona durante varias noches en un campo de batalla en el que ardieron centenares de contenedores y decenas de vehículos.

El ala dura del independentismo entendió que la policía autonómica debería haber sido más condescendiente y también reprochó a Buch que el Departamento de Interior se personara como acusación en los procesos judiciales por las heridas sufridas por los policías.

Los sustitutos de los consejeros destituidos son el abogado Miquel Sàmper (Interior), el exeurodiputado Ramon Tremosa (Empresa) y Àngels Ponsa (Cultura), que ahora es directora general de ese departamento. El relevo se produjo de manera sorpresiva en la mañana de este jueves y Torra informó de los cambios al vicepresidente del Govern y líder de Esquerra Republicana, Pere Aragonès, al que le invitó a cesar algunos de sus consejeros. Fuentes del partido republicano se negaron a comentar lo que consideran “conversaciones privadas”.

Dos de los tres consejeros tomaron posesión en la tarde de este jueves, en un acto que Torra aprovechó para rebatir cualquier interpretación sobre los relevos que no sea la institucional. Así, aseguró que los cambios responden a la necesidad de “reforzar” departamentos clave para la gestión de pandemia. “Esto no va de nombres ni de individualidades”, aseguró. “Son tres departamentos que tendrán un papel determinante en los próximos meses y por ese motivo he decidido reforzarlos. Asumo el compromiso de poner al frente de cada lugar a las personas que pueden ofrecer un mejor resultado. No me mueve ningún otro objetivo, no tengo ningún otro interés que este”, añadió.

David Bonvehí, presidente del PDeCAT, se enteró de los relevos por los medios. La dirección de este partido se reunió de urgencia en la tarde de este jueves y realizó un diagnóstico de los hechos muy distinto del de Torra y calificó de “purga política” los cambios y un intento de silenciar al partido porque Àngels Chacón no rompió el carné, informa Àngels Piñol. “¿Por qué la han destituido? No lo sabemos”, aseguró el portavoz del PDeCAT, Marc Solsona.

La ya exconsejera Àngels Chacón publicó una carta en su cuenta de Twitter en la que asegura que es “doloroso” que el final de su etapa al frente de ese departamento se haya producido “de una forma tan abrupta y en un momento en el que el final de la legislatura se ve tan cerca”. Añade que su destitución “no es la despedida” e insinúa que Torra ha actuado así para favorecer a Junts. “A estas horas todos sois conscientes de las circunstancias que han llevado al president a tomar esta decisión”, dice.

“Yo no me he quedado” Miquel Buch se mostró más conciliador y desvinculó su destitución de la pugna en ese espacio independentista. “Yo no me he quedado en el PDeCAT”, dijo, al tiempo que puso en duda que sea por su gestión de los disturbios callejeros: “Lo hubiese entendido en el marco de lo ocurrido en octubre, no ahora”, dijo, informa Rebeca Carranco.

Toda la oposición, del PP a la CUP, coincidió una vez más en reclamar la convocatoria inmediata de elecciones. “Es un ajuste de cuentas”, dijo el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, para referirse a las destituciones. “Es lamentable que este Govern esté más pendiente de los codazos internos que de los problemas de Cataluña”, aseguró Lorena Roldán (Ciudadanos).

Los herederos de la antigua Convergència competirán ahora por una franja de electores que se habrán de repartir. Queda por ver el alcance de las bajas en el PDeCAT, que esa formación cifró en el 7% de los afiliados, aunque algunas son muy relevantes, como la de Puigdemont y cuatro consejeros. Este jueves se sumó la de Neus Munté, concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, expresidenta del PDeCAT y consejera y portavoz en el Gobierno de Artur Mas. El expresidente, por el contrario, mantiene la militancia y guarda silencio ante el cisma que vive el partido que creó para acabar con la imagen de corrupción que persigue a Convergència, condenada en el caso Palau a pagar 6,6 millones de euros por comisiones procedentes de la obra pública.