Las PCR en Andalucía se hacen esperar

En la calle, sin recursos y sin posibilidad de ocupar una plaza en un centro de acogida. Es la situación de una persona migrante estos días tras ser rescatado por Salvamento Marítimo y pasar el máximo legal de 72 horas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Roque (Cádiz). No ha podido acceder a un techo “ya que por parte del Sistema Sanitario Andaluz (SAS), el cual tiene las competencias de Sanidad, se ha denegado la realización de prueba PCR, sin la cual no puede entrar en el sistema de acogida”, según refleja un documento firmado por el inspector jefe del CATE de San Roque. Su situación es similar a la vivida por más de medio millar de migrantes en Andalucía -un centenar en esta última semana- después de que la Junta de Andalucía se comprometiera el pasado 20 de agosto a realizar los PCR a todas las personas migrantes que llegan en patera, como había exigido la Secretaría de Estado de Migraciones un mes antes.

La consejería de Salud y Familias de la administración andaluza, dirigida por Jesús Aguirre, confirma que todavía no se están haciendo las PCR a pesar de que el propio Aguirre se comprometió a ello desde el pasado lunes rectificando su negativa anterior. Fuentes de la consejería han explicado que la medida no se ha implementado porque estos días “se ha estado formando a los equipos” que realizarán las pruebas. No será personal sanitario y sí miembros de Cruz Roja, según han explicado fuentes de la consejería. Cuando pasen esa prueba y obtengan resultado negativo, ya podrán acceder al sistema de acogida. Actualmente, sin un documento que acredite su negativo, no pueden hacerlo para no poner en riesgo al resto de personas. El Gobierno central exigió el pasado 25 de julio que las comunidades, como administraciones competentes en Sanidad, hicieran la prueba. Andalucía se negó, pero desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se hizo nada para exigir el cumplimiento del documento.

“Valoramos que la Junta haya dado un paso adelante, pero no puede retrasarse más, porque las personas migrantes siguen quedando desprotegidas y en la calle sin manera de acceder a un centro de acogida”, subrayan desde la asociación almeriense Barbecho. “Las asociaciones se han cerrado en banda [a la hora de aceptar inmigrantes en sus propios centros] para evitar contagios”, subrayan fuentes policiales. La Policía Nacional se ve obligada así a dejar a los migrantes en la calle, “ya que con las fronteras cerradas tampoco es posible devolverlos a su país”. Según los datos que la consejería de Salud ofreció hace unos días, de las 1.967 personas migrantes que han llegado a la comunidad andaluza desde el pasado junio, solo 29 han dado positivo —el 1,4%— que cumplen o han cumplido su cuarentena en instalaciones destinadas a ello.

“Se está creando un problema social innecesario simplemente porque la Junta de Andalucía no asume sus competencias”, añade José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge, entidad que ya pidió hace días por carta a las administraciones que se pusieran de acuerdo y asumieran sus competencias, como también hizo el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. “Tras más de treinta años de llegadas a las costas, españolas, debería encontrarse la manera de conjugar el control eficaz de las fronteras con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de detección inmediata y protección de aquellas personas que necesitan protección internacional, son menores de edad o presentan indicios de trata de seres humanos”, subrayaba Fernández Marugán tras pedir explicaciones a las comunidades autónomas que reciben migrantes por vía marítima: Andalucía, Canarias, Baleares, Murcia y Valencia, además de Ceuta y Melilla.