El juez retrasa a finales de septiembre el interrogatorio a Corinna Larsen en la Audiencia Nacional

El magistrado del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha retrasado a finales de septiembre la declaración de la empresaria Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I, imputada en una línea de investigación del caso por un supuesto encargo de espionaje al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017. Según informan fuentes jurídicas, la cita estaba prevista inicialmente para el 8 de septiembre, pero el juez ha acordado aplazarla y abre la puerta a que esta tenga que ser de forma presencial en España. Eso sí, no descarta que sea por videoconferencia —como estaba previsto ahora— debido a la pandemia del coronavirus o que, incluso, él se traslade a Londres para interrogarla.

Esta decisión de García-Castellón se produce después de que Villarejo y Larsen hayan unido fuerzas para tratar de frenar el impulso a esta línea de investigación, bautizada como Pieza Carol, archivada en 2018 y reabierta el pasado julio tras aparecer dos nuevos audios donde, según el magistrado, se escucha a la examante del Rey emérito comentar al comisario sus “inquietudes” sobre la posibilidad de que su ayudante “pudiera estar filtrando información referente a su vida privada” y, a su vez, facilitarle información para investigarla presuntamente de forma ilegal.

El abogado de Villarejo ha alegado que, cuando se produjo esa conversación, el antiguo agente de la Policía Nacional ya se encontraba jubilado y, por tanto, no se le puede atribuir un delito de cohecho pasivo, pues este castiga a los funcionarios que, en el ejercicio de su cargo, reciban una retribución a cambio de incumplir sus deberes. Y, según insiste el letrado, “Villarejo no lo era [ya]”. Por su parte, la defensa de Larsen recurrió al entender que estas dos nuevas grabaciones no tienen ninguna relación con los hechos que permitieron abrir la causa inicialmente —otros audios donde Larsen atribuía a Juan Carlos l el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna—. Toda una batería de argumentos a los que la Audiencia Nacional debe ahora dar respuesta.