Corinna Larsen intenta anular su imputación en la Audiencia Nacional

Corinna Larsen ha recurrido la decisión de Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo, de citarla como imputada el próximo 8 de septiembre en el marco de la conocida como pieza Carol, donde se investigan los audios donde el comisario jubilado José Manuel Villarejo aparece conversando con ella. A través de un escrito de ocho páginas y fechado el pasado 14 de agosto, al que tuvo acceso EL PAÍS, la examante de Juan Carlos I se opone a la reapertura de esta línea de las pesquisas archivada en 2018, y pide que se suspendan todas las declaraciones previstas para principios de septiembre: la suya, la de Villarejo, la del abogado Rafael Redondo y la del empresario Juan Villalonga.

”La resolución [del magistrado] es nula de pleno derecho”, insiste el documento, firmado por el abogado de Larsen, el penalista José Antonio Choclán. El letrado basa el recurso en dos argumentos principales. Por un lado, expone que los nuevos hechos relatados por la Policía, que tienen como base dos nuevos audios incorporados a la causa (llamados Corin 16.10.7 y 16.10.7-a), no guardan ninguna relación con las grabaciones investigadas originalmente en Carol. En sus inicios, la Audiencia Nacional abrió esta pieza en base a unas grabaciones de Villarejo con Larsen donde ella atribuía —sin pruebas— al rey emérito el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza y un terreno en Marrakech.

“La denominada pieza Carol tenía por objeto la supuesta participación de Villarejo en varios delitos que podrían afectar, según rezaba el informe policial, a Instituciones Básicas del Estado”, recuerda el abogado en su escrito, donde subraya que los nuevos audios se refieren, en cambio, a “la posible existencia de un encargo por parte de Larsen” al comisario jubilado para obtener unos datos de su asistente personal, de nacionalidad española. Según rezaba el auto de reapertura del caso, la empresaria comentó al principal sospechoso de la trama sus “inquietudes” sobre la posibilidad de que su ayudante “pudiera estar filtrando información referente a su vida privada”, por lo que le facilitó información de ella para que presuntamente la investigase: “Villarejo le dice que, en un mes o mes y poco, tendrá los datos. Pero que, además de esto, si necesita cualquier cosa de cualquier parte del mundo, se le ofrece para facilitarlo. A lo que Corinna responde que pueden hacer un buen negocio”, apostillaba García-Castellón.

En base a ello, el abogado de Larsen incide en que “no procede la reapertura de la pieza sino, en su caso, la formación de nueva pieza independiente”. Aunque, sobre ello, el letrado introduce su segunda línea argumental para rechazar que se investigue. Choclán cuestiona que la Audiencia Nacional tengan competencias para hacerse cargo de un presunto delito cometido en el extranjero, ya que la reunión donde se grabó el encuentro se produjo en Londres, y que no ha sido denunciado ni por “la parte ofendida” (la asistente), ni por la Fiscalía.

La génesis de Carol

La pieza Carol fue la quinta que abrió la Audiencia Nacional en el conocido como caso Villarejo, que suma ya más de 25 líneas de investigación. Pese a que el magistrado que llevaba la causa entonces, Diego de Egea, llegó a tomar declaración a Villarejo por estos hechos, decidió archivarlo en 2018 porque los datos que aportaba Larsen en los audios intervenidos en la casa del comisario jubilado se referían a hechos ocurridos antes de la abdicación de Juan Carlos I, por lo que era entonces inviolable. No obstante, el juez envió al ministerio público la parte relativa al presunto cobro de comisiones por la obra del AVE y, meses después, la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió unas diligencias, que son las que han derivado en la investigación al rey emérito. Una decisión que también recuerda Choclán al dudar de la competencia de García-Castellón.

Villarejo, para el que la Fiscalía pide ya más de 100 años de cárcel por solo tres de las piezas abiertas, se encuentra acusado de toda una batería de delitos, como pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencia y extorsión. García-Castellón le atribuye el diseño de un entramado de empresas para traficar con información confidencial que obtenía gracias a su condición de agente de la Policía Nacional. Para ello creó una “estructura paraestatal” que “instrumentalizó de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes”, lo que le permitió presuntamente vender los datos a cambio de “cantidades millonarias”.