Cuando Villarejo decía no querer dañar a la Corona

En agosto de 2019, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de una mafia policial, envió un comunicado de prensa. No era el primero. Casi desde su ingreso en prisión había remitido textos en los que defendía su inocencia y cargaba contra los que consideraba responsables de su situación judicial. Sin embargo, en aquel comunicado había una novedad: lanzaba veladas amenazas a la Monarquía. “¿Está valiendo la pena el daño gravísimo que se está infringiendo [sic] a la Corona, erosionando irreversiblemente la figura de un monarca a quien tanto debemos los españoles?”, decía para después hablar de la entonces casi desconocida investigación de la Fiscalía de Suiza sobre las cuentas de Juan Carlos I.

El caso Carol —así bautizó el policía el informe que hizo sobre sus contactos en junio de 2015 en Londres con la amiga del rey emérito— es, en realidad, un tentáculo del caso Villarejo. Aunque no uno más. Es al que el policía se ha agarrado reiteradamente para conseguir impunidad. Sin éxito. Arranca de aquel encuentro en la capital británica con la amiga del rey emérito al que acude para conseguir información contra el general Félix Sanz Roldán, entonces director del CNI y convertido en su bestia negra desde que en octubre del año anterior se hubiera destapado el caso del Pequeño Nicolás, en la que el comisario estaba implicado.

Como tenía costumbre, Villarejo grabó la conversación en la que Corinna Larsen dio detalles sobre supuestas actividades ilícitas de Juan Carlos I. En aquella conversación, el comisario afirmó: “No quiero hacer daño a la Corona de mi país, pero lo que está claro es que hay que poner un poco de orden con tanta estupidez”. El policía guardó aquel audio en el archivo 150416_16R. Su difusión, en el verano de 2018, fue el detonante del escándalo que llevó el lunes al rey emérito a abandonar España.

Villarejo consideró aquella grabación algo parecido a un salvoconducto, según se desprende de algunos audios que se le intervinieron. Así, en febrero de 2017 —nueve meses antes de su arresto— Villarejo ya intuía que era investigado y se mostraba convencido de que en cualquier momento un juez iba a ordenar el registro de su vivienda. En la conversación con un periodista que el policía grabó se muestra desafiante: “Le diré al secretario [judicial]: tome nota, que se llevan esto, una declaración jurada de una señora que se llama Corinna no sé qué dice esto, aquí está”. En ese mismo audio el comisario se jactaba de copias: “No se preocupe porque la rompa porque tengo muchas copias (...) ¡Pero tonto, si tengo siete copias obviamente! Tengo siete copias y tres de ellas, en el extranjero”.

Tres meses después, aún en libertad, Villarejo amagó por primera vez con utilizar su contenido ante la justicia. Fue en la denuncia que presentó en mayo de 2017 en la Audiencia Nacional contra Sanz Roldán. En aquella denuncia —que finalmente no fue admitida a trámite— Villarejo acusaba al militar de haber “fabricado” pruebas falsas para implicarle, entre otros, en el caso del Pequeño Nicolás. Aseguraba tener 23 dosieres sobre otras tantas actuaciones presuntamente irregulares del CNI. Entre esos dosieres, uno llamado Amenazas de muerte a C., persona muy próxima a alta personalidad del E., en clara referencia a su conversación con Corinna.

La detención en noviembre de 2017 de Villarejo permitió a la policía localizar en un disco duro intervenido a su socio, el abogado Rafael Redondo, una carpeta con diferentes archivos referidos a Corinna Larsen, entre ellos el audio grabado por el comisario durante su encuentro en Londres con la amiga del rey. Esta grabación fue divulgada parcialmente el 11 de julio de 2018 por OKdiario y El Español, en lo que se interpretó entonces como una supuesta estrategia de presión del comisario jubilado para ser excarcelado. Dos días después, Villarejo remitía al entonces juez instructor, Diego de Egea, un escrito en el que se desmarcaba de la difusión del audio, pero también deslizaba que parte de la documentación que le habían intervenido “podría afectar a altas instituciones del Estado”.

Poco más tarde, y tras recibir un informe de la policía sobre el audio, el juez De Egea abrió en el caso Villarejo, una pieza separada para investigar la grabación, aunque terminó archivándola de manera provisional en septiembre de 2018. Así estuvo hasta que el pasado 27 de julio, el ahora instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón, ordenaba reabrirla. En su auto, el magistrado destacaba que la policía le había enviado un oficio el 31 de enero con dos nuevos audios del comisario. El juez señalaba que la nueva investigación tenía como objetivo esclarecer “la posible existencia de un encargo” de Larsen a Villarejo para que el comisario obtuviera datos sobre la asistente española de ella, de la que sospechaba que estaba facilitando y filtrando información a terceros.

Villarejo y Larsen tendrán que declarar como imputados por ello los próximos 7 y 8 de septiembre. La estrategia del comisario es ahora diferente. En su último comunicado, de la pasada semana tras reabrirse la pieza Carol, tildaba de “calvario” la situación del rey emérito y amenazaba con destapar un centenar de nuevos escándalos, sin concretar.