Más de la mitad de los presos por delitos contra la seguridad vial no tenía carné o estaba sin renovar

Juan Antonio no deja de pensar en la persona que mató con su coche. La atropelló borracho tras una noche de fiesta. Es un episodio que difícilmente borrará de su mente: “Mi condena tiene fecha de caducidad pero el daño es irreparable”, cuenta desde la prisión de Sevilla. Como él, 4.542 presos —el 9% del total de reclusos— cumplen condenas por delitos de tráfico, entre otras penas. Más de la mitad de las personas que están entre rejas, cuya falta principal era vial, no tenían carné o ya no estaba en vigor. El testimonio de Juan Antonio, transmitido en un vídeo, ha formado parte de la presentación del primer informe Seguridad vial y su incidencia en el ámbito penitenciario, dado a conocer este lunes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las cifras no son halagüeñas. Si en la última década la población penitenciaria se ha reducido un 23,5%, los reclusos por delitos viales han incrementado en 16%. Marlaska ha incidido en que los datos del informe dejan claro que aún queda mucho por hacer: “Tenemos que frenar esta tendencia. Detrás de estos fríos números hay personas con nombre y apellidos”. Es la primera vez que Instituciones Penitenciarias elabora un documento como este. Los datos son de 2019, y solo excluyen a Cataluña, que tiene las competencias en materia carcelaria.

El perfil de los condenados coincide mucho con el que arrojó la memoria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), presentada la semana pasada. En casi su totalidad, los presos son hombres (97,3%), con una edad media de 40 años y de nacionalidad española (81%). Además, un tercio de ellos condujo bajo los efectos de alguna droga o de forma temeraria. “Está claro que los ciudadanos españoles [varones] conducimos peor que los extranjeros”, ha admitido Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias.

Los delitos de tráfico siguen concentrando gran parte del trabajo en los juzgados. En el informe del INTCF se desvela que estas faltas son cada día más preponderantes en el grueso de las condenas en España. Más del 30% de la actividad de la Fiscalía en 2019 tuvo que ver con delitos en la seguridad vial.

La media de las condenas el año pasado se sitúa en 1,8 años de prisión. Según la reforma en el Código Penal de 2007, si un conductor lleva su vehículo con una tasa de alcoholemia superior a 1,6 miligramos por litro, tendrá un tiempo en prisión de entre uno y cuatro años si este no tiene carné o no está en vigor. Lo mismo sucede en el caso de quienes rebasan los límites de velocidad. Las provincias de residencia de los condenados más frecuentes son Madrid, Málaga, Sevilla, A Coruña y Pontevedra.