Amplio respaldo del Congreso al decreto del fondo covid de 16.000 millones para las autonomías
PP, Cs y los independentistas catalanes votan a favor, mientras Vox, algunas fuerzas regionalistas y los nacionalistas vascos y gallegos muestran su rechazo
El Congreso ha convalidado ampliamente este miércoles por 275 votos a favor frente a 70 en contra el real decreto aprobado el 16 de junio por el Gobierno para la creación del llamado fondo covid–19, en el que se fijan las reglas de reparto de un paquete de ayudas de 16.000 millones de euros no reembolsables para las comunidades autónomas, para hacer frente desde el punto de vista sanitario, educativo y social a la pandemia. El fondo ha sido respaldado por los dos partidos de la coalición del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, pero también —con críticas— por el PP, Ciudadanos y las formaciones independentistas catalanas, entre otros partidos. Vox y los partidos nacionalistas del País Vasco y Galicia, así como Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro o el Partido Regionalista de Cantabria han mostrado su rechazo a los criterios con que se han distribuido esas ayudas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado durante el debate del real decreto en el Congreso las reglas y el método diseñado para repartir ese fondo covid-19 de 16.000 millones y ha pedido responsabilidad a todos los grupos y apoyo a unas partidas excepcionales pensadas para responder a los excesos de gasto, sobre todo sanitarios, que las autonomías han soportado durante estos meses críticos frente al virus. Montero argumentó que con ese fondo “todas las comunidades ganan y van a ver beneficiado el incremento de sus recursos”.
La ministra ha detallado que el fondo ha previsto un primer reparto de 6.000 millones divididos en siete tramos por criterios de edad y según el porcentaje de población protegida, el número de ingresos en las UCI, las hospitalizaciones o la cantidad de PCR practicados. Ese primer tramo se abonará antes de que acabe el mes de julio. El segundo tramo, de 3.000 millones, se ejecutará en noviembre y con una fórmula similar pero también pendiente de ajustarse según se produzcan los rebrotes. El tercer tramo, de 2.000 millones, será para ayudas a la educación.
Montero ensalzó el nivel de las subvenciones y recursos “sin precedentes” puestos en manos de las autonomías por la pandemia, que estimó en total en 24.500 millones, y demandó un respaldo lo más amplio posible y sin confrontaciones ideológicas o territoriales. El real decreto, que es el número 25 desde que se estableció el primer estado de alarma el pasado 14 de marzo, fue finalmente muy apoyado, pero no por unanimidad. El Gobierno recabó los 275 votos del PSOE, Unidas Podemos, el PP, Ciudadanos, ERC, JuntsxCat y Compromís. Pero evidenciaron su posición contraria Vox, Foro Asturias, el Partido Regionalista de Cantabria, Unión del Pueblo Navarro, EH Bildu, PNV y el BNG. Hubo dos abstenciones. El proyecto no se tramitará como proyecto de ley por la vía de urgencia porque rechazaron esa opción 262 parlamentarios.
El diputado de Vox Víctor González Coello cuestionó la “discrecionalidad y la improvisación” del Ejecutivo, “la ausencia de un plan coherente” y se quejó de que el Gobierno no hubiera contactado con ellos para negociar. Vox teme que tras ese fondo se esconda una subida de impuestos y reclamó una reducción de cargos públicos.
El diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, así como José María Mazón, portavoz del Partido Regionalista de Cantabria, o Carlos García Adanero, parlamentario de UPN, rebatieron tanto los criterios de población usados para confeccionar el fondo, como su nivel “insuficiente” para responder a esta crisis. Los portavoces de los partidos navarros y vascos, en este caso tanto Oskar Matute, de Bildu, como Begoña Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del PNV, lamentaron que la pauta impuesta por el Gobierno fuera unilateral y no bilateral y negociada y que no se respetase, según su versión, la autonomía de los conciertos económicos y el cupo de Euskadi y Navarra. El diputado del BNG, Néstor Rego, agregó a esos lamentos que para Galicia no se tuviera en cuenta la peculiaridad de su dispersión territorial.
María del Carmen Martínez Granados, de Ciudadanos; Joan Baldoví, de Compromís; Ferran Bel, de JuntsxCat, y Joan Margall, de ERC, han apoyado las medidas impulsadas por el decreto para atajar la pandemia aunque también han considerado que podrían haber sido más amplias. Algunas de esas formaciones y también Jaume Asens, de Unidas Podemos, han pedido a la ministra de Hacienda más sensibilidad para facilitar a los ayuntamientos poder utilizar los superávits registrados en sus cuentas en beneficio de los ciudadanos, una demanda también expresada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Montero no contestó este miércoles a esas demandas.
La diputada del PP Elvira Rodríguez avanzó su voto afirmativo a este nuevo real decreto de la etapa poscovid, que enmarcó en las obligaciones del Gobierno para atajar la crisis abierta, pero aprovechó su exposición para replicar los argumentos de muchos componentes del Ejecutivo y del propio presidente, Pedro Sánchez, sobre que su partido no colabora en la formación de pactos para los próximos presupuestos generales del Estado. Rodríguez volvió a reprochar al Gobierno que no quiera realmente negociar nada en serio con el PP.
