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El Gobierno cree que no necesitará reactivar el Estado de alarma “a corto ni a medio plazo”

La vicepresidenta Carmen Calvo recordó que ese mecanismo sigue ahí pero María Jesús Montero aclara que no está previsto y se puede controlar los brotes actuales con la legislación vigente

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros. En vídeo, Montero asegura este martes que el Gobierno no tiene previsto reactivar el estado de alarma.Vídeo: EUROPA PRESS

El Gobierno no tiene previsto “a corto ni medio plazo” verse obligado a reactivar el estado de alarma, que terminó el pasado domingo después de tres meses activo. Así lo ha asegurado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, esta mañana en la rueda de prensa tras el consejo de ministros. Sus palabras llegaban después de que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, unas horas antes hubiera asegurado que el Ejecutivo no descartaba volver a aprobarlo si la situación vuelve a descontrolarse como en marzo. La ministra de Hacienda, ha matizado después que el Ejecutivo no está estudiando “ni a corto ni a medio plazo” decretar un nuevo estado de alarma, aunque ha coincidido en señalar que si la situación se descontrola “utilizarán todos los medios normativos a su alcance”. “La legislación actualmente vigente permite limitar la movilidad para grupos muy reducidos y en lugares muy reducidos”, ha añadido Montero.

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Spain has no plans for new lockdown despite fresh Covid-19 outbreaks

La portavoz ha dejado muy claro que el Gobierno cree que los brotes que están apareciendo son controlables sin dar el salto al estado de alarma. Eso sí, ha insistido en que si la situación se complicara, la restricción de movimientos de zonas grandes no puede hacerse sin ese mecanismo constitucional. “No hay sustitutivo del decreto de alarma para limitar movimientos. No se puede sustituir esa limitación de un derecho fundamental por legislación ordinaria. El decreto de alarma tiene todas las garantías”, ha insistido.

La ley que regula el estado de alarma, de 1981, permite al Gobierno declararlo “en todo o en parte del territorio nacional” en determinadas situaciones, entre ellas las crisis sanitarias derivadas de epidemias. Cuando los efectos afecten exclusivamente a todo o parte de una comunidad autónoma, el presidente de esta podrá solicitar del Gobierno la declaración del estado de alarma, que, por lo demás, deberá seguir los mismos trámites de la alarma decretada el pasado 14 de marzo: aprobación por decreto en el Consejo de Ministros, en el que se determine el ámbito territorial. La duración y los efectos del estado alarma no podrán exceder los 15 días, pero podría prorrogarse con autorización expresa del Congreso de los Diputados tal y como ha ocurrido con el vigente hasta el pasado domingo.

La vicepresidenta ha explicado que en este momento los rebrotes activos en España “están controlados”, y que el país se encuentra “en una situación” que entra “dentro de lo previsible”, por lo que no haría falta recurrir de nuevo al estado de alarma. “Tengo que decir que va a haber brotes Lo importante es que los tengamos controlados lo más rápido posible y que todos los que tengan síntomas reaccionen muy rápido yendo a los centros sanitarios. Lo importante es la rapidez”, ha apuntado Calvo. En esta línea, la vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno ya actuó de forma responsable y con contundencia en el momento en el que la OMS decretó la pandemia. “Fuimos a la medida más severa, que era confinar, y dijimos que era así porque no había otra manera”, ha añadido.

Por ahora, lo que el Ejecutivo pide es que todos los ciudadanos puedan “contribuir” con su “cuota” para no tener que volver a aplicar este mecanismo constitucional que decayó el pasado domingo más de tres meses después de su entrada en vigor. “Pero, llegado el momento, el Gobierno puede decretar la alarma en una parte del territorio si no en todo”, ha incidido, para después recordar que no existe otra ley a la que el Ejecutivo pueda recurrir para restringir la movilidad de los ciudadanos.

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