La Audiencia de Sevilla reabre el ‘caso avales’, que investiga ayudas de la Junta por 75 millones

La Audiencia de Sevilla ha reabierto el caso avales, que investigaba a cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía por malversación y prevaricación, y que la juez María Núñez archivó hace un año. Los magistrados ordenan reactivar la causa por ayudas públicas de la agencia Idea a 18 empresas por 75 millones, tras atender el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra Núñez, instructora asimismo de la macrocausa de los ERE, de la que se desgajó el caso avales.

Desde que la juez Mercedes Alaya abrió en 2014 la causa, el PP denunció un presunto fraude de miles de millones hasta definirlo como “el mayor caso de corrupción de la democracia” protagonizado por los Gobiernos socialistas, en el poder en Andalucía hasta hace un año y medio.

Tras el archivo en 2019 de Núñez, que se basó en un informe de la Intervención General de la Junta andaluza, Anticorrupción pidió a la Audiencia que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigara el caso para elaborar un atestado sobre las ayudas concedidas y que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), realizara un informe pericial, tal y como hizo en la pieza política del caso de los ERE.

Ahora la Audiencia apoya la tesis de la Fiscalía y propone nuevas investigaciones sobre los avales para terminar la instrucción judicial, debido a las “limitaciones” de la experta de la Intervención de la Junta “en el ámbito del control financiero público, admitidas por esta”. Al estar Núñez aún de baja médica tras un año, su sustituto Juan Ignacio Vilaplana reactivará el caso.

La Guardia Civil, que retomará ahora las pesquisas, mantuvo la tesis de que ex altos cargos de la Junta favorecieron supuestamente desde 2008 a 18 empresas al desviar fondos públicos “de forma arbitraria, con falta de publicidad y sin autorización de la Comisión Europea” después de que estas mismas empresas ya resultaran beneficiadas por el fondo de los ERE.

Los jueces de la Audiencia concluyen en su reciente auto del 12 de junio y conocido este lunes, que el informe de la Intervención General de la Junta andaluza “no resulta concluyente” porque “la documentación obrante en los propios expedientes analizados es insuficiente para conocer extremos tan importantes como si el aval fue o no finalmente concedido, la motivación concreta de la concesión, la situación financiera de la empresa en el momento de la concesión, la percepción de la empresa de otro tipo de ayudas durante los 10 años anteriores, etc”, reza la resolución motivada.

Después de cinco años de investigación, la juez Núñez estimó que las irregularidades detectadas eran “contables o administrativas”. “Los indicios de la comisión de hechos delictivos (…) se han desvanecido uno por uno como consecuencia de las diligencias practicadas”, argumentó Núñez en su auto de mayo de 2019. Mientras que los letrados de la Junta apoyaron el archivo, el PP -personado como acusación popular- y la Fiscalía Anticorrupción se opusieron al carpetazo. En la causa están investigados el exconsejero de Innovación Martín Soler, el exviceconsejero Jesús María Rodríguez, el ex secretario general técnico Juan Francisco Sánchez y el ex director de la agencia Idea Jacinto Cañete.