“Hubo un pacto de silencio en el Ejército” sobre la matanza de los jesuitas de 1989 en El Salvador

En 1981, con El Salvador sumido en la violencia de una guerra civil, el jesuita Ignacio Ellacuría se preguntaba en las páginas de EL PAÍS: “¿Dónde estás, España?”. “¿Dónde estás en esto de América Latina y, más singularmente, en esto de Guatemala y El Salvador? En estos dos países que destilan muerte día a día”. Ahora, casi 40 años después de que aquellas palabras resonaran pidiendo ayuda para “iniciar un camino” a la paz y más de 31 años después de que el sacerdote se dejara la vida defendiendo ese diálogo, la patria natal de Ellacuría juzga a uno de los supuestos autores intelectuales de la matanza de 1989 que acabó con el entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA), con cinco de sus compañeros y con otras dos personas. Una oportunidad, según los amigos y familiares de las víctimas, para arrojar luz. Porque en El Salvador, “hubo un pacto de silencio”, como ha asegurado uno de los testigos que ha desfilado ante el tribunal.

La Audiencia Nacional ha celebrado este jueves la tercera sesión de una vista oral que sienta en el banquillo al excoronel Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador. La Fiscalía, que pide una condena de 150 años de cárcel, lo considera uno de los miembros de la cúpula militar ultraderechista del país americano que diseñó y ordeno la masacre de la UCA, donde un grupo de soldados del batallón Atlacatl irrumpió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 y acribilló a tiros a seis sacerdotes jesuitas —cinco españoles, entre ellos Ellacuría, y un salvadoreño— y a la mujer e hija del guardián de la universidad. Montano negó el miércoles su implicación durante su declaración e, incluso, aseguró que colaboró tras el crimen para tratar de dilucidar quién estaba detrás, pero los primeros testigos que han comparecido han negado esa tesis.

José Luis Navarro y Enrique Arnaldo, letrados de las Cortes que acompañaron y redactaron los informes sobre las dos delegaciones parlamentarias españolas que se desplazaron a El Salvador tras la matanza —una en 1990 para apoyar el proceso de paz y la investigación de los asesinatos, y otra en 1991 para asistir al juicio como observadores internacionales— han descrito este jueves a los magistrados las “complicaciones”, “presiones” y lo “parcial” que fue la instrucción y el juicio que se celebró en el país americano a principios de los noventa, cuando se condenó a dos de los autores materiales y nunca se trató de perseguir a los intelectuales. “Hubo un pacto de silencio en el Ejército” para no ir más allá, ha subrayado Arnaldo, que ha descrito una farsa de juicio donde “no se preguntaba a nadie nada”.

“Consistió más bien en la lectura de documentos, nadie contrastó nada, ningún informe”, ha dicho, antes de explicar que tampoco se supo cómo se conformó el jurado que condenó a dos de los acusados, pero absolvió a otros siete. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluiría, en 1999, que todo fue un proceso judicial “manipulado”. “A veces, los abogados de la defensa se acercaban tanto al jurado que murmuraban con él”, ha apostillado Arnaldo.

Ellacuría y sus compañeros jesuitas se habían convertido en un grupo incómodo para el régimen y el Ejército, dominado por la extrema derecha. Con el objetivo de alcanzar la paz, el antiguo rector de la UCA apostaba por el diálogo entre el Gobierno ultraconservador del presidente Alfredo Cristiani y la guerrilla revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sus compañeros esperan que este juicio en España ayude a reimpulsar el proceso abierto en El Salvador contra otros cinco supuestos autores intelectuales de la matanza. La vista se adentra ahora en un parón y continuará en julio.