Iglesias dice que la Guardia Civil no se puede permitir hacer “un informe de recortes de webs de extrema derecha”
El vicepresidente respalda al ministro del Interior por el cese de Pérez de los Cobos
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha referido este lunes por primera vez al cese del jefe de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, a raíz de la filtración del informe que preparaba su comandancia sobre la manifestación del 8-M. “Un cuerpo de enorme responsabilidad, como la Guardia Civil, no se puede permitir hacer informes con recortes de páginas web de extrema derecha”, ha dicho Iglesias en una entrevista en TVE. “Ese es el mayor ataque que puede haber contra la Guardia Civil y su profesionalidad”, ha añadido.
Iglesias ha mostrado de esta forma su respaldo al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el centro de la polémica desde que se produjo el cese del coronel. Los cambios de versiones del ministro, que al principio desvinculó su destitución de la publicación del informe para luego señalar a su filtración como origen del cese, han llevado a la derecha a exigir la dimisión de Marlaska. El vicepresidente ha recordado que los cuerpos de seguridad del Estado son “profesionales sometidos a la autoridad del Gobierno". “Eso es normalidad democrática”, ha dicho.
La filtración del informe, el pasado 21 de mayo —que contenía numerosas inexactitudes y distorsionaba declaraciones de testigos para apuntar a las posibles responsabilidades del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, en la propagación de la pandemia— conllevó el cese fulminante (el día 25) de Pérez de los Cobos, hasta entonces al mando de la comandancia de Madrid.
El Ministerio del Interior mantiene abierta una investigación en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid para tratar de averiguar quién y cómo se filtraron los informes de la Policía Judicial sobre la manifestación del 8-M, dentro de la causa que dirige la juez Carmen Rodríguez Medel en el juzgado número 51 de la capital. La magistrada investiga si existió prevaricación por parte del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, al autorizar la marcha feminista durante la fase de expansión del coronavirus en España.
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