Las primeras elecciones con mascarilla desbordan la ley

Bilbao, julio de 2020: ¿Puede usted retirarse la mascarilla de la cara un momento? Necesitamos verificar su identidad.

Como en una escena de una película distópica, los vascos y gallegos que vayan a votar el próximo 12 de julio en las elecciones autonómicas esconderán su rostro tras una máscara que tendrán que retirarse momentáneamente para que los miembros de la mesa electoral puedan comprobar que tras ella está realmente quien dice su DNI. En las primeras elecciones con mascarilla, el miedo al contagio flotará en el aire como el temido virus. La jornada electoral, en condiciones inéditas en la democracia española, ha provocado también una situación legal sin precedentes: las costuras de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) se están forzando al máximo, hasta desbordarlas, para facilitar el voto en condiciones de seguridad sanitaria y evitar una caída drástica de la participación, a petición de los Gobiernos gallego y vasco.

La Junta Electoral Central ha celebrado ya tres reuniones monográficas sobre las elecciones del 12 de julio con intensos debates jurídicos y resoluciones que miembros del propio órgano reconocen como “muy forzadas” y los expertos censuran como “de dudoso amparo legal”. La ley electoral no está preparada para una pandemia, y los partidos han dejado la patata caliente a la Junta.

“Votar por correo es votar seguro”, proclama la publicidad electoral de la coalición de PP y Ciudadanos para las elecciones vascas. Los candidatos, especialmente Alberto Núñez Feijóo, preocupado porque su electorado más envejecido opte por quedarse en casa, están centrando sus esfuerzos en promover el voto por correo. Y se ha estirado la ley al máximo para facilitarlo.

La Junta Electoral ha autorizado de manera extraordinaria que el 12-J se pueda votar por correo sin salir de casa, para todos aquellos que tengan miedo de hacerlo o estén en cuarentena por el virus. Los electores que quieran podrán solicitar el voto en la página web de Correos mediante su firma electrónica, y después entregárselo al cartero en el mismo momento en que este les facilite las papeletas en la puerta de su casa. El plazo se ha ampliado hasta el 10 de julio, dos días antes de la votación.

La resolución ha sido fruto de un intenso debate en la Junta Electoral, según las fuentes consultadas, porque la Loreg solo contempla formalizar ese tipo de voto en las oficinas de Correos, mediante un envío certificado. La solución de la Junta, que hace a los carteros garantes de todo el proceso de emisión del sufragio, “no parece que sea la fórmula más garantista, es de dudoso amparo legal”, critica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Ángel Presno Linera. La Junta Electoral se encontró además con otro problema: con el protocolo de Correos durante la pandemia, se evitan las firmas en las entregas de paquetes y se sustituye por enseñar el DNI, para impedir los posibles contagios al tocar las tabletas electrónicas de los funcionarios. Por lo tanto, en el caso del sufragio, el elector no firmaría acreditando que ha recibido la papeleta. “Estamos haciendo una interpretación muy amplia: sustituir la firma personal por la diligencia del personal de Correos. La legislación electoral debería reformarse”, subrayan fuentes del órgano electoral.

El otro punto candente son las residencias de mayores. Feijóo quiere que se permita a los funcionarios de Correos acudir a los geriátricos para que los mayores puedan votar sin necesidad de salir, igual que se hace en las cárceles. El órgano electoral se ha encontrado con las reticencias de los sindicatos de trabajadores de Correos, que tienen recelos a acudir a estos centros por su seguridad. La decisión está pendiente, pero a los miembros de la Junta Electoral no les convence la petición del presidente gallego y se inclinan porque los mayores en geriátricos voten a través de apoderados, un proceso más complejo que requiere de la intervención de un notario.

Los jueces del órgano de la administración electoral tienen también que resolver qué pasa con la formación de las mesas electorales. La Loreg dice que los elegidos por sorteo para formar parte de una mesa disponen de siete días para alegar ante la Junta de zona “causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo”, pero está por ver qué resuelven estos órganos si hay personas mayores o de riesgo que se niegan a acudir por miedo al contagio. En principio, “en situación vulnerable, con certificado médico, podrían ser sustituidos”, apuntan en la Junta, mientras que los mayores de 65 años podrían excusarse, si lo piden.

En realidad, la celebración de las elecciones el próximo 12 de julio presenta un problema legal de partida: la suspensión por decreto de los dos presidentes autonómicos de las elecciones, inicialmente previstas para el 5 de abril, se hizo “sin la adecuada cobertura legal”, señala el catedrático Presno Linera, una preocupación en la que coinciden miembros de la Junta Electoral. La Loreg no contempla la posibilidad de suspender o aplazar unas elecciones, y es otro de los asuntos que para expertos y miembros del órgano electoral requeriría una reforma.

El voto de los residentes en el extranjero es otro nudo. Esta vez “puede ser un desastre”, advierten fuentes al corriente del proceso, porque apenas hay aviones para el envío de papeletas y su regreso a España. “Correos tendría que fletar aviones propios para enviar las papeletas, y no dispone de ese presupuesto”, apuntan en el órgano electoral. Un portavoz oficial de Correos asegura que están en proceso de “búsqueda de alternativas de transporte que permitan la adecuada remisión de los envíos electorales”. En las elecciones gallegas el voto del extranjero es clave y ha decidido escaños: hay 462.443 gallegos en el censo del exterior, y 75.633 vascos.

España no es Francia, que celebró la primera vuelta de las elecciones municipales el 15 de marzo, un día después de que el Gobierno español decretara el estado de alarma y el encierro de toda la población. Las elecciones gallegas y vascas se celebrarán cuatro meses después, en un escenario de “nueva normalidad”, con la pandemia en principio controlada, pero el miedo no se modula por decreto. El experimento en Francia supuso un desplome de la participación de hasta 20 puntos. Ahora se probará en España.

Gobierno y partidos desisten de reformas legislativas

El Gobierno no tiene previsto promover de momento ninguna reforma de la Loreg para adecuar la celebración de elecciones a emergencias sanitarias, y confía en la capacidad de adaptación de la normativa con las resoluciones de la Junta Electoral Central, que son de obligado cumplimiento. Las leyes electorales son las reglas del juego, un asunto delicadísimo que siempre se ha reformado por amplio consenso, y tampoco los partidos tienen en agenda ningún cambio legislativo: según todas las fuentes consultadas en las formaciones, el tema no está encima de la mesa. El Gobierno prevé que la participación en las elecciones vascas y gallegas caerá, tanto porque es una fecha anómala, el 12 de julio, en pleno verano, como por el miedo al contagio.

La pandemia ha estirado las costuras de todas las leyes, no solo de la Loreg, recuerdan en el Gobierno, conscientes de que la suspensión de las gallegas y vascas, inicialmente previstas para el 5 de abril, vía decreto del presidente gallego y del lehendakari, se aprobó sobre una “laguna legal”. En La Moncloa ven en todo caso con cierta extrañeza la prisa de los dos presidentes para fijar esta fecha electoral, por la incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación.

Los expertos plantean reformas pensando en nuevas pandemias. El catedrático Miguel Ángel Presno Linera propone valorar que se amplíe el horario de la jornada electoral una hora o dos más para evitar aglomeraciones y estudiar, con calma, las ventajas e inconvenientes del voto electrónico, aunque en España este se ve con recelo. “En estos temas tan delicados preferimos la cautela, y mejor siempre la penúltima moda a la última”, ejemplifican en La Moncloa.

Fe de errores: En una versión anterior de este artículo se decía que la Junta no había decidido qué hacer con los mayores de 65 años en caso de tener que acudir a una mesa electoral, si bien la instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 27.3 de la Loreg dice que los mayores de 65 pueden excusarse si lo piden.

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