Iglesias cree que el robo del móvil de su asesora fue planificado por la ‘policía patriótica’ para desacreditarle

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha presentado un recurso ante el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, en el que apunta a que el robo del teléfono móvil sufrido por su exasesora Dina Bousselham en 2015 fue supuestamente perpetrado por la llamada policía patriótica “con el claro objetivo de desprestigiar su imagen en momentos electorales clave”. El escrito, presentado después de que el magistrado le retirase la condición de perjudicado en la causa, vincula la sustracción del terminal con la elaboración del llamado Informe PISA (un documento policial sobre las finanzas de Podemos que salió a la luz en 2016), y recalca que la difusión de las conversaciones privadas guardadas en el primero y el contenido del segundo resultaron “gravemente perjudiciales” tanto para el actual vicepresidente del Gobierno como para “Podemos y sus miembros”. Por todo ello, pide al juez que revoque su decisión de retirarla la condición de perjudicado en la pieza 10 del caso Villarejo, bautizada como Dina, en la que se investigan las circunstancias que rodearon la sustracción del móvil de su exasesora.

García-Castellón había tomado esta decisión el pasado 25 de mayo tras recibir de la Fiscalía Anticorrupción una petición en este sentido después de que la exayudante del actual vicepresidente acudiese a declarar y admitiese que ella misma había hecho y enviado algunos de los pantallazos de las conversaciones de Telegram (aplicación de mensajería instantánea) que acabaron publicados en medios de comunicación, como Okdiario. En una anterior declaración ante el juez, Dina Bousselham había negado este extremo. Por todo ello, el magistrado señalaba en el auto en el que retiraba la condición de perjudicado a Iglesias que no resultaba "posible vincular las publicaciones aparecidas en Okdiario exclusivamente a la intervención de Villarejo”. Y añadía que "las imágenes pudo haberlas recabado de cualquiera que hubiera estado en posesión de la tarjeta [del móvil de la exasesora de Iglesias] —o de su copia—, o de quien las hubiese recibido de la propia Dina”.

En su recurso a esta decisión del juez, Iglesias incide en que entre el material intervenido en el domicilio de Villarejo cuando este fue arrestado en noviembre de 2017, se halló información referida “fundamentalmente” a él y que la publicación de la misma, incluidos los mensajes contenidos en el teléfono de su exayudante, le perjudicó. También plantea la posibilidad de que el robo de este móvil se hubiera planificado después de que varios medios se hicieran eco de “una supuesta relación afectiva” entre él y su exasesora. Y recuerda que el comisario José Villarejo es investigado en esta causa, precisamente, por recibir “encargos” para realizar, “presuntamente, maniobras de intoxicación informativa, e inclusive en algunos casos creación y difusión de campañas mediáticas de desprestigio”. Por ello, el líder de Podemos se muestra convencido de que el fin último de la sustracción fue, precisamente, “obtener información sensible” para perjudicarlo.

Para avalar esta conclusión, el recurso enumera una serie de “fechas claves” y su relación “con el contexto temporal y político en el que se produce la revelación y difusión ilegal de informaciones de carácter personal y privado” de Iglesias y Podemos contenida en el teléfono sustraído. Así destaca que este la terminal fue robada el 1 de noviembre de 2015, solo seis después de que se disolvieran las Cortes para convocar nuevas elecciones. Y recuerda que la información contenida en el móvil consta como descargada en el ordenador del comisario jubilado el 8 de diciembre de ese mismo año. “Presumiblemente, todas las actuaciones ocurridas desde el robo del móvil, pasando por el informe PISA, hasta la difusión en los medios del contenido del móvil de Doña Dina, tienen una clara correlación con los hitos electorales”, asegura. Por todo ello, Iglesias concluye que tanto el robo como la posterior difusión de la información contenida en él le perjudicaron “de forma evidente, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista político” y pide al juez se le mantenga la condición de perjudicado en el caso Villarejo.