La Diputación de Ourense adjudicó a dedo 26 contratos menores no esenciales en el estado de alarma
Las obras se destinaron en un 80% a ayuntamientos gobernados por el PP y fueron realizadas “por las mismas cinco empresas de siempre, vinculadas también a los populares”, según denuncia el PSOE
La Diputación de Ourense que preside el líder provincial del PP, José Manuel Baltar, ha vulnerado el decreto del estado de alarma, según ha denunciado este miércoles el PSOE. Baltar adjudicó 27 contratos menores de obras y servicios “no considerados esenciales” durante el tiempo en el que estuvieron prohibidos: entre el 14 de marzo y el 5 de mayo. Todos los contratos, excepto uno financiado por la Unión Europea, “fueron adjudicados a dedo, incumpliendo también así la Diputación la Ley de Contratos del Sector Público”. De otra parte, las obras -que recayeron en más de un 80% en ayuntamientos gobernados por el PP- fueron concedidas a las mismas empresas vinculadas a personas de ese mismo partido y a las que el baltarismo lleva beneficiando desde hace décadas.
Apenas decretado el estado de alarma, José Manuel Baltar tiró de rostros conocidos del mundo artístico y deportivo de la provincia para iniciar una campaña en redes instando a los ourensanos a quedarse en casa. Mientras tanto, las máquinas de la institución provincial se pusieron en marcha y, con las elecciones gallegas en el horizonte inmediato se encaminaron a ayuntamientos gobernados por el PP para realizar, “en más de un 80% de los casos” obras no esenciales como asfaltado de caminos. El resto fueron obras de saneamiento, abastecimiento, mejoras de un polideportivo, unas escuelas y un parque infantil, según consta en la documentación aportada por el líder del PSOE ourensano, Rafael Rodríguez Villarino.
“Suspendidos los plazos y los procedimientos de contratación, Baltar adjudicó a dedo las obras que en más del 80% recayeron en ayuntamientos del PP y a cargo de las cinco empresas de siempre, vinculadas a su partido”, sostiene el portavoz socialista. Las empresas beneficiadas figuran en un listado de adjudicatarias que investiga ya el Consello de Contas, el máximo órgano fiscalizador de Galicia, a instancias del PSOE ourensano.
La Ley de Contratos del Sector Público establece para los contratos menores un principio de competencia. Esto es, que el órgano contratante pueda elegir al menos entre tres propuestas para apostar por la de mejor relación calidad-precio.
No obstante, en 26 de los 27 contratos menores adjudicados por la Diputación ourensana durante la crisis por la covid-19 no hubo competencia: “se presentó una única oferta y fue adjudicada a dedo por el presidente de la Diputación”. El importe global asciende a 1.116.919,76 euros con una rebaja para la administración provincial de 6,56 euros. “Es decir, el 0,0005% del total”, afirma Villarino.
La única obra de estos contratos menores, financiada con fondos de la Unión Europea, que sí se ajustó a la Ley de contratos, se realizó mediante procedimiento abierto, con competencia. En esta adjudicación, por importe de 24.642 euros, la rebaja fue de 18.550,50 euros; esto es, el 24,72%.
“Si la Diputación hubiera cumplido la ley en todas las contrataciones, el ahorro para las arcas públicas habría sido superior a los 276.000 euros”, denuncia el portavoz socialista.
“No es tiempo de obras, es tiempo de personas, dijo Baltar mientras por la callada, cuando había una tragedia ahí fuera, adjudicaba a dedo obras que no se ajustan a la Ley”, sentencia Villarino alertando del sistema “clientelar, caciquil” que, junto con la Diputación, heredó el presidente orensano de su progenitor, condenado por enchufismo.
Los socialistas reclaman ahora la valoración del presidente del PP de Galicia y de la Xunta , Alberto Núñez Feijóo, “que se posicionó como el campeón de la desescalada, dando consejos a todo el mundo y haciendo oposición al Gobierno de España”.
Villarino ha tachado este proceder de “indefendible e indecente”, sobre todo “cuando un montón de gente estuvo confinada en su casa” porque, según el decreto del estado de alarma, "quedaban suspendidos los plazos administrativos”.
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