LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Los convocantes de diez manifestaciones desmienten que fueran presionados para suspenderlas como dice el informe de la Guardia Civil

El informe presentado a la juez que investiga estos hechos sostiene que las autoridades instaron a los organizadores mediante llamadas a desconvocarlas

Manifestación del pasado 8 de marzo en Madrid.
Manifestación del pasado 8 de marzo en Madrid.Luis Sevillano

El informe de la Guardia Civil enviado al Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que investiga la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus, concluye que 12 marchas convocadas para los días posteriores al 8-M se suspendieron “instadas por la Delegación del Gobierno mediante llamada telefónica”. El texto del instituto armado trató de este modo de argumentar que mientras el Gobierno alentaba la convocatoria feminista, intentaba suspender otras protestas al ser consciente, según el informe, del riesgo sanitario. Los promotores de estas otras manifestaciones, sin embargo, rechazan haber recibido presiones y, en la mayoría de los casos, aseguran que desconvocaron la protesta motu proprio antes de que la Delegación del Gobierno les llamara. Algunos de ellos fueron citados a declarar ante la Guardia Civil.

El informe de la Guardia Civil analiza 177 manifestaciones que estaban convocadas en Madrid para las tres primeras semanas de marzo, las de mayor expansión de la covid-19. Según el documento, se llegaron a celebrar 130 (incluida la del 8-M), mientras que 35 se desconvocaron, ocho no se celebraron y de cuatro no constan datos. Los investigadores ponen el foco en las 35 suspendidas y, especialmente, en 12 de ellas en las que, según los agentes, constan llamadas de técnicos de la Delegación del Gobierno para “instar” a cancelar la convocatoria. “La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la Delegación del Gobierno, así como el especial interés por parte de la delegación en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la delegación en que las mismas no figuren en ningún registro oficial; y, por otro, el amplio conocimiento de la delegación de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por la covid-19 y su interés real de que no se celebraran", acusa el informe.

El texto recoge caso por caso las manifestaciones suspendidas y, en varios de ellos, concluye que la llamada de la Delegación del Gobierno fue “fundamental” para la cancelación de la convocatoria. EL PAÍS ha contactado con los promotores de 10 de estas marchas. En nueve de los casos corroboran haber recibido la llamada de la Delegación, pero aseguran que en esa conversación no se les instó a suspender el acto. Uno de ellos asegura que ni siquiera recibió esa llamada. Los organizadores de las otras dos convocatorias no han podido ser localizados.

Una de las convocantes que fue citada a declarar ante la Guardia Civil es Teresa Rodríguez Celador de Alternativa Sindical de Trabajadores (AST). Tenían previstas manifestaciones los días 13 y 20 de marzo y el informe de la Guarda Civil recoge que fueron canceladas por la convocante “por razones sanitarias” el día 12. “A este respecto cabe destacar como con carácter previo a la mencionada cancelación se produjo una llamada telefónica a la convocante por parte de un funcionario de la delegación cuyo nombre pudiera ser José Luis para preguntar si finalmente se iban a celebrar, no llegando a efectuar ninguna recomendación al respecto sobre su suspensión”. Rodríguez Celador, en conversación con EL PAÍS, señala que cuando le llamaron de la delegación ellos ya habían tomado la decisión de desconvocarlas. “A nosotros desde luego no se nos obligó. Ya lo habíamos decidido y cuando nos llamaron para preguntar si seguían adelante las manifestaciones les dijimos que no, que las habíamos desconvocado, y ahí acabó la conversación”, señala la mujer, que recuerda la extrañeza que le causó la llamada de la Guardia Civil pidiéndole que acudiera a declarar. “Les dije que no me podían citar así por teléfono, llamándome desde un número particular. Me resultó tan extraño que llamé a la Policía por si me habían engañado”, cuenta. Al día siguiente, recibió una citación oficial en el sindicato y otra en su casa.

También rechaza haber recibido presiones Diana Chnaiker, presidenta de una asociación que acusa a la Comunidad de Madrid de discriminarles al otorgar ayudas para vivienda. Habían convocado concentraciones para los días 5, 12 y 19 de marzo, pero solo se celebró la primera de ellas. En su declaración ante la Guarda Civil, Chnaiker explicó que la del 12 no se celebró porque tenían previsto hacerla ante la Asamblea de Madrid pero esta desconvocó el pleno, por lo que ellos cancelaron la protesta. “A mí no me presionó nadie. Cancelamos el acto por nuestra cuenta porque creíamos que era ridículo manifestarse delante de un edificio vacío”, afirma la mujer.

Chnaiker sí recibió una llamada el martes 17, ya durante el estado de alarma, en la que un funcionario de la Delegación del Gobierno le insistió en que debía enviar un correo suspendiendo su protesta para el jueves 19. “Necesitas notificarlo por correo electrónico”, le dijo ese funcionario. Chanaiker admite que la llamada la dejó confundida porque daba por hecho que, tras decretarse el estado de alarma, no se podía celebrar la concentración. “Lo vi absurdo porque si estás confinado no puedes salir de casa”, explica la activista que, con todo, hizo lo que le pidieron y notificó la suspensión. El informe de los investigadores sostiene, sin embargo, que “el motivo de la cancelación” de la protesta del día 19 fue esa llamada recibida dos días antes.

El documento recoge también el caso de Claudiu Traian Covaciu, de la organización Solimundo, que había convocado dos manifestaciones, el 14 y el 15 de marzo. La primera se celebró en Arganda del Rey (Madrid) con “unas 12 personas”, explica Traian. La del 15, que iba a ser frente a la Embajada de Rumanía, ya en pleno estado de alarma, fue desconvocada. “Me llamaron de la Delegación de Gobierno para preguntarme si iba a seguir con la manifestación y les dije que no, entonces ellos ya aseguraron que con el problema del coronavirus era mejor suspenderla”. El informe de la Guardia Civil señala: “Las motivaciones para llevar a cabo la mencionada cancelación se relacionan con la llamada telefónica dimanante de la Delegación de Gobierno (...) en la cual una mujer que se identifica como funcionaria de la DG le “interroga sobre si va a celebrar la manifestación prevista a pesar de la situación existente con el coronavirus”, siendo la respuesta del convocante negativa”.

Jesús Manrique Gómez había solicitado a la Delegación de Gobierno la celebración de una manifestación el 14 de marzo en nombre de los 400 inquilinos afectados por la venta de 14 bloques de viviendas propiedad de Fusara, una fundación tutelada por la Iglesia. Tres o cuatro días antes de la fecha, Manrique recibió una llamada de la Delegación de Gobierno. “El hombre lo dejó claro, que no llamaba para que canceláramos, solo para ver qué íbamos a hacer”, explica Manrique. “Así se lo dije a la Guardia Civil, que en ningún caso me llamaron para obligarnos a cancelar, sino para saber únicamente cuál era nuestra idea”. La decisión ya estaba tomada, los propios convocantes habían decidido suspenderla días antes. Manrique compareció ante la guardia civil el 7 de mayo en la comandancia de Tres Cantos. El informe recoge que la manifestación fue cancelada por el convocante e insinúa, como en otros casos, que la Delegación del Gobierno ha ocultado deliberadamente la llamada: no consta, señala el texto, “ningún tipo de referencia a la llamada telefónica efectuada”.

Pedro Gallego, representante en Alcorcón de una organización de pensionistas en Madrid, se concentró el 9 de marzo en la Puerta del Sol con sus compañeros como cada lunes. Dos días después tenían previsto reunirse fuera de las Cortes, como hacen el segundo miércoles de cada mes. Pero no llegaron a hacerlo. Un día antes, ya habían decidido cancelar esta concentración por la situación sanitaria. Horas más tarde, los pensionistas decidieron desconvocar otras dos: el 15 y el 16 de marzo. Este relato de los hechos, que cuenta Gallego al otro lado del teléfono, contrasta con los que aparecen en el informe de la Guardia Civil.

Según el documento, el jueves 12 Gallego recibió una llamada de la Delegación del Gobierno para desconvocar las movilizaciones. Algo que, recuerda, “ya se había hecho”. “Pero faltaba enviar la notificación”, explica. La Guardia Civil asegura que una mujer le pidió reiteradamente que tenía que ser él quien notificase la cancelación. Gallego cuenta, sin embargo, que al recibir la llamada, fue tratado amablemente y que la conversación fue mucho más informal: “Me explicó que se iba a declarar el estado de alarma. No la dejé terminar porque le dije que ya estaban desconvocadas las concentraciones”.

Cuando Gallego colgó el teléfono, contactó con Francisco Domingo de la Concepción, coordinador de la plataforma de pensionistas en San Sebastián de los Reyes, para avisarlo de la situación. Según reza en el informe, De la Concepción desconvocó una concentración para el día 16 tras haber charlado con su compañero, pero nunca llegó a recibir una llamada de la delegación. El pensionista confirma al teléfono : “Me dijo que teníamos que paralizar las movilizaciones hasta nuevo aviso”. El relato recogido en el informe de los investigadores coincide con el que hace De la Concepción a EL PAÍS. Pero pese a todo, el texto incluye esta concentración como una de las 12 desconvocadas “a instancias” del Gobierno.

También recibió una llamada de la Delegación Moisés Fernández, delegado sindical de CGT en el Corredor del Henares. Fue el “martes o el miércoles” posterior al 8-M y le “invitó a cancelar” dos pequeñas concentraciones para la tarde del viernes 13, una de empleados de Amazon frente a su sede en San Fernando de Henares, y otra en Alcalá de Henares, de trabajadores de una fundación municipal cerrada por el Ayuntamiento. Fernández opina que si hubo alguna negligencia de la Delegación del Gobierno no fue por doble rasero, sino más bien por su permisividad, algo que le sorprendió. “Nunca me dijeron no puedes hacerlo”, valora. “Quizás deberían habernos dado orden de cancelación. No teníamos ningún caso de trabajadores enfermos aún pero la gente ya empezaba a estar nerviosa”. Tras la llamada, Fernández envió un correo para informar de que habían decidido suspender las dos concentraciones.

Con información de Reyes Rincón, Juan Carlos Espinosa, Inés Santaeulalia y Fernando Peinado


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