El Gobierno busca restaurar la confianza con los agentes sociales y el PNV
El Ejecutivo carga contra el PP y ERC por “desentenderse” de la salud de los ciudadanos
Después de haber provocado una quiebra de confianza con empresarios, sindicatos y el PNV, además de una fuerte zozobra en el PSOE y una discrepancia pública entre ministros, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto como tarea urgente recuperar complicidades. El pacto con EH Bildu para la derogación “íntegra” de la reforma laboral ha causado estragos políticos, a pesar de que el texto se corrigió para suavizar su contenido. Mientras busca la fórmula para acercarse de nuevo al PNV y los agentes sociales, el Gobierno justificó este viernes el polémico pacto con ataques al PP y ERC por no apoyar el estado de alarma.
“Nos hemos sentido muy solos en la defensa de la salud y la seguridad de los españoles”. En tono de gran pesar se presentó este viernes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros. A ella le tocó la misión de dar explicaciones sobre una actuación del Gobierno y del Grupo Socialista incomprensible para casi todos los actores políticos, incluidos sectores del PSOE y de sus presidentes autonómicos. El Gobierno justifica el pacto con la izquierda abertzale porque la prórroga del estado de alarma estaba en peligro. Una situación ante la que el Ejecutivo decidió, la pasada semana, ampliar sus negociaciones a grupos hasta ahora excluidos. Una vez que el PP negó el apoyo y ERC ponía como condición activar de la mesa de negociación política con la Generalitat, el Gobierno y sus grupos parlamentarios se volcaron en Ciudadanos y, en secreto, en EH Bildu, aunque sin dejar hasta el último minuto la negociación con los republicanos catalanes.
El conflicto abierto con distintas fuerzas políticas y agentes sociales por abrir el debate sobre la derogación de la reforma laboral en plena pandemia, así como por negociar con EH Bildu, llevó al Gobierno en las últimas horas a intentar armar un relato justificatorio y a diseñar acciones para limitar los daños. El Ejecutivo quiere disculparse, pero también justificarse endosando la culpa a quienes no colaboran.
La negociación con EH Bildu arrancó hace ya días y no partió precisamente de esta fuerza política el texto que acabó suscribiendo con los grupos parlamentarios socialista y Unidas Podemos, corregido tres horas después ante la tormenta política desatada. María Jesús Montero intentó matizar el anuncio de una derogación “íntegra” de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, con la oposición frontal de los sindicatos y de toda la izquierda. “La reforma laboral de estos momentos es un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”, señaló la ministra, quien agregó que la modificación de ese marco legal debe resultar acorde “al nuevo contexto social y laboral” y será “imprescindible” hacerlo a través del diálogo con los agentes sociales.
En la parte socialista del Gobierno admiten que no es ahora, en plena pandemia, el momento para abordar ese cambio. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, tampoco estaba centrada en esa reforma, sino en la tarea urgente de enfrentar las calamitosas consecuencias laborales de la crisis sanitaria. Solo el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha defendido tal cual el acuerdo con EH Bildu, en su compromiso de una derogación “íntegra” e inmediata, al contrario de lo expresado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, del área socialista, la principal artífice de la rectificación.
Estupor de los barones
El estupor reina también entre algunos presidentes autonómicos socialistas, pero la mayoría ha preferido esperar y ver qué ocurre. La excepción ha sido el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que deploró públicamente los acuerdos con Bildu. “Los que han hecho de su actitud política un desprecio permanente a la vida no son válidos para hablar de salvar vidas, no lo serán nunca, conviviremos todos, pero no se puede admitir la extorsión política”, declaró este viernes en un acto en Cuenca, donde expresó también su apoyo absoluto a Calviño. A pesar de este rechazo de Page, la portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, escribió en su cuenta de Twitter una pregunta dirigida a él y a Sánchez, debajo de una foto de un grupo de etarras con las caras cubiertas con pañuelos blancos: “¿Estarán pensando García-Page y Pedro Sánchez mandarnos estas mascarillas?”.
El presidente castellano-manchego señaló que ahora no hay otro camino que reconstruir el diálogo social con empresarios y sindicatos. Y la portavoz del Gobierno también aludió a ellos insistentemente en su comparecencia tras el Consejo de Ministros junto al titular de Sanidad, Salvador Illa. Este tenía previsto anunciar por la tarde el avance en las fases de la desescalada por territorios, pero salió a mediodía con su compañera. De ese modo, la conferencia de prensa no estuvo monopolizada por el acuerdo —y posterior rectificación— con EH Bildu y por las discrepancias dentro del Gobierno.
Justificación y culpas
Montero se justificó diciendo que el Gobierno se ha sentido abandonado por el PP en un momento especialmente grave y también criticó a fuerzas que hasta ahora lo apoyaban, como ERC y Compromís, por incluir en la negociación “temas que nada tienen que ver con la pandemia y la salud de los ciudadanos”. Fue por eso, argumentó, por lo que el Gobierno decidió acercarse a la izquierda abertzale.
Los guiños de Montero a empresarios y sindicatos fueron constantes. El jueves, después del terremoto de la firma con Bildu, Sánchez llamó al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y a los líderes de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente. El mensaje del Gobierno fue nítido. Todas las leyes laborales se discutirán en el marco del diálogo social, prometió la portavoz, antes de deshacerse en elogios al presidente de la patronal: “Antonio Garamendi es un patriota, pero de los de verdad, que le interesa su país, además de defender los intereses empresariales”.
El otro destinatario fue el PNV, a quien ha incomodado la baza concedida por el Gobierno a la izquierda abertzale en vísperas de las elecciones vascas. “Seguimos teniendo un acuerdo estable con el PNV, con el que trabajamos diariamente”, enfatizó la ministra. Sobre las discrepancias entre los socios del Gabinete, Montero admitió que en su seno hay distintas sensibilidades, "pero en lo fundamental todos vamos a una”. “Somos un Gobierno cohesionado, fuerte y unido”, sostuvo.
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