EL FIN DE ETA

Interior acerca a un preso de ETA condenado por tres asesinatos

El Gobierno anuncia el traslado del integrante del comando Madrid Álvaro Arri y el de una segunda terrorista. También da la semilibertad a un recluso de la banda gravemente enfermo

El preso de ETA Álvaro Arri Pascual, 'Munipa', cuando fue entregado a España por Francia en abril de 2003.

EUROPA PRESS
11/05/2020
El preso de ETA Álvaro Arri Pascual, 'Munipa', cuando fue entregado a España por Francia en abril de 2003. EUROPA PRESS 11/05/2020 / Europa Press

El Ministerio del Interior ha anunciado este lunes el próximo traslado a cárceles próximas al País Vasco de dos presos de ETA, así como la concesión del tercer grado o semilibertad por motivos humanitarios de un tercero. Los dos reclusos de la organización terrorista que serán acercados a propuesta de las juntas de tratamiento de las prisiones son Josune Oña Ispuzúa y Álvaro Juan Arri Pascual, alias Munipa. Este último cumple una condena de 208 años por participar en el atentado cometido el 29 de julio de 1994 en la Plaza Ramales de Madrid en el que murieron tres personas. El traslado de ambos no se harán efectivo hasta que terminen las medidas de aislamiento impuestas a las cárceles a mediados de marzo por el departamento del Fernando Grande-Marlaska para minimizar el riesgo de expansión del coronavirus. Entre estas medidas está, precisamente, la suspensión de las llamadas conducciones, los traslados de presos entre cárceles que hace la Guardia Civil.

El terrorista acercado, que ya cumplía su condena en un residencia sanitaria bajo control de una pulsera telemática, es José Ramón Foruria Zubialdea, al que se le ha concedido el régimen abierto en aplicación del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, que contempla esta posibilidad para los internos “enfermos muy graves con padecimientos incurables” a los que su situación impide ya delinquir. Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió flexibilizar la política penitenciaria de los presos etarras tras la disolución en mayo de 2018 de la banda, ya han sido acercados 32 reclusos de la organización terrorista, además de a otros dos de los GRAPO. A otros siete les ha concedido la semilibertad. Los tres últimos habían sido el pasado 30 de abril.

De los tres beneficiados este lunes, el que tiene un historial terrorista más abultado es Álvaro Arri Pascual, expolicía municipal en Erandio (Bizkaia), al que se vinculó con la estructura de apoyo del comando Vizcaya y que se integró a mediados de los años 90 en el comando Madrid. Arri estaba hasta ahora recluido en la cárcel de Castellón II y será trasladado a la de Burgos. El etarra ingresó en prisión en abril de 2003 tras ser entregado por las autoridades francesas tras ser detenido en el país vecino en noviembre de 1995 y cumplir condena allí. En España, cumple un máximo de 30 años por asesinatos, delitos de estragos y atentados, entre ellos, la colocación en el centro de Madrid del coche bomba que costó la vida al teniente general Francisco Veguillas, el conductor de su vehículo y un trabajador.

La junta de tratamiento de la cárcel de Castellón II ―órgano interno de las cárceles formados por profesionales penitenciarios que estudia la situación penitenciaria de los reclusos― ha tenido en cuenta para proponer el traslado de Arri a un “centro próximo a su vinculación familiar” el hecho de que en junio de 2018 hubiera cumplido ya tres cuartas partes de la condena y que haya aceptado la legalidad penitenciaria. Esto se ha producido al solicitar el etarra su progresión desde el primer grado ―el más duro― en el que fue clasificado al ingresar en prisión al segundo o régimen ordinario, medida que la prisión también respalda. El segundo grado le permitirá pedir permisos de salida. La aplicación de la medida a que fuera miembro del comando Madrid ha provocado críticas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ha vuelto a exigir a Interior que solo se puedan acceder a beneficios penitenciarios aquellos presos por terrorismo que hayan colaborado con la Justicia y hagan “autocrítica”.

Por su parte, Josune Oña, recluida en la prisión de Fontcalent (Alicante), será trasladada a la de Logroño. Encarcelada tras ser detenida a finales de julio de 2004 cuando intentaba reconstruir el comando Vizcaya, Oña tiene una condena de 25 años por los delitos de colaboración con banda armada, atentado, falsificación de documento público y tenencia ilícita de armas. En su caso, la junta de tratamiento de su prisión también ha tenido en cuenta también que ha aceptado la legalidad penitenciaria, por lo que propone, además del traslado, que sea progresada al segundo grado penitenciario. En su caso, cumplirá las tres cuartas partes de la pena en abril de 2023.

José Ramón Foruria, el preso etarra al que se le ha concedido ahora el tercer grado o semilibertad “por razones humanitarias y de dignidad personal”, ingresó en prisión el 26 de septiembre de 2003 tras ser entregado por las autoridades de Venezuela, donde se había refugiado en 1984. Dos años después de su entrega, la Audiencia Nacional le condenó a 40 años de cárcel por haber facilitado información a los miembros del comando Eibar de ETA que en 1980 asesinaron a cuatro guardias civiles en un bar de la localidad de Markina (Vizcaya). Gravemente enfermo, dependía de la prisión de Basauri (Bizkaia), aunque estaba en régimen de prisión atenuada desde 2011, por lo que cumplía la pena en una residencia sanitaria bajo control de una pulsera de control telemático. Cumplirá las tres cuartas partes de su condena en noviembre de 2024.

Con estas tres progresiones de grado, Interior confirma la apuesta del Gobierno por flexibilizar la política penitenciaria con los presos de ETA. Lo que hasta ahora rechaza el ejecutivo es acercar a todos los presos etarras en bloque, independientemente de sus condenas y de que hayan renegado o no de la banda armada, como ha pedido públicamente el Gobierno vasco, que encabeza Iñigo Urkullu (PNV). Este anunció el pasado enero un plan para acercar en bloque a las tres cárceles del País Vasco y las cuatro más cercanas a los 200 presos que aún no están en ellas con el argumento de que ello facilitaría su reinserción. Sin embargo, el Gobierno ha insistido siempre en que los acercamientos seguirán siendo individualizados y siempre después de que los presos hayan dado pasos del reconocimiento del daño causado o de la legalidad penitenciaria.

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