Casado comunica a Sánchez que no apoya una nueva prórroga del estado de alarma: “No tiene ningún sentido”
El líder del PP acusa al presidente de “chantajear” a los españoles al vincular los ERTE a las medidas del confinamiento
El líder del PP ha comunicado este lunes al presidente del Gobierno en una conversación telefónica que no apoya una nueva prórroga del estado de alarma. Prorrogarlo "más allá de 60 días no tiene sentido”, había asegurado Pablo Casado unas horas antes en una entrevista en Onda cero. El líder del PP no ha aclarado qué votará su formación en el pleno del Congreso donde se debatirá la medida, pero ha sugerido que se abstendrá. “A día de hoy, con la información que tenemos, no podemos apoyar esa prórroga”, ha dicho a reiteradas preguntas sobre el asunto. "Lo que escuché el sábado ―en alusión a la rueda de prensa del presidente del Gobierno informando de su intención de pedir una nueva prórroga― fue un chantaje a cuatro millones de españoles que están sin trabajar. El Gobierno toma a los españoles como rehenes y no lo vamos a tolerar. Es inmoral”, ha añadido. El presidente de los populares se refería a que el Estado subvenciona los ERTE mientras esté vigente el estado de alarma. La conversación con el presidente ha durado cerca de una hora. Desde que estalló la crisis del coronavirus, ambos han hablado en contadas ocasiones y el Gobierno llegó a anunciar una reunión con Casado antes de comunicárselo a él mismo, según denunció el PP.
Casado se quejó, en todo caso, de que en las primeras salidas de la población por franjas horarias durante el inicio de la desescalada no todos han respetado la distancia de seguridad. El líder del PP cree que es posible mantener el mando único y las medidas de restricción de movimientos sin necesidad de recurrir a la figura del estado de alarma. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tampoco apoya el estado de alarma, pero precisamente por lo contrario, al entender que debe diluirse ya el mando único. El presidente de los populares considera, además, que el Gobierno ha “desbordado” los preceptos de esa figura legal y se ha situado, por tanto, fuera de la Constitución. “Sánchez debe ir adaptando la legislación en vigor, tanto la ley de salud pública, como la ley de protección civil y la de seguridad nacional para que el mando único sanitario y las limitaciones de movilidad entre provincias se puedan hacer sin limitar los derechos fundamentales de un estado de alarma", ha añadido. El confinamiento ha permitido evitar el colapso de las UCI. El número de fallecidos diarios por la epidemia, que el 2 de abril alcanzó los 950, se situó este lunes en 164.
Una abstención del PP no impediría, en todo caso, prorrogar el estado de alarma. El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, ha declarado que “si ha de haber un estado de alarma” debe incorporarse “un mecanismo de pacto con las comunidades autónomas”. Sánchez explicó que la desescalada será asimétrica, según el impacto de la epidemia en cada territorio, y cada comunidad podrá plantear al Gobierno central la posibilidad de pasar de una fase a otra con una semana de antelación si se cumplen unos parámetros. Vox, que cuenta con 52 diputados en el Congreso, ya votó en contra en la anterior prórroga y ahora considera “un toque de queda” el hecho de que las franjas para pasear terminen a las 23 horas. Ciudadanos tampoco ha revelado el sentido de su voto, aunque asegura que será “responsable” y no dejará a los españoles “sin protección”. Arrimadas reclama al presidente del Gobierno un plan para levantar a medio plazo el estado de alarma. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha dirigido especialmente al PP, por gobernar en cinco comunidades autónomas, y le ha pedido “responsabilidad”. “Esa actitud de no apoyar la prórroga nos puede llevar al caos sanitario y económico”, ha dicho.
“Deseando que se le deje de apoyar"
El líder de la oposición ha llegado a sugerir que el Gobierno no hace suficientes test porque no quiere conocer el número de contagios y que Sánchez “está deseando que se le deje de apoyar”. Casado ha acusado al presidente del Ejecutivo de utilizar el estado de alarma “para modificar el CNI, la ley educativa, impulsar la ley de la eutanasia y modificar los plazos de instrucción judicial”. El Gobierno utilizó el real decreto del estado de alarma para blindar la presencia de Pablo Iglesias en la comisión que controla los servicios secretos. En cuanto a la modificación de los plazos de instrucción, Casado se refería al decreto para evitar el colapso de los tribunales por la epidemia que el ministro de Justicia negoció con los consejeros autonómicos –también los del PP, que propusieron, por ejemplo, habilitar el mes de agosto– hasta que el líder de los populares lo rechazó. El Parlamento de Andalucía, donde el PP y Ciudadanos gobiernan con el apoyo de Vox, aprobó el pasado 2 de abril un decreto-ley que modificaba de una tacada 27 leyes por la vía de urgencia. El Gobierno central lo recurrirá.
Casado se opone al plan de desescalada del Gobierno. “Sánchez ha dicho que no tiene plan b –el presidente se refería a que, de momento, no contempla otra opción que prorrogar el estado de alarma– y eso es un insulto a quienes le pagamos el sueldo”, ha dicho el líder del PP. “El 9 de marzo salí a decirle que esto se le estaba yendo de las manos porque tenía presidentes autonómicos que querían cerrar colegios y le presenté un plan de choque económico, que es verdad que ha caducado por lo que ha ido pasando. El plan b son los test masivos, la protección garantizada a todos los trabajadores, que puedan salir a la calle, y medidas inmediatas en materia social y económica”. El primer Gobierno que pidió cerrar los colegios fue el vasco, y después lo hizo el de Madrid. Al día siguiente de la fecha en la que, según Casado, sus presidentes autonómicos exigían medidas más duras, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, declaró que no veía necesario ni suspender las clases ni las vacaciones ni actos por la Semana Santa.
Casado insiste en bajar impuestos de forma masiva y aprobar una paga extra para el personal sanitario, sin embargo, no ha presentado una memoria económica para aclarar de dónde sacaría ese dinero en un momento en el que el gasto público se ha disparado para hacer frente a la epidemia. “Prefiero que una empresa me deje de pagar seis meses a que cierre. Y luego están las ayudas europeas”, ha dicho. El líder de la oposición sostiene que el Ejecutivo de coalición pretende llevar a cabo un “cambio de régimen” económico y advierte en sus intervenciones de la posibilidad de “acabar como Grecia, con los jubilados pudiendo sacar solo 20 euros del cajero". “Pablo Iglesias”, suele decir, “es el Varoufakis [exministro de finanzas griego] del Gobierno”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también descarta buscar acuerdos con el PSOE para afrontar los efectos de la epidemia. “Yo no pacto con el desastre. Lo que Madrid necesita es la dirección contraria”. En el PP, aupado por algunas encuestas, toma cuerpo la idea de que la gestión del coronavirus hará caer al Gobierno y Casado se ha volcado en una especie de precampaña electoral con múltiples actos públicos –y fotos– pese al confinamiento.
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