Un error estadístico de 65.758 sanciones y 404 detenidos

El Ministerio del Interior ha reducido de 805.875 a 740.117 el número de propuestas para sancionar a ciudadanos por burlar el confinamiento tras detectar “disfuncionalidades” en los recuentos realizados en varias provincias, principalmente Zaragoza y Ciudad Real. El error estadístico también afecta a la cifra de detenidos por no respetar el estado de alarma, que ha pasado de 7.183 a 6.779 según reconoció el departamento de Fernando Grande-Marlaska en una nota. El recorte supone 65.758 sanciones y 404 arrestados menos de los que arrojaban las estadísticas oficiales en la medianoche del pasado martes.

El error ha sido detectado al revisar la estadística que recoge las denuncias y detenciones realizadas por la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas y las policías locales en cada uno de los territorios, y comprobar que los ficheros que a diario remitían desde Zaragoza y Ciudad Real habían ido incrementando sus cifras de manera continua. El motivo: las fichas de ambas provincias estaban mal cumplimentadas y reflejaban el acumulado de infracciones desde que se decretó el inicio del estado de alarma el pasado 14 de marzo y no los datos de los últimos días.

La corrección se produce después de que varios partidos cuestionaran, durante la comisión de Interior celebrada la semana pasada en el Congreso, tanto la decisión de Grande-Marlaska de aplicar la ley de Seguridad Ciudadana ―conocida como ley mordaza― para multar a los infractores del confinamiento como el elevado volumen de propuestas de sanción. El ministro restó entonces importancia a las cifras —“Si se dividen por días y provincias, no son tantas”— y recalcó que “no todas” tenían que acabar en multa. Pese a la corrección, el número de denuncias se acerca al total de sanciones impuestas entre 2015 y 2018 por la ley mordaza, cuando sumaron 765.416, según el Portal Estadístico de Criminalidad de Interior.

Tanto el volumen como la decisión de sancionar a todo aquel que se encuentre en la calle sin motivo —frente al criterio de la Abogacía del Estado, que considera que solo se puede actuar contras quienes persistan en su actitud tras una advertencia personal de los agentes—, han generado críticas y dudas de algunos juristas, ONG, el Defensor del Pueblo y partidos políticos. Grande-Marlaska defendió en su comparecencia en el Congreso la posición de su departamento. “Si el agente ve a alguien en una barbacoa, díganme, ¿qué le dice?”, espetó a los diputados que cuestionaban su política de mano dura.

Fe de errores

En la primera versión de este texto se afirmaba que el descenso en el número de personas detenidas tras la corrección estadística del Ministerio del Interior había sido de 531 personas cuando en realidad fue de 404.

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