El Gobierno trata de rebajar la presión social con su plan de desescalada

Hasta hace muy pocos días, el Gobierno insistía en que el plan de desescalada se estaba trabajando “a medio plazo”. No era algo inminente. Sin embargo, el sábado, Pedro Sánchez anunció que lo presentará este martes. El equipo, liderado por la vicepresidenta Teresa Ribera, que llevaba semanas trabajando en este plan, ha acelerado todo, según fuentes del Ejecutivo, porque varios países estaban ya presentando los suyos y sobre todo para evitar la idea que se estaba extendiendo de que el Gobierno no tenía un proyecto. En la noche del lunes se ultimaba para tratarlo en el Consejo de Ministros en medio del habitual secretismo de La Moncloa. De hecho, en las reuniones con los consejeros autonómicos de Sanidad, estos expresaron su malestar porque no les dieron ningún detalle y les convocaron a otro encuentro este martes, cuando Sánchez ya haya presentado el plan.

Todo se ha precipitado políticamente desde el anuncio de la salida de los niños. El equipo de Sánchez cree que ahora hay que darle a los ciudadanos “un horizonte, un camino”, aun con mucha prudencia, para que todo el mundo sepa dónde estamos. Las últimas cifras, pese a que siguen siendo dramáticas, han alentado este acelerón del Ejecutivo, con el que trata también de rebajar la fuerte presión que está sufriendo tanto de la oposición como de algunas comunidades autónomas.

Durante un mes, cuatro ministros —Ribera, Salvador Illa (Sanidad), Arancha González Laya (Exteriores) y José Luis Escrivá (Seguridad Social)— han trabajado con otros altos cargos, en especial con Félix Bolaños, secretario general de Presidencia, y Manuel Muñiz, secretario de Estado de España Global, en reuniones telemáticas y presenciales, en la última etapa cada dos días. También han consultado con un gran grupo de expertos de todas las áreas.

En un principio iba a estar listo en mayo, se trabajaba con ese horizonte porque la desescalada no parecía inminente y el Ejecutivo no quería dar ninguna señal de relajamiento. De hecho, el grupo ha trabajado con un enorme secretismo, sin contar hasta este lunes, siquiera quién les asesoraba. Tanto que el PP ha llegado a presentar una pregunta parlamentaria específica y Ribera tendrá que contestar el miércoles en el Congreso sobre este asunto. Pero todo se ha adelantado en línea con la presentación de planes de otros países, muy especialmente Italia, que tiene un recorrido paralelo al de España en la crisis. Ese secretismo, admiten fuentes del Ejecutivo, también había provocado que se instalara la sensación de que España era uno de los pocos grandes países de Europa sin un plan de desescalada.

Según fuentes gubernamentales, Ribera iba recabando muchísima información y documentación de expertos, así como experiencias de otros países, pero no acababa de rematar las propuestas, a la espera de tener algo más preciso con fechas exactas. El trabajo se retrasaba así mientras llegaban nuevos datos. Pero a la vista de que en otros países se están presentando planes no tan específicos y con fechas abiertas a modificaciones, Sánchez decidió finalmente precipitar los trabajos y presentarlo este martes aunque sea sin todos los pormenores. Y esa orden política decidió todo. Ribera y su equipo han elaborado así un documento que es una síntesis menos concreta de todo lo que se ha trabajado internamente, que son decenas de documentos.

Los cuatro ministros, elegidos como una forma también de repartir el trabajo —otros están ocupados de las gestiones diarias de la crisis—, han trabajado en grupos concéntricos con más miembros del Gobierno que no estaban en ese comité, pero tienen conocimientos en temas específicos —reapertura del comercio y de las terrazas, planes para el turismo o acceso controlado a las playas, por ejemplo— para concluir después en las reuniones del núcleo duro. Cada detalle se ha estudiado mucho, aunque las conclusiones finales se estaban trabajando ayer con el presidente y se rematarán en el Consejo de Ministros.

Políticamente, el Gobierno confía en que este plan le dé algo de aire tras unas semanas muy duras y con la oposición cada vez más desatada. Ahora la presión principal llega de las comunidades. Algunas, como Cataluña y el País Vasco, quieren ir por libre. Otras, en especial Canarias, con los mejores datos, quiere una reapertura cuanto antes para dar un horizonte a una comunidad totalmente dependiente del turismo, como Baleares y casi toda la costa. “Nuestra obsesión es no dar pasos en falso, nada sería más desmoralizador que tener que volver atrás”, insisten en La Moncloa, preparados para aguantar la presión de sectores económicos y también de las autonomías, pero ahora con un plan que dará algo más de margen político.

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